Es bien sabido que en el mundo del capitalismo avanzado la ecuación «ser = tener» funciona en todas las instancias de la vida. «Son» quienes pueden respaldar con su dinero su condición de personas o su estatus de ciudadanía. Pues bien es sabido que en caso contrario, se te convierte en «ilegal», excluido, marginal… En […]
Es bien sabido que en el mundo del capitalismo avanzado la ecuación «ser = tener» funciona en todas las instancias de la vida. «Son» quienes pueden respaldar con su dinero su condición de personas o su estatus de ciudadanía. Pues bien es sabido que en caso contrario, se te convierte en «ilegal», excluido, marginal…
En el terreno de los espacios públicos y la libertad de expresión, esta ecuación funciona igualmente bien. Quien puede costearse un anuncio en prensa, en radio, en televisión…, quien puede asumir el pago de una valla publicitaria en la ciudad… «compra» su libertad de expresión. No importa la legitimidad de lo que vende ni el discurso que utiliza, la verdad de lo que lanza o la licitud de sus intenciones. Lo que importa es el valor de lo que paga por apropiarse de ese espacio. Si, por el contrario, quien trata de hacer oír su discurso y su voz propia es un colectivo de jóvenes que pretende ocupar dos metros de pared para lanzar su consignas, su conducta se convierte en «falta penal» y es perseguida sin vacilaciones por la justicia y los cuerpos represivos de las distintas instancias del Estado.
Sólo así puede explicarse por qué en la madrugada del miércoles 22 al jueves 23 de febrero (significativa fecha para la «democracia») tres militantes de los Colectivos de Jóvenes Comunistas fueron rodeados por cuatro coches de la policía municipal que los encerraron en una calle en pleno centro de la ciudad y en un despliegue poco menos que de película. Sólo así puede explicarse que a través de sus walkie-talkies, los policías recibieran informaciones de como iba vestido uno de ellos el día anterior… Sólo así se puede entender cómo, en pleno fin de semana de puente, sólo 24 horas después de la identificación, se les convocara a un juicio el lunes 27, en un juzgado de guardia, dando al abogado la tarde de un sábado y un domingo para recoger la documentación y preparar la defensa.
Sólo así, por supuesto, puede entenderse que sean procesados por vía penal y sancionados administrativamente por pintar «Por la III República», con unas hoces y martillos a los lados, en una pared de un banco (al que tienen que indemnizar), en la que hay habitualmente carteles y pegatinas que también incumplen la ley, y frente a una vidriera llena a diario de carteles de macro-discotecas de nuestra ciudad en la que se leen con claridad unos avisos de Sadeco que dicen «Prohibido pegar carteles».
Está claro a quien «protege» la policía de Rosa Aguilar y para quien reserva sus espacios (incluidos los eufemísticamente llamados «espacios de libre expresión» de la ciudad, que sólo por su número reducido ya deberían darle vergüenza). Es claro para quien está pensada la ley y para que funcionan los juicios rápidos. La policía y la justicia defienden al capital y a los bancos. ¿Quién protege a la clase trabajadora?.