La masacre realizada en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó el 21 de febrero, despertó la movilización de la comunidad internacional; el Parlamento Europeo reaccionó expresando su profunda preocupación por la salvaguardia de los Derechos Humanos en Colombia. El jueves 17 de marzo un grupo de Senadores VERDES del Parlamento Italiano organizó […]
La masacre realizada en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó el 21 de febrero, despertó la movilización de la comunidad internacional; el Parlamento Europeo reaccionó expresando su profunda preocupación por la salvaguardia de los Derechos Humanos en Colombia. El jueves 17 de marzo un grupo de Senadores VERDES del Parlamento Italiano organizó en Roma una conferencia de prensa para invocar justicia y verdad. El lunes 21 de marzo la sociedad civil realizó una manifestación frente a la Embajada Colombiana en Roma.
La reacción del Parlamento Europeo
El 11 de marzo desde Estrasburgo 60 miembros de izquierda del Parlamento Europeo (Monica Frassoni – Presidenta del Grupo de los VERDES, Luisa Morgantini – Presidenta de la Comisión Desarrollo, Helena Flautre – Presidenta de la subcomisión Derechos Humanos, Alain Lipiez – Presidente de la Comisión Andina, Francis Wurtz – Presidente del bloque de la Izquierda Unitaria Europea GUE, entre otros) han enviado al Presidente Uribe una carta colectiva para «expresar nuestra profunda preocupación por la masacre que fue realizado en el distrito de San José de Apartado (Urabá) entre el 21 y 22 de febrero. Entre las víctimas estaba Luis Eduardo Guerra, un líder bien conocido de la comunidad de Paz de San José de Apartadó y por lo menos cuatro menores de edad y dos mujeres.
Como ha sido indicado por el Alto Comisionado de la ONU para los refugiados en su declaración reciente que condenaban este masacre, «estos asesinatos son los últimos de una cadena de ataques que, según la comunidad de San José de Apartadó, han dejado 154 de sus miembros muertos desde 1997.
Las comunidades de paz se establecieron a finales de los 90 en Urabá, región del noroeste de Colombia compuesta por gente desplazada por el conflicto y que gradualmente han retornado a sus comunidades. Las comunidades de paz confían en la resistencia y la neutralidad civiles pacíficas. Rechazan la presencia en su territorio de los grupos armados irregulares y del ejército regular. El Sr. Guerra era un fundador de la comunidad de paz de San José de Apartadó y la había representado en negociaciones con el gobierno. Desde su fundación en 1997, UNHCR ha apoyado a San José de Apartadó con varios proyectos. En 1997, la Comisión Interamericana para los derechos humanos solicitó medidas especiales de protección a nombre de la comunidad de paz de San José de Apartadó.
Vemos la iniciativa pacífica de esta comunidad con buenos ojos, y por lo tanto consideramos de extrema urgencia que sean tomadas las medidas inmediatas para clarificar los hechos y los autores de esta masacre – particularmente la participación de las fuerzas del Estado, y actuar para prevenir un desplazamiento masivo en la comunidad. Le estamos escribiendo en el contexto de las comisiones hechas por la Unión Europea en las conclusiones del consejo de la EU de diciembre de 2004 y en la declaración de Londres – ratificado en Cartagena en febrero de 2005, sobre la importancia de garantizar la seguridad de esos individuos, organizaciones o instituciones, incluyendo defensores de los derechos humanos, que trabajan para la promoción y la protección de derechos humanos, y proteger los derechos de minorías indígenas.
Con este fin, preguntaríamos respetuosamente como considera las acciones siguientes:
– Realizar una exhaustiva y imparcial investigación para clarificar los hechos ocurridos, recolectando todos los testimonios para llevarlos a la justicia, y para proporcionar la reparación para los parientes de las víctimas y para la comunidad de Paz.
– Informar a la comunidad internacional sobre las acciones que el gobierno realizará para prevenir una acción similar en el futuro, en el marco del respeto por los principios de la comunidad. Específicamente, cómo pondrá en ejecución la sentencia T 327, emitida por la Corte Constitucional en 2004. Esta medida obliga a la brigada 17ma del ejército a garantizar y proteger los derechos fundamentales de los habitantes de la comunidad de Paz de San José de Apartadó, en acuerdo con las medidas provisionales concedidas por la Corte Interamericana de derechos humanos desde el año 2000.·
– Garantizar a la comunidad de la paz su derecho a tener un proyecto no-violento de la vida permitiendo que permanezcan fuera del conflicto, sin que sufran amenazas o ataques debido a esto, como es indicado por el principio de la distinción observado por la ley International Humanitaria».
El 10 de Marzo de 2005 el grupo de la Izquierda Unitaria Europea – Nueva Izquierda Verde (GUE/NGL) del Parlamento europeo – firmada por el Presidente Francis WURTZ, envío una carta al Presidente Uribe para expresar «su más profunda indignación frente a la masacre que ha sido cometida en Colombia, en San José de Apartado entre el 21 y el 22 de febrero, mediante la cual hombres armados asesinaron y cometieron sevicias contra los civiles Luís Eduardo Guerra, líder muy conocido de la Comunidad de Paz, así como dos mujeres y al menos cuatro niños menores.
Los indicios conocidas hasta el momento, y todos los informes de organismos de derechos humanos independientes señalan la responsabilidad del ejército colombiano en estos hechos atroces.
Luís Eduardo Guerra era un militante activo para la causa de la paz. Había sido invitado al Foro Social de las Américas donde había expuesto el proyecto novedoso de declarar objetora de consciencia toda la Comunidad de Paz de San José.
El grupo GUE/NGL pide a la Unión europea velar porque una investigación imparcial e internacional de estos gravísimos hechos sea realizada y que los autores sean efectivamente sancionados.
Pide asimismo que la Unión europea refuerce su acción a favor del respeto de los derechos humanos fundamentales y para la paz en Colombia, mediante el cumplimiento de los compromisos de la declaración de Londres y de las recomendaciones de Naciones Unidas. Estima que la adopción de un marco legal definido dentro del derecho internacional es indispensable para que el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares sea real, lo contrario incrementaría la impunidad que opera en Colombia».
Reacción del Parlamento Italiano
El pasado jueves 17 de marzo, los Senadores del partido VERDES de Italia, Tana de Zulueta (www.tanadezulueta.it) y Francesco Martone (www.francescomartone.org – integrantes la Comisión Derechos Humanos del Parlamento Italiano) organizaron una conferencia de prensa en Roma – Palacio Madama (sede del Senado de la Republica), para denunciar la masacre de 8 miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y para invocar justicia y verdad. El evento fue organizado en conjunto con la Fundación Internacional «Lelio Basso», con la Red Italiana de solidaridad con las Comunidades colombianas de Paz, Amnistía Internacional, capítulo Italia.
El Senador Martone, presentando el llamado urgente firmado por numerosos senadores de izquierda (Martone, Boco, De Zulueta, De Petris, Zancan, Malabarba, Iovene, Bedin, Bonfietti, entre otros) y dirigido al Gobierno Italiano, ha subrayado que la situación de violencia estructural en Colombia, donde los civiles sufren las brutalidades del ejercito gubernativo, de los paramilitares y de la guerrilla de la FARC, ha golpeado también el «ciudadano italiano Sabino Mobile, secuestrado y asesinado el 2 de marzo por grupos armados de la Autodefensas Unidas de Colombia AUC, formación paramilitar considerada cercana a las fuerzas gobernativas e integrada en la lista de organizaciones terroristas elaborada por el Departamento de Estado de la Casa Blanca».
Se ha recordado el martirio de Luis Eduardo Guerra, líder de la Comunidad de Paz, ejemplo de no violencia y de opción por la neutralidad en el conflicto que había inspirado la formación de otras 12 comunidades en toda Colombia y que había participado en Italia en diferentes manifestaciones como la Marcha de Paz Perugia-Assisi.
En el llamado urgente se evidencia «la responsabilidad de esta masacre, en acuerdo a lo que han verificado los miembros de la comunidad de Paz de San José Apartadó, es de la XVII Brigada del ejercito regular colombiano.(..) El ataque en contra la Comunidad de paz de San José Apartadó se ubica en una precisa estrategia de reducción de los resguardos, territorios parcialmente autónomos que la ley colombiana admite por determinados tipos de comunidad, como por ejemplo los pueblos indígenas».
Por esta razón los senadores Verdes solicitan «presiones internacionales el Gobierno italiano entiende actuar para llevar a un tribunal a los militares de la XVII Brigada».
Michele Ciricillo, representante de la Fundación Internacional «Lelio Basso» ha denunciado que «150 homicidios de miembros de la Comunidad de Paz han sido denunciados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha acordado protección a la Comunidad pero ningún culpable ha sido procesado». El Senador Martone ha adjunto que «la colaboración judiciaria con el gobierno colombiano se refiere también a brigadas de la policía colombiana que se han ensuciado de crímenes contra la humanidad» preguntando porque «la Embajada italiana es la única institución diplomática que no recibe los miembros de la Comunidad de paz».
La senadora De Zulueta, en representación de todos lo participantes ha enfatizado con fuerza las solicitudes al gobierno colombiano: «El Gobierno Uribe tiene que aclarar los asesinatos y que los responsables sean llevados ante la justicia y que se garantize la protección a las comunidades que se declaran neutrales, como fue solicitado por ONU. (..) Tenemos la obligación de ofrecer las condiciones para que las comunidades, como aquella de San José de Apartado, puedan realizar su opción de paz, con el apoyo de diferentes administraciones locales (Alcaldía de Roma y Narni, Gobiernos regionales de Toscana y Umbría, entre otras) y organizaciones no gubernamentales italianas». Respondiendo a una pregunta, la senadora de origen colombiana, no ha excluido la posibilidad de una misión parlamentaria en las Comunidades colombiana de paz: «el valor simbólico de una misión puede tener un fuerte sentido» – ha observado en la conclusión de la conferencia de prensa.
La manifestación del la sociedad civil en Roma
El lunes 21 de marzo, la sociedad civil italiana organizó una manifestación de protesta frente a la embajada de Colombia en Roma. La Red italiana de Solidaridad con las Comunidades colombianas de Paz de Choco y Uruba (integrada por varios gobiernos locales y ONG como, la Fundación Internacional «Lelio Basso», MIR, la Asociación ASUD – www.asud.net) ha entregado al embajador colombiano una carta para expresar su preocupación y su indignación subrayando que «el Ministro de la Defensa Jorge Alberto Uribe, ha declarado que no se puede permitir que en el país existan lugares donde el Estado no puede estar presente con su ejercito, anunciando la inminente militarización de las Comunidades de paz. Frente a esta amenaza las Comunidades reafirman con fuerza su derecho a la neutralidad con relación a cualquier actor armado comunicando que, cuando se realizara la militarización de la área, serán obligados a un nuevo desplazamiento forzado porque la presencia de uno de los actores armado adentro de la Comunidad, les convertiría automáticamente en posibles objetivos militares del grupo armado contrario».
La senadora Verde TANA DE ZULUETA ha declarado que «el gobierno colombiano tiene una obligación, reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de proteger las Comunidades de Paz. Por eso tiene que desarrollarse una investigación independiente que tome en consideración los testimonios de los integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, como fue solicitado por la Oficina del Alto Comisionado ONU para los derechos en Colombia. Solo a través de una investigación de este tipo se puede descubrir la verdad y encontrar justicia para las víctimas».
Francesco Martone (secretario de la Comisión Derechos Humanos al Senado Italiano) ha declarado que «las últimas masacres contra de la Comunidad de San José de Apartadó, y las reacciones políticas a la indignación de la izquierda Europea, solo confirman la estrategia de genocidio social con que el Gobierno Uribe esta actuando en el País. La intensificación de los ataques contra la Sociedad civil, los sindicatos y las comunidades de paz son la consecuencia de la política de guerra total que el Presidente Uribe implementa con el apoyo de Washington. Por eso seguiremos denunciando estas graves violaciones de los derechos humanos, y la impunidad que los hace posibles. Paralelamente presionaremos a la comunidad internacional, a Europa y al Gobierno italiano para que toda forma de cooperación internacional con Colombia no sea relacionada a la política de seguridad nacional y a la doctrina comunitaria del gobierno Uribe».
Carta al Presidente Uribe
El 4 de marzo, la senadora italiana Tana de Zulueta (de origen colombiana) escribió al presidente Uribe donde subraya que «las noticias que nos llegan de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó son desoladoras. Según la denuncia de la Comunidad, LUIS EDUARDO GUERRA, líder de la comunidad y miembro del Consejo Interno, su esposa BELLANIRA AREIZA GUZMAN, su hijo DEINER ANDRES GUERRA de 11 años, ALFONSO BOLIVAR TUBERQUIA GRACIANO miembro del Consejo de Paz de las zona humanitaria de Mulatos, su esposa SANDRA MILENA MUÑOZ POZO, sus hijos SANTIAGO TUBERQUIA MUÑOZ de 2 años y NATALIA ANDREA TUBERQUIA UÑOZ de 6 años,
han sido masacradas por militares de la Brigada 17 en la vereda La Resbalosa, jurisdicción del corregimiento de San José de Apartadó. LUIS EDUARDO GUERRA participó en representación de la Comunidad en la segunda versión del Foro Colombia Vive!, organizado por nuestra Red de Solidaridad en la ciudad de Terni Italia en octubre de 2003. Según un testigo que logró escapar a la masacre, fueron los militares quienes en la vereda Mulatos, detuvieron ilegalmente a Luis Eduardo, su esposa y su hijo de 11 años, los llevaron a la vereda La Resbalosa y allí los asesinaron junto con otra familia campesina. Los cuerpos de las victimas fueron encontrados despedazados en una fosa.
Cientos de campesinos de la Comunidad de Paz y acompañantes de diversas organizaciones nacionales e internacionales, están emprendiendo la marcha hacia la vereda la Resbalosa para recuperar los cuerpos. La masacre ha sido antecedida por bombardeos indiscriminados perpetrados por helicópteros del ejército en las veredas Bellavista, Alto Bonito y Buenos Aires, por amenazas y detenciones arbitrarias contra miembros de la Comunidad de Paz en la cabecera municipal de Apartadó, amenazas, detenciones e interrogatorios en los que, de acuerdo a las denuncias de la Comunidad, sigue estando presente, junto a unidades militares y de policía, el señor Wimar Durán, señalado como reconocido paramilitar.
A usted señor Presidente le pedimos que en ejercicio de sus deberes constitucionales, garantice la realización de una investigación que conduzca a la captura y condena de las personas responsables de tan abominable hecho; vele por la seguridad de todas y cada una de las personas que se desplazan a la vereda La Resbalosa con el ánimo de recuperar los cuerpos de las víctimas; intervenga para que en los operativos militares que se realizan en la zona, se tenga un estricto respeto de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario; intervenga para que no continúen los bombardeos indiscriminados, para que no continúen los atropellos, para que se evite un nuevo desplazamiento forzado de las comunidades campesinas de la zona; le solicitamos comedidamente, tomar las medidas necesarias para contrarrestar en manera eficaz la peligrosa estigmatización de que son víctimas los integrantes de la Comunidad de Paz; le pedimos igualmente que se brinden las condiciones necesarias para la acción de posibles comisiones internacionales que pudieran colaborar en la aclaración objetiva de los hechos antes denunciados. Nuestra organización estará particularmente atenta al desarrollo de sucesivas eventualidades. Estamos seguros que el señor Presidente y las demás autoridades colombianas, no dejarán que este crimen permanezca en la impunidad».
Para no concluir
Las últimas declaraciones de Uribe Vélez del pasado domingo en las que calumnia a la comunidad de Paz de San José de Apartadó, acusándola de tener vínculos con las FARC y de obstruir la justicia, y en donde ordena la militarización de la comunidad, evidencian la complejidad del conflicto colombiano.
El jesuita Javier Giraldo y la ex alcaldesa Gloria Cuartas fueron amenazados tras señalar a militares de la fuerza militar regular como presuntos responsables de la matanza de la comunidad pacifista en resistencia civil de San José de Apartadó.
El Ministro explicó que la masacre pudo ser evitada si el Ejército hubiera tenido acceso para proteger a la población. «La presencia del Ejército en San José de Apartadó no ha sido defensora, ha sido agresora», dijo, por su parte, el sacerdote Javier Giraldo, director del Centro de Investigaciones y Educación Popular CINEP – www.cinep.org.co, uno de los gestores de la creación de la Comunidad de Paz en ese municipio. Giraldo aseguró que desde que se creó la comunidad, en 1997, 165 campesinos han sido asesinados o desaparecidos. De estos crímenes 20 se atribuyen a las Farc y 145 al Ejército y los paramilitares. «Por eso, y porque los militares están agrediendo permanentemente a la población, ellos piden que esos asesinos no vuelvan a pisar su territorio», agregó el sacerdote (fuente: http://www2.elespectador.com/historico/2005-03-08/contenido_MI-617.htm ).
El mismo Padre Javier Giraldo integro la delegación de defensores de derechos humanos de Colombia que el 1 de diciembre 2004 presento frente al Parlamento Europeo – http://www.choike.org/nuevo/informes/2398.html (un seminario organizado por Monica Frassoni – Co-Presidenta del Grupo de los VERDES al Parlamento Europeo – http://www.selvas.org/newsCO0504.html ) en Bruselas el informe «El embrujo continua» (http://www.plataforma-colombiana.org/biblioteca%20pag/embrujo.htm )que documenta las violaciones de los derechos humanos en el segundo año de presidencia Uribe. Entre los panelistas estaba también Hildebrando Velez, profesor universitario y activista del movimiento ambientalista CENSAT (www.censat.org ), representante en Colombia por los Amigos de la Tierra Internacional; el 7 de febrero la sede de CENSAT fue asaltada por un grupo de hombres armados…
El proceso para encontrar justicia en Colombia es todavía largo y complicado…