El jueves, día 26 de julio, se ha conseguido una primera victoria contra los desahucios que se vienen produciendo en Extremadura en las barriadas de viviendas sociales. La Asamblea de Extremadura ha adoptado el acuerdo de reclamar a la Junta la paralización de los desahucios por 33 votos a favor (IU y PSOE) y 31 […]
El jueves, día 26 de julio, se ha conseguido una primera victoria contra los desahucios que se vienen produciendo en Extremadura en las barriadas de viviendas sociales. La Asamblea de Extremadura ha adoptado el acuerdo de reclamar a la Junta la paralización de los desahucios por 33 votos a favor (IU y PSOE) y 31 votos en contra (PP). De este modo, debería ponerse fin a la demencial campaña de desahucios de la Junta de Extremadura, que ha echado a la calle a 32 familias en los dos últimos meses y está tramitando 764 expedientes de desahucios.
Desde el Colectivo La Trastienda hacemos una valoración muy positiva de este acuerdo parlamentario, que debe suponer el final de una aberrante política de desahucios que añade a la pobreza y a la exclusión social, el miedo planificado desde el poder. Utilizar sistemáticamente los juzgados y la policía contra los pobres, en una situación social como la presente, nos parece una intolerable mezquindad. Junto a las Plataformas de Afectados por las Hipotecas de Badajoz y Cáceres, y las Comisiones Vecinales de los barrios, vamos a iniciar una campaña de explicación del acuerdo adoptado en todas las barriadas de viviendas sociales para garantizar su cumplimiento.
Éste es el acuerdo de la Asamblea de Extremadura:
El Pleno de la Asamblea de Extremadura, en sesión celebrada el día 26 de julio de 2012, ha debatido la Propuesta de Impulso ante el Pleno 61/VIII (PDIP-66), formulada, conjuntamente, por el Grupo Parlamentario Socialista (PSOE-Regionalistas) y el Grupo Parlamentario Izquierda Unida (IU-Verdes-SIEx) en escrito con R.E. nº 5.017, aprobándose la siguiente RESOLUCIÓN:
El foco de los desahucios se ha centrado en la actividad de las entidades financieras por el impago de las hipotecas, pero también administración pública como la Junta de Extremadura dispone de un gran parque público de vivienda. Cuando las familias que ocupan estas viviendas, que ya tienen una situación económica comprometida, no pagan por insolvencia sobrevenida como consecuencia de la profunda crisis económica, se ven en riesgo de exclusión social provocado por los desalojos que está llevando a efecto la Junta de Extremadura.
Esta situación injusta y desproporcionada nos obliga, como representantes políticos, a buscar soluciones con carácter de urgencia. Por todo ello, La Asamblea de Extremadura insta a la Junta de Extremadura a:
1. Paralizar todos los lanzamientos de desahucios previstos sobre el parque público de vivienda de titularidad de la Junta de Extremadura y abrir vías de regularización en los casos de sobreendeudamiento de las familias y en aquellos supuestos en los que existan personas dependientes, menores y ancianos dentro de la unidad familiar.
2. Eximir del pago del alquiler a todas aquellas familias en las que todos sus miembros están en paro hasta tanto algún miembro disponga de rentas familiares.
3. Establecer un baremo que tenga en cuenta tanto los salarios percibidos como la precariedad en la contratación. Garantizándose en todo caso que el alquiler de la vivienda social no superará el 10% de los ingresos salariales.
4. Establecer el informe previo de los Servicios Sociales para garantizar que los posibles desahucios no afectan a la población en riesgo de exclusión mencionada en los puntos anteriores (menores, ancianos, dependientes, etc.).
A este acuerdo de la Asamblea, se suma el avance que se ha dado en el Ayuntamiento de Mérida: http://www.hoy.es/v/20120728/
En este enlace del blog podéis encontrar información complementaria sobre este acuerdo y la movilización social contra los desahucios: http://latrastiendademerida.