He oído con interés la intervención del Director de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra, Martín Zabalza, ante la Comisión de Relaciones Ciudadanas del Parlamento Foral, y tengo que reconocer que me ha decepcionado. La razón de esto estriba en que el Plan de trabajo por él expuesto, relativo a la política […]
He oído con interés la intervención del Director de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra, Martín Zabalza, ante la Comisión de Relaciones Ciudadanas del Parlamento Foral, y tengo que reconocer que me ha decepcionado. La razón de esto estriba en que el Plan de trabajo por él expuesto, relativo a la política de su Dirección, presenta en mi opinión importantes niveles de parcialidad, vacíos injustificables y no termina de romper con la política de desmemoria que hemos vivido durante largas décadas.
En su intervención, la deslegitimación de la violencia de ETA y la condena del terrorismo -referido especialmente a esta organización-, así como apoyo social para con sus víctimas, ha aparecido como el principal pilar sobre el que se asentará la política de su Dirección. Nada que objetar, por supuesto, sino todo lo contrario, a abordar estos temas dentro de un plan de trabajo a impulsar por el Gobierno de Navarra, pero también es preciso señalar que lo anterior no puede convertirse en modo alguno en un velo con el que cubrir, total o parcialmente, las importantes y múltiples violaciones de derechos humanos y crímenes de Estado padecidos durante las últimas décadas.
Como ejemplo de lo anterior, Martín Zabalza mencionó en múltiples ocasiones a ETA, sin hacer referencia expresa a ninguna otra organización o institución. Pues bien, ¿acaso no ha existido a estos efectos el GAL, la Falange, los grupos de extrema derecha o los mercenarios a sueldo del ministerio del Interior? Se ha centrado así su intervención, en lo esencial, al marco del terrorismo a ETA y «otras organizaciones terroristas», pero se ha invisibilizado el terrorismo institucional practicado por el Estado y sus distintos gobiernos, del cual, expresamente, no se ha dicho nada en concreto.
No me refiero tan solo a los mensajes dirigidos por Mola en el 36 («Hay que sembrar el terror… eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros»), sino a la continuidad de esta misma política durante las décadas siguientes y que, por poner un ejemplo, fue materializada también en los Sanfermines de 1978, cuando desde la emisora policial un oficial ordenó a la unidad que dirigía: «¡Disparar con todas vuestras energías. No os importe matar!». ¿Acaso aquella intervención policial no fue un crimen de Estado? ¿Acaso no fue puro terror lo vivido en Iruñea aquel 8 de julio?
En el discurso pronunciado ante el Parlamento se subrayó el esfuerzo que pretende hacerse en el terreno de la enseñanza para que en ella se estudie «el fenómeno histórico del terrorismo, especialmente el practicado por ETA». Sin embargo, en ese ámbito se sigue enseñando que la guerra 1936-1939 fue una guerra civil, y no una confrontación derivada de un golpe de estado fascista-militar contra un régimen republicano legítimamente constituido y la obligada respuesta al mismo por parte de una población que defendió la democracia violentada. En el mismo sentido, se sigue ocultando a una dictadura criminal de cuarenta años (exilio, detenciones, torturas, cárcel, trabajo esclavo, robo de bebés, supresión de libertades, impunidad…) que se presenta, sin más, como el «anterior régimen» y a Franco como su «Jefe de Estado», y no como el dictador y genocida que fue. Pues bien: ¿abordarán las «escuelas de memoria por la paz y la convivencia» anunciadas en su discurso la necesaria erradicación de toda esa falsificación histórica presente en los textos y curriculum escolares, o serán aquellas un mero espacio destinado a hablar de ETA, el terrorismo, sus víctimas y poquito más?
Se habló también de impulsar una política de «respeto y defensa activa de los derechos humanos», pero cuando fue interpelado al efecto con el tema de la tortura, el silencio fue la única respuesta. Se optó por mirar para otro lado y silbar de costadillo. Normal. La anterior Dirección de Paz, Convivencia y Derechos Humanos encargó en 2018 un informe sobre «Tortura y malos tratos en la Comunidad Foral de Navarra entre los años 1960-1978», realizado ya por el Instituto Vasco de Criminología, del que aún no se ha dado información alguna. Además, este estudio debía ser la primera parte del objetivo que se fijó en la legislatura pasada de dimensionar también la práctica de la tortura a partir de 1978, porque, tal como se desprende de un estudio similar relativo al período 1960-2014, hecho para el Gobierno Vasco por ese mismo Instituto, esta segunda parte, tal como dice la canción, «es la más interesante».
Una política verdadera de memoria, justicia y derechos humanos debería mostrar por último alguna línea de actuación en relación con la necesidad de modificar algunos marcos normativos vigentes (Ley de Amnistía, Código Penal, Ley de Secretos Oficiales…), tal como le ha sido señalado y reiterado al Estado español por parte de distintas instancias internacionales: Comité contra la Tortura, Comité de Desapariciones Forzadas, Comité de Derechos Humanos y Relatores varios, todos ellos de la ONU, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Amnistía Internacional…. Es preciso por ello derogar y/o reformar aquellas leyes a fin de que, sin excepción alguna, éstas no puedan dar amparo a los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo, porque, mientras esto no se haga, la paz, la convivencia y los derechos humanos que se dicen impulsar, estarán huecas y faltas de verdad, justicia y reparación real.
Termino. En el discurso comentado se señaló que se había mantenido por parte de la Dirección de Paz, Convivencia y Derechos Humanos una interlocución con las «víctimas no reconocidas» (con este eufemismo se pretende desdibujar e invisibilizar la existencia de víctimas policiales y crímenes de Estado), cuando la realidad no es ésta. La relación directa con las distintas asociaciones de memoria histórica y los diferentes colectivos de víctimas, todos ellos con idénticos derechos de cara a su reconocimiento, es una tarea pendiente que es necesaria abordar de inmediato.
El movimiento memorialista y su incansable trabajo es el que, sobre todo, ha logrado abrir las puertas institucionales y sociales cerradas durante décadas al reconocimiento de verdad, justicia y reparación. Pero las puertas abiertas son aún estrechas y no puede permitirse que el paso por ellas presente peajes de ningún tipo. Esperamos por ello que el Plan estratégico de Paz, Convivencia y Derechos Humanos anunciado sea abierto, participado y aborde todas las desmemorias hasta ahora impuestas, sin excepción alguna.
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