La ley del 2007, que incorporó un reconocimiento a todas las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y declaró «ilegítimos» los tribunales franquistas y sus sentencias, fue considerada por el PP «un ataque a la transición». Con la llegada de la derecha a La Moncloa, organizaciones de víctimas del franquismo como La Memoria […]
La ley del 2007, que incorporó un reconocimiento a todas las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y declaró «ilegítimos» los tribunales franquistas y sus sentencias, fue considerada por el PP «un ataque a la transición».
Con la llegada de la derecha a La Moncloa, organizaciones de víctimas del franquismo como La Memoria Viva manifiestan su temor a que un Parlamento con mayoría absoluta de los conservadores retroceda con la legislación aprobada durante el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que incluso había sido criticada por su moderación. ¿Empeñará el Partido Popular la Ley de la Memoria Histórica?; surge la pregunta parafraseando el título del poema de Antonio Machado: «¿Empeñé tu memoria?».
Esta semana asumirá Mariano Rajoy como nuevo jefe del Ejecutivo. Su partido, el PP, adelantó que hará recortes en todo exceptuando las jubilaciones. Desde La Memoria Viva preocupa el porvenir de las subvenciones. «Varias organizaciones nos planteamos prepararnos para lo que se viene. Existe un peligro de regresión, porque la crisis económica es la excusa para que caigan las ayudas que recibimos», afirma Pedro Vicente Romero de Castilla Ramos, presidente de La Memoria Viva, nieto de Wenceslao Romero de Castilla López, asesinado en 1936.
En diciembre de 2007, cuando ya parecía que no iba a salir adelante, el Congreso español aprobó la Ley de la Memoria Histórica impulsada por el Ejecutivo socialista. «Un ataque a la transición», según el PP, que votó en contra. El texto incorporó un reconocimiento a todas las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura; declaró «ilegítimos» los tribunales franquistas y sus sentencias -pero no las anuló como pedían los partidos Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Cataluña- y obligó a los ayuntamientos a retirar los signos franquistas de sus calles. El Estado se comprometió a «ayudar» en la apertura de las fosas comunes, pero en los hechos no se hizo cargo de esa tarea.
«El PP va a amputar la ley», dice Pedro Vicente Romero del otro lado de la línea telefónica y agrega que ya hay muestras de irrespeto por esa norma. «En las zonas de España gobernadas por la derecha no tenemos mapas de las fosas comunes. Está habiendo acciones violentas en distintas localidades. Por ejemplo, en Poyales del Hoyo, un pueblo de la provincia de Ávila, el alcalde del PP decidió sacar los restos de diez víctimas del franquismo de su panteón y fueron a parar a una fosa común, sin nombres ni apellidos. Eso fue un retroceso violento, porque afectó los cuerpos recuperados.»
La semana pasada, medio centenar de activistas de colectivos de víctimas, entre ellos la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo, se concentraron frente al Congreso para reclamar a los nuevos diputados que hagan en el hemiciclo una condena de los crímenes de la dictadura. «Han pasado 36 años desde que murió Franco y yo creo que ya es hora. Ni el Parlamento ni ningún gobierno han condenado nunca la sublevación franquista ni el régimen», dijo Julián Rebollo al diario El País.
La plataforma entregó a todos los grupos parlamentarios y al nuevo presidente del Congreso, el aznarista Jesús Posada, un documento con sus reivindicaciones para la Legislatura. Entre éstas destaca el pedido de creación de una comisión de la verdad y de anulación de las condenas emanadas de Consejos de Guerra; que el gobierno asuma las tareas de localización y exhumación de los fusilados enterrados en cunetas y que instaure un día oficial de la memoria histórica.
El mismo documento incluye una defensa del juez Baltasar Garzón, acusado de prevaricato por abrir una investigación de los crímenes del franquismo. La agrupación ultraderechista Manos Limpias presentó la querella contra el juez. Miguel Bernad, la cara visible de ese grupo, fue condecorado días atrás por la Fundación Nacional Francisco Franco «por sus servicios en defensa de los ideales del movimiento».
Pedro Vicente Romero subraya la contradicción en la Justicia española. «Garzón está sentado en el banquillo por intentar investigar qué pasó con los 113 mil hombres y mujeres desaparecidos. España aplica el principio de justicia universal, por ejemplo, para investigar qué pasó con los desaparecidos españoles durante la dictadura argentina. Pero en el propio país no. Es una aberración.» El juicio contra el afamado juez comenzará el 24 de enero. Las agrupaciones de víctimas planean organizar una gran movilización para ese día.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-183648-2011-12-18.html