Hace ya casi seis años se produjo la detención de un grupo de personas, en su mayoría estudiantes y la expulsión de cinco de ellos de la Universidad de Sevilla. En la actualidad, está próxima la celebración de un juicio en el que hay 24 imputados y en el que la fiscalía pide para ellos […]
Hace ya casi seis años se produjo la detención de un grupo de personas, en su mayoría estudiantes y la expulsión de cinco de ellos de la Universidad de Sevilla. En la actualidad, está próxima la celebración de un juicio en el que hay 24 imputados y en el que la fiscalía pide para ellos cárcel y 150 mil euros de multa. La naturaleza privatizadora de la reforma universitaria planteda por el Gobierno Aznar, que seguía la senda marcada por el llamado Informe Bricall publicado en 2000, ocasionó entonces una amplia respuesta de rechazo dentro y fuera de la universidad.
Los hechos se remontan a 2001. La nueva Ley Orgánica de Universidades (LOU) del Partido Popular está en fase de anteproyecto. Ya el año anterior el llamado Informe Bricall impulsado por la Confederación de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y subvencionado entre otros por El Corte Inglés, Telefónica y el Banco Santander había contribuido a la reconstrucción de parte del movimiento estudiantil en el Estado español como reacción a los nuevos ataques a la Universidad pública que contenía dicho informe.
En la Universidad de Sevilla, en la que los recuerdos de las anteriores luchas estudiantiles se remontaban a veinte años atrás, ocurre el milagro y de una asamblea de una docena de personas contra el Informe Bricall se pasará en pocos meses a un movimiento asambleario, generalizado y absolutamente masivo que fue capaz de parar la rutina lectiva de la Universidad durante aproximadamente tres meses, de llevar a cabo huelgas-encierro de hasta dos semanas seguidas y de reunir un Comité General de Huelga (CGH), órgano donde se coordinaban todos los comités de huelga que se habían conformado en las todas las facultades, de 200 personas con reuniones semanales en las aulas de las facultades ocupadas. Durante estos encierros los estudiantes organizados fuimos capaces no sólo de autogestionar los espacios y la actividad cultural y lectiva de los hasta entonces tristes y funcionales edificios universitarios sino también de construir una estructura de contrapoder que prevaleció a los viejos y podridos órganos de decisión y participación universitarios.
Unos órganos estudiantiles que en su momento fueron la consolidación de las reivindicaciones del movimiento en los 80. Delegaciones de alumnos y representantes de alumnos en Junta de Facultad obligados a ejecutar las decisiones tomadas en asambleas estatutarias y oficiales. Ellos consiguieron que los Estatutos de la Universidad de Sevilla reconociese el derecho a reunirse en asamblea, con corte de clases, espacio y medios para desarrollarlas en cualquier ámbito: clases, facultades y Universidad (Asamblea General), así como a declararse en Asamblea permanente cuando la reivindicación lo mereciera. Con los años, esos derechos plasmados sobre el papel gracias a aquellas luchas se convirtieron en papel mojado: delegaciones que no convocaban asambleas o asambleas muy minoritarias que se convirtieron en una mera excusa para el absentismo más desidioso. Cuando el auge de la movilización nos lo permitió nosotros conseguimos utilizar aquel instrumento para llenarlo de contenido y…de gente, de miles de estudiantes que por primera vez en sus vidas volvían a experimentar aquella vieja inquietud que mueve a la lucha convencida por lo que es justo.
Ingenuos, llegamos a pensar que en aquellos días todo se urdía en nuestras asambleas, entre aquellas paredes que pensamos nuestras. Lo ocupamos casi todo, casi todo pero no el Rectorado. Los rectores, esos híbridos entre políticos profesionales de segunda y grises burócratas, habían desempeñado un importante papel al principio de la lucha. Movidos por intereses corporativos y político partidistas se pronunciaron contrarios al anteproyecto de LOU. El Rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Florencio Lora, llegó a convocar un paro patronal a principios del mes de Noviembre en contra de la propuesta legislativa. Se colocó su ropa más cómoda para encabezar alguna manifestación y poco le faltó para enristrar algún megáfono. Pero ni siquiera la respetable voz de los rectores consiguió para la LOU, eso o más bien se dieron por satisfechos con alguna modificación que no los dejaba en tan mal lugar.
La LOU se aprueba en Diciembre en el Congreso y desde el movimiento se decide pasar a una segunda fase: la desobediencia civil de los claustros universitarios a la Ley. La esperanza: algunas universidades, la de Girona por ejemplo, se declararon en desobediencia. En Sevilla, donde el movimiento seguía fuerte, o eso creíamos los más militantes, decidimos aprovechar las vacaciones navideñas para acampar frente al Ayuntamiento de la ciudad y mantener avivado el fuego de la movilización. Como ejemplo: las recientes acampadas de los obreros de Syntel. Allí trasladamos el cada vez más pequeño espacio que habíamos construido en los encierros. El objetivo: presionar al Rector para que convocara un Claustro extraordinario donde conseguir una declaración desobediente. Después de 49 días de acampada, cuando varios dispositivos de la policía nacional y local nos desalojan a las 4 de la mañana, ellos ya sabían que sólo quedábamos los más comprometidos y que no iban a encontrar demasiada resistencia ni individual ni social.
Dos días después, una reunión que parecía hecha a medida de las circunstancias: una Junta de Gobierno, órgano ejecutivo muy minoritario, que aprobaría la definitiva adaptación de la Universidad a la nueva LOU. Indignados por el desalojo, desesperados por lo que era casi un hecho, los que seguíamos luchando contra la aplicación de aquella Ley decidimos que el Rector no podía abrir y cerrar el grifo de las movilizaciones a su antojo y que si todos habíamos sacrificado cosas en la lucha todos teníamos derecho a participar en la capitulación o en la decisión de si capitular o no, todos…o al menos un órgano más mayoritario y representativo. Pedíamos la convocatoria de una Asamblea de Universidad donde debatir la nueva situación y poder plantear al menos la posibilidad de la desobediencia. Petición en mano nos plantamos en la puerta del Rectorado, donde se convocó la reunión, y nos encontramos con las puertas cerradas, esas puertas nunca están cerradas, y con todo el personal de seguridad de la Universidad impidiéndonos el paso.
Entonces rompimos y traspasamos, no sólo unas puertas muy antiguas, sino también la frontera simbólica y socialmente aceptada que separa la imagen inofensiva que da una trayectoria de acciones simpáticas e imaginativas y que provocaban una sonrisa hasta en nuestros mayores enemigos (habíamos desplegado pancartas desde monumentos simbólicos de la ciudad, habíamos bailado y actuado en la calle, impartido clases en las plazas, habíamos ¡hasta grabado un disco contra la LOU!), de la imagen cien veces condenable de la pura violencia y la sin razón. Todo lo que vino después fue fácilmente asumible y hasta aplaudido no sólo por el ala más reaccionaria de la Universidad y de la sociedad, sino también por los tantos compañeros que se quedaron por el camino cuando no pudieron seguir el ritmo de una vanguardia bien definida y volvieron, poco a poco, sin que a penas nosotros, ingenuos, nos diéramos cuenta, al runrún cotidiano de los exámenes de febrero, al café malo de la facultad y la muerte de espíritu cotidiana de las clases de desidia que volvieron a su sitio en la Universidad, a aquellas aulas que un día, ingenuos, pensamos nuestras.
15 detenidos, 24 imputados y 5, los que habían sido portavoces del CGH, expulsados de la Universidad. Como «irregularidad» destacable cabría mencionar que el Rector aplica para las expulsiones un Reglamento Universitario que data del año 1954. Entre los imputados, un abogado que venía a atender a los detenidos y acabó compartiendo calabozo, un aparcacoches ex-toxicómano que pasó de aparcar en los alrededores de la Universidad a participar de las asambleas y prepararse las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 26 años, un técnico del Ayuntamiento que se nos une durante la Acampada y muchos estudiantes de trayectoria impecable que no se plantearon si quiera la posibilidad de asistir a algún examen aquel 8 de febrero.
Las lecciones fueron muchas pero desgraciadamente no quedó nadie para trasmitirlas a las generaciones nuevas. Nos venció a partes iguales la represión y el cansancio. A las generaciones de nuevos estudiantes les legamos una derrota y una masa crítica bajo mínimos en la Universidad. Esperamos que se anule algún día la condena de Sísifo que tuvo que ocupar todo su tiempo en llevar una roca hasta la cima de una montaña de la que caía irremediablemente por su peso justo antes de tocarla (utilizando el símil de Carlos Sevilla en «Surfeando con Sísifo») y el movimiento estudiantil que venga pueda mantener sin romperse el hilo histórico no sólo de las luchas sino también de la solidaridad con los que fueron castigados por defender lo justo.
La Red de apoyo a los estudiantes antiLOU de la Universidad de Sevilla están haciendo una campaña de solidaridad que va desde recabar apoyo político, denunciar la represión y por supuesto colectar fondos para «que la lucha no cueste tan cara». Se puede contactar con ellos en: [email protected]