La jubilación, al igual que la Educación, la Salud, la Vivienda Social y el medio ambiente, constituyen bienes públicos. Pertenecen a una matriz civilizatoria que con el tiempo se enriquece y agrega otros elementos. Eso se adelanta de manera vertiginosa a los resultados que ofrece el sistema capitalista que no sólo está al debe sino […]
La jubilación, al igual que la Educación, la Salud, la Vivienda Social y el medio ambiente, constituyen bienes públicos. Pertenecen a una matriz civilizatoria que con el tiempo se enriquece y agrega otros elementos. Eso se adelanta de manera vertiginosa a los resultados que ofrece el sistema capitalista que no sólo está al debe sino que además ha sumido a la humanidad en la crisis de la deuda. El sistema capitalista nunca ha pagado los bienes públicos a los trabajadores que sí los pagan y por lo cual para el capitalista resultan una ganancia neta y clara. Es lo que los economistas llaman externalidades. Sólo ahora la humanidad comienza a tener conciencia de esta realidad que abarca más allá de la plusvalía científicamente estudiada por Marx y que hoy se integra dentro de la realidad global del capitalismo financiero de la segunda mitad del siglo XX y lo que va corrido del siglo XXI. Imbuido de estos principios de bien público someto a los lectores de Fortin Mapocho.com la siguiente reflexión sobre las pensiones.
1° Concepto de base: en Chile existe el sistema de capitalización, es decir el monto total a recibir desde el momento que el trabajador se jubile no puede superar el valor cotizado calculado según la rentabilidad ganada por este ahorro forzoso. Si en términos globales la esperanza de vida sube será necesario recalcular las cotizaciones o bien prolongar el período de vida activa del trabajador. Actualmente las personas a la edad de jubilarse viven 30% más que cuando se creó el sistema, lo cual implica que la capitalización reunida durante la vida de trabajo activa, representada por el conjunto de cotizaciones, no será suficiente para cubrir el lapso que resta según la esperanza de vida. Por la precariedad del mercado laboral existe un grupo importante de trabajadores que no logrará reunir las 240 cotizaciones exigidas para tener derecho a la garantía estatal. Cálculos actuariales que tienen en cuenta la esperanza de vida de la población y los fondos acumulados, pronostican a esta fecha que el sistema hará crisis a comienzos de los años 20 con lo cual el Estado deberá hacerse cargo de las compensaciones a jubilaciones absolutamente insuficientes. Si antes no se han hecho modificaciones sustanciales al sistema de capitalización será el momento de asumir el fracaso de las AFP y la necesidad de estudiar un sistema de reparto como existió antes de la reforma del año 1981.
Existe una propuesta en base a la cual se reemplazaría el Pilar Solidario [Reforma de 2008] por una pensión básica única de un monto intermedio, universal y financiado por el Estado con cargo a impuestos generales. De esta manera, los ahorros de los afiliados a las AFP, pasarían a complementar la pensión básica garantizada por el Estado. Esto permite introducir un estímulo efectivo al ahorro en el sistema de AFP para el 60% de la población, para quiénes hoy en día su cotización no es más que un impuesto, puesto que al fin de cuentas deberá ser compensada por el Estado mediante el Pilar Solidario [vide infra]. CENDA que está a la base de esta propuesta [y que he citado de manera casi textual] estima el financiamiento de la pensión básica no requiere elevar significativamente el porcentaje del PIB que actualmente se destina a gasto previsional fiscal. Este equivale aproximadamente a un promedio mensual de 250 dólares por adulto mayor, y mediando una necesaria asimilación de las pensiones de las FFAA al sistema general, irá quedando progresivamente disponible para financiar pensiones básicas crecientes, a medida que vayan falleciendo los beneficiarios principales actuales. Esta propuesta es compatible con el crecimiento de la población de adultos mayores a una tasa de 3%, inferior al crecimiento del PIB.
2° El monto de los fondos de pensiones [es decir el ahorro forzoso al cual deben contribuir quienes ingresan al mercado laboral] pertenece a los trabajadores cotizantes [dependientes y voluntarios]; las Administradoras de Fondos de Pensiones [AFP], controlan y administran dichos fondos, pero no son sus propietarios. Las AFP siguen las reglas de las sociedades anónimas, sin embargo los trabajadores cotizantes no tienen representación en los directorios de administración. Actualmente los administradores elegibles en los directorios están normados por la Ley de Valores y aquellas de la Superintendencia de Pensiones amén de los requisitos propios de las AFP. Las remuneraciones de los directores pueden alcanzar cifras de $140 millones al año. Pero también existen diferencias entre remuneraciones bajas y altas de hasta 70 veces.
Una situación preocupante en el sistema es lo elevado de las comisiones y su aplicación. En la actualidad éstas se ejercen sobre los flujos y no sobre los resultados. Quienes encajan las pérdidas de la gestión son los trabajadores cotizantes, no la AFP que administra los 5 fondos del sistema. Es decir ganan a todo evento, gane o pierda el fondo. Existiendo la posibilidad de transferir los aportes entre los distintos fondos se supone que el trabajador cotizante está en condiciones de conocer el mercado de valores, calcular las rentabilidades de las diferentes opciones, en fin ser un experto en la administración de valores en los cuales está invertido su dinero. Recuérdese que la crisis subprime afectó fuertemente los retornos. Con relación a las altas comisiones exigidas, desde el propio mundo de las administradoras reconocen que los eventuales mayores resultados se ven afectados por las altas comisiones. Gustavo Alcalde, ex presidente de AFP Provida señala que «mientras más cobra la AFP más se atenúa la rentabilidad que puede lograr» [Cf. Diario Financiero, Finanzas y Mercados, 07/01/2013, p. 17].
3° En mayo de 2012 los fondos alcanzaron a US$ 144 mil millones, actualmente siete meses después su valor era de poco más de US$ 160 mil millones. Su importancia es tal que representan 65% del Producto Interno Bruto de Chile. Por su volumen el Fondo de Pensiones sostiene y estabiliza el conjunto del mercado financiero de capitales. Estudios de la situación presentan cifras que muestran el sentido del funcionamiento de dichos fondos en la economía. Las AFP invierten en bancos y grandes empresas, alrededor de US $26 mil millones y US $30 mil millones respectivamente.
En el presente las AFP deben resolver el gran número de aumentos de capital anunciados por las empresas Cencosud, Corpbanca, Sonda, Masisa, Banco de Chile, Cementos Bío-Bío y Enersis, los cuales en su totalidad suman más de 10.000 millones de dólares en los próximos meses. En ese escenario, si las administradoras pretenden mantener su participación actual en esas compañías deberían disponer de 1200 millones de dólares. Lo cual resulta inviable en algunos de los casos expuestos. Por ejemplo existen serias dudas acerca del aumento buscado por Enersis que se eleva al monto de 5962 millones de dólares. Pues el controlador de Enersis es Endesa España que enfrenta actualmente la crisis en ese país cuyos Bonos del gobierno aún presentan altas cifras de rendimiento [5,029 %, contra un 1,551% de Alemania el más bajo de las economías de la Zona Euro, Fuente Bloomberg al 14/01/2013]. El aporte a Enersis fue finalmente aprobado por las Administradoras involucradas.
4° El problema central de quienes cotizan en los Fondos es la informalidad laboral la cual se traduce en lagunas que afectan no sólo los trabajadores dependientes sino también los independientes que no tienen la obligación de cotizar. Nótese que de los 9 millones de trabajadores inscritos en las AFP sólo 4 millones 500 mil son cotizantes regulares. Algunos han propuesto que para disminuir las lagunas de los aportes voluntarios podrían rebajarse estos del cálculo para el impuesto a la renta.
5° Según los cálculos actuariales el 60% de los trabajadores participantes del sistema acumularán al final de su vida activa un monto de 10 millones de pesos, con lo cual podrá recibir una pensión de $ 150 mil, es decir bajo el nivel de $ 250 mil. Por lo cual se verá en la situación prevista por la Ley de recibir una compensación del Pilar Solidario para completar los $ 250 mil [Reforma del 2008]. Aún más deberá llenar los requisitos de pobreza exigidos por la Ley, es decir demostrar su condición de indigente.
6° La reforma previsional del 2008 determinó un ajuste anual al tope imponible. La caída en el desempleo, 6,2% a noviembre de 2012 [INE] provocó un incremento en las remuneraciones, indicador que se utiliza para hacer el recalculo anual del tope imponible. Para el 2013 el tope imponible pasará de UF 67,4 a UF 69,4 llegando a los $ 1,58 millón bruto, pues el incremento real de los salarios entre noviembre de 2011 y el mismo mes de 2012 fue de 3,3%. Este incremento se hace efectivo a partir de Enero 2013. Los usuarios del sistema que perciben ingresos altos no cotizan por el total de su renta. Joaquín Vial, Consejero del Banco Central propuso ante la Comisión especial del Senado sobre el sistema de administración de fondos de pensiones, que ese tope debía elevarse a $ 4,3 millones mensuales. De hecho en 1981 el tope imponible era de 60 UF el ingreso per cápita de ese año, monto que sería equivalente a los $ 4,3 millones propuesto por Vial.
7° El porcentaje del sueldo destinado a la cotización previsional llega al 10% del sueldo imponible, al cual debe agregarse el 2% de cotización por invalidez y sobrevivencia. Los agentes de las administradoras opinan de subir esta cotización lo cual queda excluido si se considera que el 12% no es una tasa de cotización baja. Se puede hablar de alza de cotizaciones siempre que la parte patronal concurra a esa cotización. En algunos países la parte patronal, llega a un 90%. La lógica de esto es que tal contribución refleja el costo real del trabajo.
8° Vial propone igualar la edad de jubilación para hombres y mujeres, y luego ir modificándola en relación a la esperanza de vida. Comenta que «esto puede parecer poco realista a veces, pero en este mundo donde aumenta la escasez de trabajadores las jubilaciones tempranas son una carga importante para la economía».
9° La insuficiencia de las pensiones que algunos han querido resolver aumentando las cotizaciones se debe a problemas estructurales. El sistema de AFP no se adecua a la realidad del mercado de trabajo que es estrecho y precario, situación que tiene que ver con el desarrollo productivo del país. Lo cual parece un contrasentido si se tiene en cuenta la magnitud de los fondos de pensiones. Agréguese a ello que el 37% de las inversiones de las AFP se encuentra en el extranjero, alrededor de US$ 60 mil millones. Sin un programa de desarrollo productivo con fuerte participación del Estado no se ve cómo podría absorber productivamente dichos recursos. Este es otro caso de relación entre la finanza y la economía real que la economía chilena no ha logrado resolver -favoreciendo las prácticas especulativas propias del capital financier, carry-trade, derivados- y que en parte explica la búsqueda para este ahorro forzoso tenga mayores retornos en el extranjero. Una AFP estatal como algunos proponen no resuelve los problemas estructurales. El mercado laboral no puede modificarse por decreto.
10° El problema de las pensiones, al igual que educación, salud, vivienda social y medio ambiente entre otros es el problema de los Bienes Públicos. Bienes que constituyen externalidades importantes y para las cuales la economía neoliberal no tiene respuesta ni en su evaluación ni en su rol de costo en el proceso productivo. La actividad del Estado debe enfocarse con urgencia a dicha evaluación. Si se acepta esta visión, que abarca más de dos tercios de la población con soluciones mínimamente aceptables para los bienes mencionados, podemos suponer la existencia de tres áreas de actividad en la economía. [a] el Área Social Solidaria, integrada por los sectores de educación, salud, vivienda social, pensiones y medio ambiente. [b] el Área de Propiedad Social integrada por las empresas públicas. [c] el Área de Propiedad Mixta integrada por las empresas semipúblicas. Una mirada institucional del problema muestra la necesidad de derogar el inciso 2º del nº 21 del Art. 19 de la Constitución Política para legislar sobre la actividad económica del Estado estableciéndose la llamada Área de Social Solidaria [ASS], Área de Propiedad Social [APS] y Área de Propiedad Mixta [AM].
NOTA: Actualmente la disposición citada señala que «El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quórum calificado los autoriza. En tal caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley, la que deberá ser, asimismo, de quórum calificado»
* Director de FortinMapocho.com. Abogado y Economista