Las movilizaciones realizadas días pasados por el pensionariado han sido masivas, especialmente aquí, en Euskal Herria, donde salieron a la calle casi doscientas mil personas en las cuatro capitales y diferentes pueblos. Y la cosa sigue. No es para menos. Las pensiones, lejos de concebirse como derechos sociales que permitan asegurar una vida digna, se […]
Las movilizaciones realizadas días pasados por el pensionariado han sido masivas, especialmente aquí, en Euskal Herria, donde salieron a la calle casi doscientas mil personas en las cuatro capitales y diferentes pueblos. Y la cosa sigue. No es para menos. Las pensiones, lejos de concebirse como derechos sociales que permitan asegurar una vida digna, se adentran cada vez más en el terreno de la pura beneficencia pública. En otras palabras, pensiones de miseria y subidas «de mierda», tal como se ha gritado en la calle estos días.
Las principales reivindicaciones defendidas han tenido que ver con la exigencia de una pensión mínima de 1.080 euros, unas revisiones ligadas al IPC y la defensa del sistema público de pensiones. Pero hay otros importantes temas que han aflorado también en los debates, manifiestos y consignas de estos días que merecen ser comentados igualmente. Veamos.
Desde que en agosto de 2011, a iniciativa del Gobierno de Zapatero y con el aplauso del P.P., se aprobó en el Congreso la reforma del artículo 135 de la C.E., todos los gastos sociales e inversiones públicas han quedado relegados en el ranking de prioridades del Gobierno. Debido a ello, primero hay que satisfacer los intereses de la Banca y los grandes inversores, sanear los rotos derivados de la explosión de la burbuja inmobiliaria y luego, con las sobras, atender el gasto social: educación, sanidad, prestaciones,…. Lo ha dicho estos días Rajoy, oráculo del IBEX-35 y el BCE: «Las pensiones subirán lo que podamos, pero no pueden subir lo que no podamos». Es decir, si para cuando le toque «la vez» a los pensionistas la caja presupuestaria está vacía, pues «ajo y agua» que dice el refrán. Así de simple y así de desvergonzado.
La reforma del artículo 135 vino a consagrar una política que ya estaba llevando a la práctica el Gobierno del PSOE durante ese año 2011: congelación de pensiones y reducción en un 5% de los sueldos del funcionariado. A ello se sumó una importante reforma del propio sistema, alargando la edad de jubilación a los 67 años y aumentando el número de años exigidos para tener derecho a ella y calcular su importe, reforma aprobada al alimón entre el Gobierno, la CEOE-CEPYME y CCOO-UGT. La filosofía que impregnaba todo lo anterior era que había que ser corresponsables ante la crisis y hacer entre todos un esfuerzo compartido para afrontarla.
En 2013, con el PP en el Gobierno, vino la segunda reforma de las pensiones, aún más dura que la primera. Su incremento se desvinculará ahora del IPC (ahí se incubó la subida «mierda» del 0,25%) y se acordará la entrada en vigor, en 2019, del denominado «factor de sostenibilidad», auténtica máquina de guerra contra las pensiones y su cálculo. Pero es necesario recordar, y no olvidar, que el ataque contra el sistema de pensiones venía ya de antes.
En Euskal Herria, la mayoría sindical formada por ELA-LAB-EILAS-ESK-EHNE convocó una huelga general contra las reformas del PP (también lo hizo en este caso CCOO y UGT), pero también lo hizo antes contra el Acuerdo Gobierno-patronal-sindicatos de 2011. Se rechazaba en este caso, no solo su contenido (alargamiento edad de jubilación, recorte futuro de prestaciones,…) sino también el propio marco del Acuerdo porque, ¿quiénes eran CCOO y UGT, sindicatos minoritarios en el conjunto de Euskal Herria, para imponer una reforma rechazada por la mayoría sindical y social vasca? ¿Y quién el PP, que en los Parlamentos de Gasteiz e Iruñea tenía tan solo con un 11,5% y un 7,5% de los escaños respectivamente, para imponer sus reaccionarias reformas?
En enero de 2012, con el PP ya en el Gobierno, CCOO-UGT-CEOE-CEPYME volvieron a firmar un nuevo Acuerdo denominado «Para el empleo y la negociación colectiva» que recortaba las subidas salariales de los próximos años y abría amplias vías al aumento de la flexibilidad, la movilidad laboral y las exigencias patronales sobre negociación colectiva: arbitrajes, descuelgues,… Se mantenía la misma filosofía que en 2011: «Todas las rentas deben realizar un esfuerzo conjunto. Tanto los salarios como los beneficios deben evolucionar de forma moderada…» El resultado es conocido: la patronal, la delincuencia bancaria, los especuladores del cemento y el IBEX-35 se han enriquecido durante la crisis y han logrado un marco socio-laboral más favorable a sus exigencias, mientras que la clase trabajadora (con empleo, precariada, parada, jubilada o cuidadora) ha resultado ser el «capacico» de todas las hostias, tanto económicas como sociales y laborales.
En Nafarroa se ha tratado de mejorar en alguna medida lo anterior, pero no han dejado hacerlo. Hace tan solo un mes el T.C. ha anulado una ley foral que permitía atender sanitariamente a cualquier persona, con papeles o no, pues el PP había suprimido el derecho de estos últimos a la misma. Junto a ello, la sentencia ha anulado también la mejora de las prestaciones farmacéuticas recortadas por el PP, negándonos competencia para ello. Crecía así la larga lista de leyes forales anuladas últimamente por el TC: desahucios, fracking, funcionariado, pago del IBI por la Iglesia, cannabis, etc… Y en la Comunidad Autónoma Vasca, otro tanto de lo mismo.
En resumen, fuerzas políticas y sindicales que no representan a las mayorías institucionales y sociales de nuestro pueblo nos imponen leyes y Acuerdos que rechazamos y, a la vez, esa fotocopia del PP llamada Tribunal Constitucional, anula las que aprueban nuestros Parlamentos. Y a eso llaman democracia y Estado de derecho. ¡Que si quieres arroz, Catalina!
Por eso reclamamos soberanía y derecho a decidir. Soberanía para lo grande, lo mediano y lo pequeño; lo político y lo social; el hoy y el mañana. Soberanía porque vivimos aquí, cotizamos aquí, nos organizamos aquí, votamos aquí y queremos participar y controlar todo esto desde aquí, con nuestras propias herramientas sociales, sindicales e institucionales, sin que ninguna mayoría ajena a nuestro pueblo pueda imponernos nada contra nuestra voluntad. Y si sucede, como está sucediendo, que mejorar derechos sociales (asistencia sanitaria, copago farmacéutico, desahucios…) es anticonstitucional, pues habrá que sacar la conclusión que esa Constitución y esas instituciones no nos sirven. Así de claro. Puro sentido común.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.