Habría que ser muy indulgente para encontrar, entre las tomadas por el gobierno de Rodríguez Zapatero en los últimos 18 meses, una sola decisión mínimamente sensata en materia económica, social y laboral. La reacción del gobierno español ante la crisis no es más que una interminable cadena de despropósitos erráticos y contradictorios, basados casi siempre […]
Habría que ser muy indulgente para encontrar, entre las tomadas por el gobierno de Rodríguez Zapatero en los últimos 18 meses, una sola decisión mínimamente sensata en materia económica, social y laboral. La reacción del gobierno español ante la crisis no es más que una interminable cadena de despropósitos erráticos y contradictorios, basados casi siempre en premisas erróneas y conducentes casi siempre a resultados nefastos.
La cronología del desbarajuste arranca, aún antes de las elecciones de 2008, con la ayuda de 210 euros al alquiler juvenil, la devolución de los 400 euros del IRPF y el cheque-bebé de 2.500 euros, tres medidas absolutamente ineficaces desde el punto de vista social, porque benefician por igual a quien necesita mucho más para escapar de la exclusión social, y a quien ya tiene más que de sobra para no verse amenazado por ella. De hecho la ayuda al alquiler y devolución de IRPF resultan escandalosamente cómplices de los procesos de exclusión, porque dejan al margen, respectivamente, a quienes no tienen un puesto de trabajo o están por debajo del mínimo de ingresos para hacer la declaración de la renta, o sea, exactamente a quienes más precisan de la solidaridad colectiva.
Y una vez reconocida explícitamente la crisis, tras una larga temporada de terca y absurda negación de la realidad que socavó buena parte de su prestigio político, las medidas del gobierno de Zapatero han sido reiteradamente desmañadas y cortoplacistas. Primero, una fabulosa inyección de liquidez en el gran culpable de esta crisis, el sistema bancario, para facilitar el crédito, cuando en una sociedad sobreendeudada no hace ninguna falta ahondar el pozo sin fondo del crédito, sino reducir drásticamente el endeudamiento. Y ello, gastándose un dinero que hubiera sido más que suficiente para levantar una potente banca pública capaz de prestar auxilio financiero a los sectores más vulnerables de la población y a la pequeña y mediana empresa. Después, un plan de inversión local gestionado deprisa y corriendo, que compromete un enorme gasto en generar empleo efímero y de baja calidad en un sector agonizante que, por cierto, también es muy culpable del actual desorden económico, y que absorbe los recursos que hubieran permitido, por ejemplo, la creación de grandes y rentables consorcios públicos en sectores estratégicos como la distribución alimentaria, las energías renovables, el equipamiento tecnológico o la investigación biomédica, que hubieran generado un empleo cualificado, duradero y de calidad y hubieran permitido al Estado influir en los precios en favor de productores y consumidores, poniendo coto a los abusos de las grandes corporaciones. Y todo este despilfarro monumental, sobre la base de unas arcas públicas desangradas por medidas fiscales favorables sólo a los muy ricos, como la eliminación del impuesto sobre grandes patrimonios, y por el insaciable agujero negro del fraude tributario, del que el mismo Estado se hace cómplice con su infinita tolerancia hacia los paraísos fiscales y demás chiringuitos financieros empleados para blanquear esos dineros robados al bolsillo de todos.
La sumisión del ejecutivo de Zapatero al dictado neoliberal se extiende al resto de las líneas de su acción de gobierno. Por ejemplo, promoviendo incondicionalmente el Plan Bolonia, que pondrá a la universidad pública española y europea al pie de los caballos de las mismas corporaciones y mercados que con sus negligentes chanchullos han provocado esta monumental debacle económica. O negándose a derogar la vigente Ley de Sanidad, que ampara la privatización del sistema público de salud que promueve el PP en la Comunidad de Madrid, y que el PSOE, pudiendo impedir, se limita a criticar. O permitiendo que la Ley de Dependencia se convierta en poco más que papel mojado por carencias presupuestarias, laberintos administrativos y nula voluntad política. O comulgando disciplinadamente con la construcción de la Europa constitucionalmente neoliberal del Tratado de Lisboa y bárbaramente insolidaria de la Directiva de Retorno de inmigrantes. O dando marcha atrás en todas las conquistas medioambientales de su primera legislatura, prolongando el tiempo de explotación de las centrales nucleares y otorgando nuevas licencias de prospección de minería de uranio, alentando industrias petroquímicas altamente contaminantes como la refinería de Tierra de Barros, o reduciendo las exigencias de impacto ambiental de la edificación…
Miremos hacia donde miremos en la acción de este gobierno, hace año y medio que sólo vemos errores, concesiones y renuncias. Y, busquemos donde busquemos, en ninguna parte encontramos nada que alimente la menor expectativa de cambio. Ni siquiera en el que siempre fue su mejor flanco, la reforma jurídica y la extensión de derechos de ciudadanía, Zapatero no es ya más que una grisácea sombra de lo que fue, como demuestran la pusilánime defensa de una pusilánime reforma de la ley del aborto, o un pálido laicismo que no alcanza para cortarle el grifo de dinero público a la camarilla episcopal y rescindir el degradante Concordato con la vaticana corte de los milagros. Desde marzo de 2008, la hipótesis del giro progresista ha ido haciéndose más y más improbable, y hoy no cabe sino considerarla definitivamente fuera de la agenda gubernamental.
Rodríguez Zapatero fue una excelente herramienta en la lucha local y global contra el epidemia neoconservadora cuando derrotó al PP en las urnas y nos sacó de la pesadilla del aznarismo, del genocidio de Iraq y de la mafia de las Azores. Entre 2004 y 2007, posiblemente los mejores años de nuestra historia política desde la II República, Zapatero tomó decisiones admirables que mejoraron significativamente este país en el fondo y en las formas, en materias clave como los derechos civiles, la política exterior, la memoria histórica, la reordenación territorial del Estado… Por desgracia, la crisis económica, que Zapatero ha decidido afrontar enrocado en el centro-derecha del tablero, encadenado a los dogmas del neoliberalismo y sumiso a los dictados del gran dinero, ha dejado atrás aquellos tiempos de ponderado atrevimiento y razonables esperanzas. Grave y tristísimo retroceso, desde una inteligente y fructífera moderación hacia un árido moderantismo sin contraprestaciones, sin rastro de atrevimiento ni de esperanza, que inevitablemente rompe el pacto de confianza que amplios sectores de la izquierda política y social española sellaron hace cinco años con Zapatero y su proyecto de socialdemocracia renovada y reformadora. De un modo altamente simbólico, la represión policial del movimiento anti-Bolonia en 2009 parece cerrar el ciclo político que se abrió con la presencia de Zapatero en las marchas anti-LOU de 2001, después de quince años de completo divorcio entre el PSOE y la izquierda social.
Las consecuencias electorales de esta pérdida de confianza ya se han vislumbrado en las pasadas autonómicas gallegas, y probablemente reaparecerán como fuerte castigo en las elecciones europeas de junio. La previsible sangría de votos en el flanco izquierdo del electorado socialista -esa «izquierda volátil» que oscila según diferentes estimaciones entre 1 y 2 millones de votos, y cuyo respaldo ha sido decisivo en todas las victorias socialistas desde las municipales de 2003- podría arrastrar un inesperado viento favorable a las velas de aquellas otras fuerzas progresistas situadas a la izquierda del PSOE, como Izquierda Unida, Izquierda Anticapitalista, Los Verdes o el PCPE, que aún muy lastradas en su eficacia y sus expectativas por su endémica atomización, sus absurdas querellas intestinas y su escasa proyección social, mantienen al menos, en este panorama de desbocada crisis sistémica en la que, una vez más, todo lo sólido se desvanece en el aire, posiciones dignas de la confianza de las multitudes productivas, la ciudadanía progresista y la sociedad civil organizada.