Un informe de ONU Mujeres cifra en cuatro de cada diez las comunicadoras o activistas que se autocensuran en redes sociales para no recibir acoso; una de cada cinco lo hace también su trabajo.
Una de cada cuatro mujeres periodistas en todo el mundo sufre ansiedad o depresión a causa de las violencias que recibe en la esfera digital. Cuatro de cada diez se autocensuran en redes sociales para evitar el acoso y un quinto de ellas lo hace en su trabajo. Estos son algunos datos del nuevo análisis de ONU Mujeres publicado el pasado 30 de abril en vísperas del Día Mundial de la Libertad de Prensa.
El informe ‘Punto de inflexión: violencia digital – impactos, manifestaciones y reparación en la era de la IA‘ expone que el 12 por ciento de las defensoras de derechos humanos, activistas, periodistas, trabajadoras de medios y otras comunicadoras públicas denuncian haber sido víctimas del intercambio no consentido de imágenes personales, incluyendo contenido íntimo o sexual. El seis por ciento afirma haber sido víctima de deepfakes (ultrafalsificaciones, vídeos falsificados con mucha precisión mediante IA). Además, una de cada tres ha recibido propuestas sexuales no solicitadas a través de mensajería digital.
Lejos de la afirmación falsa de que quien agrede sexualmente o envía contenidos no solicitados lo hace por placer, el informe de ONU Mujeres revela que este tipo de abusos suele ser «deliberado y coordinado», diseñado para silenciar a las mujeres en la vida pública, al tiempo que socava su credibilidad profesional y su reputación personal. Y surte efecto: el 41 por ciento de todas las mujeres encuestadas afirmó autocensurarse en redes para evitar el acoso; un 19 por ciento lo hace en su trabajo. Estas cifran se elevan ligeramente si miramos concretamente a las periodistas y trabajadoras de los medios: la autocensura sube al 45 por ciento en redes y al 22 por ciento en el trabajo.
El informe también destaca que ha habido un aumento de las acciones legales por parte de las periodistas y trabajadoras de medios. En 2025, la probabilidad de que denunciaran incidentes de violencia digital ante las autoridades se duplicó (22 por ciento) en comparación con 2020 (11 por ciento). Actualmente, casi el 14 por ciento está emprendiendo acciones legales contra agresores, facilitadores o sus propios empleadores, frente al ocho por ciento registrado en 2020. «Esto refleja una creciente concienciación y una exigencia más firme en rendición de cuentas», interpretan desde ONU Mujeres.
Una de cada cuatro mujeres periodistas ha recibido diagnósticos de ansiedad o depresión; el 13 por ciento, de estrés postraumático
La violencia digital tiene consecuencias reales. El estudio asegura que una de cada cuatro periodistas y trabajadoras de los medios encuestadas han sido diagnosticadas con ansiedad o depresión a causa de la violencia sufrida en línea; casi el 13 por ciento informó haber recibido un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático (TEPT).
“La IA está haciendo que el abuso sea más sencillo y dañino, lo cual está alimentando la erosión de derechos que tanto costó conseguir en un contexto marcado por el retroceso democrático y la misoginia en red. Nuestra responsabilidad es garantizar que los sistemas, las leyes y las plataformas respondan con la urgencia que esta crisis exige”, afirmó Kalliopi Mingerou, jefa de la Sección para Eliminar la Violencia contra las Mujeres de ONU Mujeres.
El estudio fue encargado por ONU Mujeres en el marco del programa ACT para eliminar la violencia contra las mujeres, financiado por la Unión Europea. Se produjo en colaboración con investigadores de la Iniciativa de Integridad de la Información de TheNerve y de la City St George’s, University of London, en conjunto con el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ) y la UNESCO. La autoría del informe es de Julie Posetti, Kaylee Williams, Lea Hellmueller, Pauline Renaud, Nabeelah Shabbir y Nermine Aboulez.
Tareas pendientes
Cada vez más comunicadoras denuncian públicamente y ante las autoridades el acoso y violencia machista que sufren en línea. La periodista de Canal Red Laura Arroyo ha criticado la campaña de odio en la que participó la cuenta de la red social X de Vox y en la cual se pidió su deportación. La comunicadora Sarah Santaolalla eleva la voz con frecuencia sobre el acoso en línea y físico que está sufriendo últimamente, especialmente por parte del agitador ultra Vito Quiles; y la redactora jefa de género de elDiario.es, Ana Requena, participó en abril en una campaña de Amnistía Internacional en la que contó haber notado un aumento de la violencia digital en línea que recibe en los últimos cuatro años y que incluye comentarios, amenazas o listar su número de teléfono personal en páginas web que ofertan servicios sexuales. «El objetivo es silenciarnos. Cuando vas a publicar un tema especialmente relevante o en el que hay algún hombre relevante señalado, sabes que viene una ola [de violencia] más grande», explicaba Requena en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram el 9 de abril.
«El objetivo es silenciarnos. Cuando vas a publicar un tema especialmente relevante, sabes que viene una ola [de violencia] más grande»
En 2018, Pikara Magazine, junto con Laia Serra e Irantzu Varela y con el apoyo de Calala Fondo de Mujeres y Front Line Defenders, presentó en el Congreso una serie de medidas para combatir la violencia digital. Muchas de ellas siguen durmiendo el sueño de los justos en algún cajón de la Cámara Baja. El pasado 11 de marzo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció una herramienta llamada Huella del Odio y la Polarización (HODIO), pensada para analizar la violencia en la esfera digital. Según la nota de prensa publicada por el Ministerio de Inclusión, la nueva herramienta permitirá calcular y publicar de manera periódica un indicador de odio y polarización en cada red social: su prevalencia, el nivel de amplificación e impacto. «Utiliza un sistema combinado de análisis que estudia el contenido público en las redes sociales, identificando el odio y la polarización», explican desde la cartera dirigida por Elma Saiz. Su fin último es contribuir a desarrollar políticas públicas y planes de acción contra el odio en la esfera virtual.