Los media dominantes y los partidos dinásticos (PP, PSOE, CIU) cierran filas alrededor del Borbón. Quieren frenar el escándalo provocado por su yerno para que no se lleve por delante a la Monarquía. Con singular tesón, tratan de evitar que el dedo acusador de la plebe apunte al trono para hacer recaer las culpas exclusivamente […]
Los media dominantes y los partidos dinásticos (PP, PSOE, CIU) cierran filas alrededor del Borbón. Quieren frenar el escándalo provocado por su yerno para que no se lleve por delante a la Monarquía. Con singular tesón, tratan de evitar que el dedo acusador de la plebe apunte al trono para hacer recaer las culpas exclusivamente en el ex jugador de balonmano y para que su hija, metida hasta el tuétano en estos negocios fraudulentos y delictivos, no se vea salpicada por el escándalo y pueda librarse de los tribunales.
Lo malo es que la realidad es tozuda y hace imposible que las cosas se puedan ocultar tan fácilmente y durante tanto tiempo. Tanto que la misma Corona tuvo que pasar por el mal trago de reconocer que los negocios peligrosos de Urdangarín ya eran conocidos en Zarzuela desde hacía varios años. Ahora bien, cualquier observador no apasionado debería haberse percatado (si es que no esta adormilado por tanto mensaje de distracción) que tan sorprendente y cómplice afirmación ni escandalizó a nadie ni provocó debates de altura en los medios de comunicación de referencia. Sin embargo, sí que parece imprescindible escandalizarse y sí que resulta necesario denunciar, incluso hasta el aburrimiento y el cansancio, la desfachatez y la impunidad propia del Antiguo Régimen con la que el Rey Borbón y los que lo tapan y secundan están tratando este asunto. Porque realmente si esto es así, si en la Zarzuela eran conocedores de tal desaguisado, Juan Carlos Borbón habría dado, una vez más, otra vuelta de tuerca a sus ya ancestrales practicas de mentiroso patológico y desvergonzado infractor compulsivo de las leyes. Hagamos memoria.
En 1969 con treinta y un años de edad y en el acto de su designación por las Cortes como sucesor de Franco en la Jefatura del Estado a titulo de Rey, juraba delante de los evangelios y ante la mirada del dictador «lealtad a su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y demás leyes fundamentales del reino» y reconocía, en sus propias palabras, «la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936» y, por tanto, una legitimidad como futuro monarca asentada en el golpe de estado del 36 y en varias décadas de dictadura.
Seis años más tarde, con el cuerpo de Franco caliente todavía en su ataúd y ante unas Cortes que lo acababan de proclamar Rey, aún se le oyó decir que «juro por los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del Reino y guardar lealtad a los principios que informan el Movimiento Nacional». Era la segunda vez que repetía ese juramento, solo que esta vez, lo adornaría añadiendo sin pestañear que «una figura excepcional entra en la Historia. El nombre de Francisco Franco será ya un jalón en el acontecer español y un hito al que será imposible dejar de referirse para entender la clave de nuestra vida política contemporánea». Ni más ni menos. Tres años después se promulgaba la Constitución de 1978. En aquella ocasión juristas de confianza de la villa y corte y actores prominentes de la llamada «transición», le habrían recomendado que no cometiera la torpeza de jurarla porque, de ser así, quedaría señalado por la historia como un perjuro; calificativo y condición que en la práctica nadie le puede ya discutir.
Ahora, el Borbón, afirma y reconoce sin pudor alguno que ya era conocedor de los negocios fraudulentos de su yerno tres años antes de que el juez instructor y los medios hayan sacado a la luz pública el escándalo. De ser así, y no hay razón para contradecir a tan egregio personaje, nos encontraríamos con que además de perjuro, Juan Carlos sería también encubridor de un delito a sabiendas de su existencia. Ciertamente Juan Carlos es I de España, pero podría ser también un perjuro y un encubridor.
Pero todavía hay más. Después de haberle oído decir en el discurso de Navidad que la «ley es igual para todos,» y sabedores como somos de que el artículo 56.3 de la Constitución dice textualmente que «la persona del Rey es inviolable y no esta sujeta a responsabilidad» deberíamos -y no a nuestro pesar- añadir a los ya acreditados títulos de perjuro y encubridor que Juan Carlos Borbón se habría ganado a pulso, los no menos edificantes de cínico y mentiroso.
Celso X. López-Pazos es Presidente de la Asamblea Republicana de Vigo
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.