Soy abogada de extranjería en la provincia de Barcelona y después de finalizado el procedimiento de normalización laboral 2005, procedimiento que ha dejado bajo la ilegalidad a cerca de un millón de extranjeros, los letrados observamos patidifusos las secuelas y las carencias que tal proceso está generando.Uno de ellos y el más controvertido con el […]
Soy abogada de extranjería en la provincia de Barcelona y después de finalizado el procedimiento de normalización laboral 2005, procedimiento que ha dejado bajo la ilegalidad a cerca de un millón de extranjeros, los letrados observamos patidifusos las secuelas y las carencias que tal proceso está generando.
Uno de ellos y el más controvertido con el que nos vamos encontrando hasta la fecha en mi despacho es la limitación tan enorme para que realmente puedan ejercer el derecho que se ha otorgado a los inmigrantes para trabajar:
La lógica dice que si se da una autorización a alguien para trabajar, y tal como está hoy en día el mercado laboral, se les autorice a desempeñar cualquier trabajo por cuenta ajena, es decir, la prestación de un trabajo por cuenta de otro a cambio de una remuneración.
Pues bien, el gobierno Zapatero, el gobierno del buen talante, el lobo que vestido de oveja, ha regularizado inmigrantes sí, para ser exactos, unos 800.000, pero cuando el inmigrante quiere cambiar de empresa, o simplemente le despiden, no puede desempeñar trabajo alguno distinto para el sector o provincia para el que ha sido concedido, coartando así el derecho que les ha sido «otorgado», derecho cercenado y vacío de contenido real y válido, quedando en una simple premisa.
Se encuentran con limitaciones tan enormes que quedan maniatados, y muchos dirán que pueden pedir la modificación de sector y de provincia, pero se olvida el hecho de que, para ello, deben encontrar una nueva empresa dispuesta a solicitar por el inmigrante dicha modificación, y a que esta espere pacientemente la resolución de dicho cambio. De risa.
Hasta la resolución de dicha solicitud no podrá ser contratado, seguramente a los tres o cuatro meses posteriores, tiempo durante el cual no estará cotizando a la seguridad Social, requisito indispensable de mínimos para cuando estos mismos inmigrantes soliciten la renovación de la primera tarjeta.
Bien, ante tales barbaridades, no me queda otra que preguntarme, ¿de qué ha servido esta última regularización? A lo único a que ha respondido es a los deseos del empresario y en sus manos ha quedado el hecho de que los inmigrantes , incluso con papeles, puedan trabajar.
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Noemí Martínez Aledo es abogada y activista del movimiento por los derechos de los inmigrantes en Terrassa, y militante de Corrent Roja.