Amnistía Internacional ha vuelto a denunciar la impunidad de la que gozan los agentes de las fuerzas policiales de todo el Estado español en los casos de tortura y malos tratos, que a su juicio no son «incidentes aislados sino muestras de las deficiencias estructurales que afectan a todas las facetas de la prevención, la […]
Amnistía Internacional ha vuelto a denunciar la impunidad de la que gozan los agentes de las fuerzas policiales de todo el Estado español en los casos de tortura y malos tratos, que a su juicio no son «incidentes aislados sino muestras de las deficiencias estructurales que afectan a todas las facetas de la prevención, la investigación y la sanción» de esas prácticas.
El director de Amnistía Internacional (AI) en el Estado español, Esteban Beltrán, presentó ayer el informe «España: sal en la herida: Impunidad policial dos años después», que actualiza el estado de las denuncias contra agentes de las fuerzas de seguridad de todo el Estado de las que informó en otro informe publicado dos años antes y analiza los cambios habidos en el Estado español con respecto a la prevención en investigación de la tortura y malos tratos.
«La investigación y sanción de la tortura policial sigue siendo un agujero negro que cae en la impunidad», afirmó Beltrán, quien añadió que «esta impunidad de facto se basa en deficiencias estructurales», y que resumió en cuatro factores: «La falta de voluntad política de perseguir a los torturadores», que los mismos cuerpos policiales que cometen el delito son los que luego «investigan» los casos de tortura y malos tratos; la falta de colaboración de las FSE para identificar a los agentes y las frecuentes «contradenuncias».
Frente a esa situación, la organización internacional recomienda crear un mecanismo independiente que tenga facultad para investigar las denuncias contra los miembros de las FSE y que se suspenda siempre del servicio a los agentes acusados de malos tratos mientras duren los procedimientos contra ellos.
Además, aconseja que se adopten medidas concretas para introducir la grabación en audio y vídeo con cámaras de circuito cerrado de televisión en todas las zonas de custodia y en otros lugares de las comisarías en las que pueda haber personas detenidas, incluidas las que se encuentran en régimen de incomunicación; y que se publiquen memorias anuales completas de las unidades de asuntos internos de la Policía española y la Guardia Civil a fin de que la opinión pública pueda estar plenamente informada de todas las denuncias presentadas contra agentes policiales y de las medidas adoptadas en respuesta a esas denuncias.
Prevención
De esa manera, según Beltrán, se incidiría en la parte más problemática, las carencias de la investigación, ya que, a su entender, una «investigación rigurosa, imparcial y efectiva de todas las denuncias de tortura es fundamental. La prevención es siempre el mejor remedio».
En ese punto, AI aprecia «claros avances» en la Ertzaintza y los Mossos D’Esquadra, como «que los agentes lleven visible su número de identificación o que haya cámaras de seguridad en las comisarías», aunque lamenta que esos «avances no se han visto reflejados en el ámbito nacional».
«En España no hay una política sistemática de tortura y malos tratos, pero va más allá de un problema aislado», insistió.
Fuente: http://www.gara.net/azkenak/11/164797/es/AI-insiste-impunidad-policial-casos-torturas-malos-tratos