Más de un centenar de personas se dieron cita el martes 1 de noviembre, convocadas por el Fòrum per la Memòria del País Valencià , para rendir homenaje a las víctimas del genocidio franquista enterradas en las fosas comunes del Cementerio General de Valencia. Familiares de represaliados, miembros del Fòrum y ciudadanos que, simplemente, querían […]
Más de un centenar de personas se dieron cita el martes 1 de noviembre, convocadas por el Fòrum per la Memòria del País Valencià , para rendir homenaje a las víctimas del genocidio franquista enterradas en las fosas comunes del Cementerio General de Valencia. Familiares de represaliados, miembros del Fòrum y ciudadanos que, simplemente, querían denunciar una vez más la existencia de las consideradas como las mayores fosas de toda Europa han señalizado con carteles informativos las distintas secciones, algunas de ellas ya irreparablemente perdidas por la construcción de tramadas de nichos, que la dictadura utilizó para arrojar los cadáveres de la sangrienta represión que continuó tras la victoria fascista el 1 de abril de 1939.
Los distintos carteles contenían la superficie total de cada fosa, el número de víctimas registradas en ellas y, en algún caso, una representación de los nombres de las personas enterradas en el lugar. Pero, por lo visto, en esta ciudad es imposible informar, recordar, hacer un uso libre y respetuoso de la libertad de expresión según en qué casos. Y es que gran parte del recorrido estuvo «amenizado» por los altavoces de la capilla del Cementerio, la cual, desde el justo medio del mismo, parece tener el monopolio de la palabra en este Estado supuestamente aconfesional y que nuestras autoridades municipales parecen también entender como excluyente.
Por contra, los carteles informativos fueron arrancados por operarios del Cementerio, en una persecución más propia de regímenes dictatoriales, conculcándose, de nuevo, por parte de los responsables municipales, un ejercicio básico de algunos derechos elementales: la información, la expresión y, en este caso, el recuerdo y el homenaje a las víctimas de una represión que continúa siendo negada, deliberadamente condenada al olvido y a la intrascendencia. A ello se unió también la prohibición, por parte de la Policía Local, de continuar con la labor informativa que representaban los carteles, apelando a ciertas Ordenanzas que, en ningún caso, prohíben señalizar respetuosa y pacíficamente lugares, como además en este caso, tan simbólicamente definidores de la realidad de este Cementerio.
A los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Valencia se nos condena a seguir fielmente las pautas establecidas por el poder municipal. Un poder éste empeñado en perseguir cualquier manifestación que resalte la aportación de todos los muertos de las fosas a la dignidad democrática. Pues no otra cosa representan los ciudadanos y ciudadanos allí depositados: la conciencia de una sociedad libre y el exterminio de unos valores democráticos que, ahora, también dice representar el Ayuntamiento de Valencia. Pero que niegan por la fuerza, la arbitrariedad y el autoritarismo más condenables.
Debemos denunciar públicamente el acoso, la persecución, la interpretación restrictiva y paralizante de unas normas sólo para unos casos determinados -siempre para los mismos casos- y la específica represión que siempre recae contra los mismos ciudadanos y ciudadanas, unidos con el resto de personas que visitaban a sus familiares muertos el día 1 de noviembre. Y esto, sin perjuicio de las acciones legales que puedan derivarse ante este abuso de autoridad, patente muestra del talante antidemocrático de sus últimos responsables.