Cada contienda electoral, con el correr del tiempo y la progresiva irresponsabilidad e inmoralidad de los dirigentes políticos, devino en un festín de conciencias y subasta anticipada de lo público. Ahí se negocian compromisos, patrimonio público, presupuestos y burocracia, por debajo de la mesa. En el festín electoral, tal como se percibe, se evidencia el colapso moral del ejercicio de la política y de sus dirigentes.
El dirigente y candidato debe representar los intereses de sus electores y comunidad nacional en general.
Para satisfacer esas condiciones, debe prevalecer en el candidato y después gobernante, su ética y su responsabilidad política y social, sobre los intereses particulares. En Colombia esto no ocurre. Esos principios y objetivos fueron sustituidas por el contubernio de la negociación, de la transacción y las trapisondas de las alianzas, en las que según los resultados, el fin justifica los medios (aliados y dineros). Todo vale con tal de lograr el objetivo, al estilo Uribe Vélez y sus áulicos. Ese contagio, a manera de epidemia, se impuso en la geografía nacional.
A diario se conocen más y más hechos reprobables, inmorales e ilegales. Los responsables, se escudan y protegen en la debilidad institucional, la concupiscencia del poder político y económico y en la ya consagrada impunidad y complicidad social.
El marco legal que rige la política nacional, garantiza el accionar perverso de los supuestos líderes o dirigentes políticos, que sin ningún escrúpulo explotan a su favor y el de los suyos el festín electoral y las posiciones burocráticas que conquistan.
El régimen económico-político dominante, muy afín a los intereses de las élites y al capital nacional e internacional, recurre a todo tipo de trapisondas, para asegurar continuidad del usufructo del perder. De ahí las perversas e inmorales variopintas alianzas. El trasteo y compra de votos. La traición al ciudadano del común. La infiltración de dineros provenientes del crimen y la ilegalidad (los ñeñeshernandez). Las putrefactas transacciones de avales a candidatos cuestionados, procesados, ex convictos o representantes y herederos de criminales.
Sus intereses económicos y compromisos político-económicos, justifican la continuidad en el usufructo del poder.
Esa manguala diabólica, dominada por las prácticas politiqueras, clientelista, son la garantía para profundizar la corrupción en el manejo de lo público, convertido en objetivo de candidatos de todos los pelambres. Se convirtió en referente para aspirar a la elección popular, para desgracia de las mayorías presentes y futuras.
No se percibe en la variopinta piñata de candidatos, interés de analizar las causas de los problemas que aquejan a las mayorías. Ninguno presenta, a los electores, un programa, concreto y específico para desarrollar, si resulta elegido, que realmente sirva a los intereses generales. Todos manejan una verborrea que no los comprometa, hacia el futuro.
Prefieren distraer al ciudadano, con banalidades distractoras y engañosas, antes que plantear soluciones concretas. En esencia, la mayoría son conniventes con las posiciones y objetivos de la extrema derecha. Por esta razón, nada, absoluta mente nada bueno puede esperar el pueblo raso, de ellos.
Pero toda regla tiene su excepción, se dice. Hasta el presente, el candidato Petro, se perfila como la excepción. Se percibe que entiende las causas profundas de la problemática socioeconómica, ética, moral e institucional, que amenazan a Colombia y a sus ciudadanos. Colombia, para resolver su abigarrada problemática, demanda radicales reformas, en todos los campos del desarrollo nacional, específicamente en Salud, educación, generación de empleo, superación de la pobreza, la inseguridad, sustitución de importaciones, etc. Por ejemplo; el problema de la salud y la educación, solo se resuelve si deja de ser una mercancía, explotada por cerrados círculos de poder. Derrotando a los corruptos y sometiendo a regulación absoluta, todos los procedimientos diagnósticos, terapéuticos y medicamentos, el sistema de salud se puede mejorar. El problema de la salud, no es por falta de plata. Obedece al manejo interesado, errático y corrupto de todo el sistema. Igual ocurre con la infraestructura, con la red vial nacional y en particular con la terciaria. Malbaratan mucha plata sin resultados, para el pueblo raso.
No se comprometen a gestionar la solución de la pésima calidad de la educación, la criminal concentración de la propiedad de la tierra, la agobiante informalidad y desplazamiento laboral y de viviendas. Todos cohonestan con el modelo económico que somete a esclavitud económica a las mayorías, en nombre de la democracia. No les importa la catastrófica y desbocada violencia común, que amenaza la seguridad ciudadana, en toda la geografía nacional.
Ministros, Gobernadores, alcaldes, diputados y concejales, si tuvieran sentido de responsabilidad social y política, podrían coaligar propósitos, fijar metas, diseñar procedimientos y exigir al gobierno central y al congreso, reingeniería del poder de manera que se aplique legalmente a resolver los problemas más acuciantes de los ciudadanos pobres, que superan el 70% de la población colombiana.
Todos dicen tener la fórmula mágica, para resolver todos los problemas de la nación, el departamento o el municipio. Así lo han pregonado desde hace más de doscientos años. Pero el resultado es que Colombia está entre las seis naciones más inequitativas del planeta, y entre las más corruptas.
Son consideraciones que debe hacer todo elector, antes de decidir a quién le entrega su voto. Votar no es un acto folclórico. Es una seria responsabilidad. Con ello se define la suerte de la nación, el departamento o la localidad.
La degradación moral y mercantilización de la política, hace imposible lograr desarrollo con equidad socioeconómica e inviabiliza la construcción de la supuesta paz, que eventualmente sería posible mediante el cumplimiento de los acuerdos de La Habana. El actual gobierno es el mayor enemigo.
La paz no se decreta. La paz se construye. Y dicha construcción exige la superación de todas las causas que originaron el conflicto, entre otras, la redefinición del modelo económico-político, la derrota de la corrupción y la venalidad en todas las instancias de poder.
¿El Régimen está dispuesto a sacrificar privilegios y poder? El pueblo espera respuestas, pruebas con hechos.
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