Conversación en Asturias con Juanjo Serrano, militante destacado del PCPC e imputado en este proceso.
En noviembre de 2007 se celebró una manifestación en Barcelona convocada por numerosas organizaciones para denunciar el asesinato del joven antifascista Carlos Palomino en el metro de Madrid. Los medios reprodujeron la mortal puñalada en el pecho que un nazi fascista había asestado a este joven.
La manifestación de Barcelona -convocada legalmente- se inició en la plaza de la Universidad y ya en los primeros metros de recorrido, los Mossos d’Esquadra intervinieron para obstaculizarla hasta tal punto que a la llegada a la calle Urquinaona los Mossos decidieron disolverla a golpes y con disparos de pelotas de goma. Acto seguido y con la misma virulencia, persiguieron por las calles de los alrededores a todos los manifestantes que pudieron.
A raíz de esta manifestación, los Mossos d’Esquadra efectuaron cinco detenciones. Tres manifestantes, pertenecientes a varias organizaciones, acusados de «Atentado grave», ya han sido juzgados y el fiscal pide cuatro años de prisión para cada uno de ellos. En este momento están pendientes de la sentencia.
Otros dos manifestantes, militantes del PCPC, al finalizar la manifestación también fueron detenidos y conducidos a la comisaría. Por este motivo, poco después de la detención, tres responsables del PCPC, junto con una abogada y la madre de Sergio, uno de los detenidos menor de edad, se personaron en la comisaría y fueron identificados por los Mossos en la misma puerta de la comisaría con el argumento de que se encontraban dentro del «perímetro de seguridad de la comisaría».
Varias horas después, a las cuatro de la madrugada, los dos últimos detenidos son puestos en libertad sin cargos. Pero, sin embargo, los Mossos comunican a los tres visitantes Juanjo Serrano, Albert Camarasa y Xavier Auré, identificados dentro del citado «perímetro de seguridad» horas después de finalizada la manifestación, que están acusados de «Atentado grave» y para los que la fiscalía pide ahora tres años y diez meses, sin indemnizaciones, en el juicio que se celebrará el jueves 1º de diciembre a las 10:30 horas en el juzgado de lo penal nº 19 de la Ciudad de la Justicia de Barcelona.
El mayor despropósito y más evidente protagonizado por los Mossos d’Esquadra, y por la propia fiscalía, es la acusación a Juanjo Serrano de «Atentado grave» cuando este ni siquiera pudo acudir a la manifestación. A esta acusación de «Atentado grave» contra Juanjo Serrano -entonces responsable de organización del PCPC en Cataluña, motivo principal por el que entonces acudió a la comisaría- se añade en el sumario el agravante: «por dirigir en la manifestación, junto con dos lugartenientes, un grupo de 50 jóvenes altamente organizados» para tirar piedras, hacer barricadas y resistirse a la policía, cuando, por otra parte, ni los propios Mossos han presentado denuncia alguna de que haya habido agresión a los Mossos ni daños ni desperfecto alguno en el transcurso de la manifestación, ni tampoco que haya cargo alguno contra los acusados por daños materiales o contra las personas.
En este singular proceso, y acusados de «Atentado grave», también se encuentran Albert Camarasa, identificado cuando acudió a la comisaría como responsable de juventud del PCPC, lo mismo que su compañero de partido Xavier Auré que le acompañaba por similares motivos.
El mensaje de esta actuación conjunta de la policía y de la justicia está claro: el que pelea, el que disiente puede acabar en la cárcel, incluso el que participa en una manifestación convocada legalmente contra la violencia que llega hasta el asesinato puede acabar como imputado en el juzgado. Esta es la solución que adoptan las autoridades en la medida en que no pueden dar una solución satisfactoria a la crisis.
La represión amenaza a los sectores organizados y más conscientes y a los más comprometidos con las movilizaciones y, por todas estas razones, pretenden criminalizar a cualquier movimiento reivindicativo, en este caso al PCPC. Esta situación no sólo se da en el Estado español, sino también en el resto de la Unión Europea.
Pero este mensaje también lo es del poder político y del gobierno, porque la acusación y el proceso se originó bajo la autoridad (y a las órdenes) del Conseller de Interior, Joan Saura de ICV (IU), (dirigente histórico del PSUC), partido que formaba parte del gobierno tripartito del PSC-ICV (IU)-ERC.
En relación con este juicio, Juanjo Serrano participó en Asturias en dos mesas informativas, la primera celebrada en el Campus del Milán de la Universidad de Oviedo y, la segunda, en el Ateneo de la Calzada en Gijón.
En el Campus, diez policías entraron, sin más, en el recinto universitario para exigir la documentación a todos los que pretendían acudir al aula en donde se preveía celebrar la mesa informativa. Se trataba de boicotear, por parte de la policía, un acto de solidaridad activa.
En el Ateneo, en Gijón, la policía se limitó a participar silenciosamente y de incógnito en la sala en donde se celebró la mesa informativa en la que participaron, además de Juanjo Serrano, Alejandro Fernández, como moderador, e Iván Fernández Andrade, miembros del comité de Asturias y del comité central del PCPE, respectivamente.
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Plataforma Contra la Represión y por las Libertades
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