El fiscal pide 72 años de cárcel y una multa de 108.000 euros, en conjunto, a 18 personas que participaron en un piquete en Gernika en la huelga en contra de la reforma de las pensiones. La mayoría sindical vasca rechazó las pretensiones de «acallar la respuesta a la huelga» Representantes de los sindicatos ELA […]
El fiscal pide 72 años de cárcel y una multa de 108.000 euros, en conjunto, a 18 personas que participaron en un piquete en Gernika en la huelga en contra de la reforma de las pensiones. La mayoría sindical vasca rechazó las pretensiones de «acallar la respuesta a la huelga»
Representantes de los sindicatos ELA (Patxi Agirrezabala), LAB (Jabi Garnika), STEE-EILAS (Josu Zalbidea), ESK (Josu Balmaseda), EHNE (Eneritz Otamendi) e Hiru (Estitxu Ugarte) comparecieron ayer en Bilbo en apoyo a las 18 personas que integraron un piquete informativo en la pasada huelga general celebrada el 27 de enero de 2011. Fueron retenidas por más de dos horas por la Ertzaintza por un supuesto delito «contra el derecho de los trabajadores».
Tras declarar ante la juez de Gernika, los integrantes del piquete entendieron que ya estaba solucionado el tema, pero estos días han conocido la petición fiscal por aquellos hechos de hace más de un año en el que les imputa en conjunto 72 años de cárcel y una multa de 108.000 euros.
Todos ellos reconocieron que esta actuación de la Fiscalía en estas fechas próximas a la huelga general del 29 de marzo «solo busca amedrentar al derecho de huelga de los trabajadores y generar un clima de miedo». Por lo que Ainhoa Iturbe, de EHNE Bizkaia y portavoz del piquete, remarcó que «vamos a ejercer nuestro derecho a la huelga y llamamos a toda la población a mostrar el rechazo claro y contundente en la huelga del 29 de marzo en contra de los recortes que nos imponen con la nueva reforma laboral».
Lamentó que el fiscal dirija su actuación contra quienes defendemos los derechos de los trabajadores «imputándonos un supuesto delito contra el derecho de los trabajadores» y añadió que «a quienes tendrían que juzgar son a los gobiernos que adoptan medidas contra los trabajadores y la población para llevarles a la pobreza y a la pérdida de derechos».
Jabi Garnika, secretario general adjunto de LAB, recordó que «los poderes han puesto en marcha todos los mecanismos para la persecución de quienes no aceptamos los recortes y medidas en contra de los trabajadores. Tratan de pisotear y anular nuestros derechos, entre ellos los de la huelga». Porque, a su juicio, «ni gobiernos ni empresarios admiten la contestación».
El responsable de Comunicación de ELA, Patxi Agirrezabala, criticó «la criminalización permanente que sufrimos por parte de los poderes económicos y políticos para destrozar los derechos que tenemos».
La mayoría sindical vasca recordó que «se busca cualquier excusa para atacar los derechos de los trabajadores». Recordaron los casos de MetroBilbao, Eusko Tren, sector de Limpiezas o comedores escolares. Y criticaron el nuevo intento de modificar la ley de huelga.