El pasado 13 de marzo, la magistrada titular del Juzgado de Instrucción Nº 8 de las Palmas de G.C., María Victoria Rosell, decidía procesar a cinco sindicalistas de Intersindical Canaria que, el 8 de marzo de 2012, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, protagonizaron una protesta pacífica consistente en desplegar una pancarta […]
El pasado 13 de marzo, la magistrada titular del Juzgado de Instrucción Nº 8 de las Palmas de G.C., María Victoria Rosell, decidía procesar a cinco sindicalistas de Intersindical Canaria que, el 8 de marzo de 2012, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, protagonizaron una protesta pacífica consistente en desplegar una pancarta con el lema «Mujeres de Canarias contra la Reforma Laboral» en las oficinas de la Confederación Canaria de Empresarios. La juez -miembro destacada de la Asociación «Jueces para la Democracia»– encausó también al colaborador de Canarias Semanal Cristóbal García Vera, por cubrir periodísticamente el acto reivindicativo filmándolo en vídeo.
De esta forma, Rosell estimaba la denuncia presentada por el lobby empresarial de Las Palmas, considerando que existían indicios de que las activistas sindicales habían cometido un presunto delito de «allanamiento de morada» y una «falta de lesiones»; y García Vera había incurrido en otro delito «contra la intimidad y la propia imagen» de los trabajadores de la CCE. Tras el auto dictado por María Victoria Rosell, transformando las diligencias previas que se seguían por estos hechos en un procedimiento abreviado, las actuaciones pasaron a manos del fiscal Miguel Pallarés Rodríguez. El responsable de decidir si, finalmente, se procedía a la apertura de juicio oral contra los imputados o, en caso contrario, de archivar el caso.
¿Allanamiento de un «centro de trabajo abierto al público»?
Paradójicamente, pese a calificar la CCE como un «centro de trabajo abierto al público» el fiscal Pallarés ha dictaminado la apertura de juicio oral contra las cinco sindicalistas, acusándolas de un delito de «allanamiento de domicilio de persona jurídica, previsto y penado en los arts. 203.2 del C.P».
En su relato de los hechos, basado en la instrucción de la magistrada Rosell, Miguel Pallarés señala que las sindicalistas, «movidas por un interés de protesta y manifestación contraria a la reforma laboral», entraron «pacíficamente» en la sede la Confederación Canaria de Empresarios con la intención de desplegar una pancarta desde una de las ventanas del edificio.
Posteriormente, el fiscal expone que las sindicalistas «fueron interceptadas por las personas que allí trabajaban, quienes les manifestaron su oposición a que permanecieran en las dependencias y desplegaran la pancarta». «A pesar de la fuerte resistencia de estas personas, incluso superando la oposición de quien llegó a coger la pancarta -continúa Pallarés- lograron zafarse, consiguiendo su propósito».
Por otro lado, el fiscal desestima la denuncia presentada por este último trabajador que trató de impedir la consecución del acto reivindicativo y, posteriormente, manifestó que había sido «lesionado» por las sindicalistas, presentando «excoriación (rozadura) en un antebrazo». «No ha quedado suficientemente acreditado -asegura Pallarés– quién, de las acusadas, causó dichas lesiones y no ha quedado acreditado que el ánimo que movía a las acusadas fuera lesionar, sino vencer su resistencia para poder llevar a cabo la protesta».
Sin embargo, y contrariamente a lo que cabría esperar de la inocuidad de los hechos narrados por el propio fiscal, éste dictamina que «procede imponer a cada una de las acusadas las penas de UN AÑO DE PRISIÓN, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y abono de las costas».
Sobreseimiento provisional de las actuaciones contra el colaborador de Canarias Semanal
El 16 del presente mes, Pallarés Rodríguez emitía su pronunciamiento oficial al respecto. En el caso del colaborador de Canarias Semanal -y contrariamente a los «indicios» apreciados por la juez Rosell-, el fiscal encargado del proceso ha dictaminado «el sobreseimiento provisional de las presentes actuaciones, al entender que no existe base probatoria suficiente para sostener la acusación contra el imputado Cristóbal García Vera«.
Según Miguel Pallarés «de lo actuado se pone de manifiesto que esta persona no actúa movida por ninguna de las finalidades que ha de perseguir el aturo del delito que podría imputarse del artículo 187, descubrir los secretos o vulnerar la intimidad». Y «su objetivo es informativo, dar cuenta de la actuación de unas trabajadoras sindicalistas…».
Además, el fiscal considera que «teniendo en cuenta que la grabación realizada por éste fue remitida a los medios de comunicación se pone de manifiesto que, en el presente caso, cabe primar el derecho a informar y difundir información que, en su caso, la posible vulneración del derecho a la intimidad ya que las imágenes fueron captadas en el centro de trabajo abierto al público…».
Con el injustificable silencio de la mayoría de las organizaciones de izquierda del archipiélago
«Creo que salta a la vista para cualquiera la injusticia del caso. Mientras los banqueros, empresarios y políticos corruptos campan por sus respetos se pretende mandar a la cárcel a unas mujeres solo por reclamar sus derechos en la sede de la patronal«, manifiesta al respecto a Canarias Semanal un viejo sindicalista que en su día pudo comprobar la dureza de las cárceles franquistas.
«El objetivo que se pretende conseguir criminalizando la protesta social -añade este veterano luchador – también es evidente: amedrentar a la gente para que nadie se atreva a levantar la cabeza ante los terribles atropellos que están sufriendo las clases trabajadoras en las Islas y en el conjunto del Estado».
«Solo hay una manera de resistir a estos ataques, y a los que están por llegar, mediante la solidaridad masiva y activa. Si esta solidaridad no existe -concluye convencido- estamos todos condenados a sufrir la nueva servidumbre que se nos pretende imponer».
Hasta el momento en que redactamos las presentes líneas, no obstante, el caso de las cinco sindicalistas procesadas ha sido recibido con el más sonoro de los silencios por parte de la mayoría de las organizaciones de la izquierda canaria. Solamente se han pronunciado al respecto, para expresar su apoyo a las encausadas, la formación eco-socialista tinerfeña Sí se puede y el Frente Sindical Obrero de Canarias (FSOC).
Pareciera, pues, como si los restantes sindicatos, partidos políticos y colectivos ignorasen las más elementales obligaciones morales de aquellos que dicen estar comprometidos con la causa de la emancipación social. Absoluta y terrible actualidad, en suma, la que continúan teniendo aquellos célebres versos que advierten sobre el final que puede reservar el sistema a quienes prefieren mirar hacia otro lado, con la esperanza de mantenerse a salvo de su represión:
«Primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista.
Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío.
Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista.
Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante.
Luego vinieron por mí pero, para entonces, ya no quedaba nadie que dijera nada».
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