Casi en su despedida, el gobierno derechista chileno de Sebastián Piñera provocó una controversia con Argentina, pretendiendo territorios argentinos ya laudados hace más de 30 años, con la doble intención de desviar la atención del pueblo chileno de la grave crisis y el descalabro derechista de cara a los comicios presidenciales y de tratar de favorecer a los candidatos derechista argentinos en la contienda interna del vecino país.
La pretensión es funcional al avance y las provocaciones de las derechas de ambos países, es una típica provocación orquestada, en la que los medios hegemónicos no son inocentes sino cómplices, y aprovechan la anomia de un gobierno argentino que sigue dejando en claro la ausencia y desorientación comunicacional en medio de una campaña electoral de cara a las elecciones internas del 12 de setiembre y a las legislativas de noviembre próximo.
Obviamente, lo que intenta Piñera es desviar la atención del pueblo chileno, que tomó la calles desde el estallido de octubre de 2019, hoy en pleno proceso de Convención Constituyente y elecciones nacionales, en las cuales se le hace difícil lograr una candidato único de la derecha y, a la vez, darle una mano a los candidatos de la derecha neoliberal argentina y sus socios del macrismo.
Argentina sostiene que Chile pretende adueñarse de parte de su plataforma marítima y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos, espacio marítimo que forma parte del Patrimonio Común de la Humanidad de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, luego de comprobar que Santiago estableció nuevos límites, que se superponen con los argentinos, en el extremo sur de los territorios limítrofes de ambos países.
La cancillería argentina planteó que un eventual conflicto debe zanjarse “a través del diálogo”, pero advirtió que “la pretensión chilena no es aceptable” La declaración puntualizó que la medida del gobierno chileno “pretende proyectar la plataforma continental al Este del meridiano 67º 16’ 0, lo cual claramente no condice con el Tratado de Paz y Amistad celebrado entre ambos países en 1984”.
Y añadió que “el límite exterior de la plataforma continental argentina en esta zona se refleja en la Ley Nacional 27.557, aprobada el 4 de agosto de 2020 por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso de la Nación y promulgada por el Poder Ejecutivo el 24 de agosto de ese mismo año”.
El presidente chileno Sebastián Piñera utilizó al matutino conservador El Mercurio para señalar que “lo que Chile está haciendo es ejercer su derecho y declarar su plataforma continental”. Luego, desde el palacio de La Moneda, el canciller Andrés Allamand, también se refirió al reclamo argentino y afirmó que se contactará con su par argentino Felipe Solá, para resolver el tema a través del “diálogo diplomático”.
«Nadie se apropia de lo que le pertenece. La zona señalada, la llamada plataforma continental jurídica, que llega hasta las 200 millas, le pertenece a Chile de pleno derecho desde el principio simplemente porque tenemos la calidad de Estado ribereño», sostuvo el funcionario.
Aun así, Allamand señaló que la acción de actualizar la Carta Náutica 8 fue conversada previamente “con la expresidenta [Michelle] Bachelet, los expresidentes [Ricardo] Lagos, [Eduardo] Frei Ruiz-Tagle y todos los cancilleres de las distintas administraciones a las que he hecho referencia, quienes coincidieron en respaldar esta gestión”, aseguró.
Y, en esa línea, expresó que “Chile quiere dejar establecido que no concuerda con la Cancillería argentina con que la actualización de la Carta [Náutica] 8 pretenda apropiarse de una parte de la plataforma continental extendida argentina y de un área de fondos marinos y oceánicos, que son patrimonio común de la humanidad”.
Antecedentes: el canal de Beagle
El conflicto del Beagle fue una disputa territorial entre ambos países sobre la determinación de la traza de la boca oriental del canal Beagle, que afectaba la soberanía de las islas ubicadas dentro y al sur del canal, y al este del meridiano del Cabo de Hornos y sus espacios marítimos adyacentes. Cabe destacar que ambos países vivían bajo dictaduras militares.
A pesar del pequeño tamaño de las islas, su valor estratégico entre los océanos Atlántico y Pacífico originó un largo conflicto, centrado en la disputa por la soberanía de las islas y de los derechos oceánicos generados por ellas a Chile. El gobierno militar argentino rechazó el fallo declarándolo «insanablemente nulo». Luego reactivó sus reclamaciones hasta el Cabo de Hornos, incluyendo en la disputa a parte de las Islas Sollaston, Hemite y la parte oriental de la isla de Hornos, poniendo a ambos países al borde de una guerra.
El conflicto llegó a su punto culminante el 22 de diciembre de 1978 cuando la Junta Militar argenitna ordenó la invasión de las islas en disputa, retractándose de su ejecución, cuando el choque armado era inminente, y aceptando la intervención mediadora del Vaticano que llevó a la firma del Tratado de Paz y Amistad, el 29 de noviembre de 1984, que solucionó el conflicto tras dos tercios de siglo de disputa.
El laudo vaticano otorgó las islas en la mitad norte del canal a la Argentina, y las islas en la mitad sur a Chile. Además el tratado fija un límite marítimo que reconoce a Chile sin nombrarlas todas las islas con costa atlántica hacia el sur y sudeste hasta el Cabo de Hornos.
Y concedió a la Argentina la mayor parte de la Zona Económica Exclusiva proyectada hacia el Atlántico, al sureste del meridiano del Cabo de Hornos, y a Chile la totalidad de la plataforma continental de las islas y la mayor parte de la Zona Económica Exclusiva proyectada hacia el Atlántico al noreste del mismo meridiano.
* Periodista chilena, asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)