La empresa municipal de vivienda ha considerado que el hijo del alcalde, la hija de un consejero de la Junta y el hijo de un ex delegado del Gobierno no tenían recursos. El Juzgado de Instrucción nº 3 de Valladolid ha iniciado diligencias por la denuncia presentada por la Asociación de Ciudadanos en Defensa de […]
La empresa municipal de vivienda ha considerado que el hijo del alcalde, la hija de un consejero de la Junta y el hijo de un ex delegado del Gobierno no tenían recursos.
El Juzgado de Instrucción nº 3 de Valladolid ha iniciado diligencias por la denuncia presentada por la Asociación de Ciudadanos en Defensa de la Vivienda Pública a raíz de la adjudicación de Viviendas de Protección Oficial (VPO) a hijos de altos cargos del PP.
Las irregularidades denunciadas se han producido en el nuevo barrio Villa del Prado, en unas viviendas promovidas por VIVA (Vivienda de Valladolid), una sociedad municipal presidida por el concejal de urbanismo, José Antonio García de Coca.
Las VPO, 134 en total, han salido a la venta a un precio de 114.663 euros cuando su valor en el mercado libre ronda los 300.000. Pese a que el fundamento de la VPO es facilitar el acceso a ellas a personas con recursos limitados, entre los beneficiarios figura un hijo del alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, una hija del Consejero de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, José Valín, y un hijo del ex delegado del Gobierno en Castilla y León, Isaías García Monje.
De la adjudicación de las VPO se encargó la propia empresa constructora sin sorteo, tras miles de solicitudes. Las tres viviendas objeto de polémica, construidas por la empresa Zarzuela, se encuentran en la misma parcela y tienen 98 m2, trastero y plaza de garaje.
Debido a los indicios de que otras VPO se han adjudicado a amigos de los hijos de los socios de la constructora, la Asociación de Ciudadanos en Defensa de la Vivienda Pública exige la formación de una comisión de investigación y que la adjudicación de VPO esté sometida a publicidad, concurrencia y transparencia. Para ello ha iniciado una recogida de firmas y ha presentado la denuncia judicial. Entre las quejas y testimonios recogidos por esta asociación figura el de solicitantes de VPO a los que se les exigía 18.000 euros de más en dinero negro.
García de Coca se ha negado a facilitar la lista de solicitantes y adjudicatarios de las VPO, salvo que se lo exija el juez, alegando que vulnera la Ley de Protección de Datos. Pero esos datos se han usado, pues los solicitantes recibieron cheques de 6.000 euros para la compra de viviendas en el mercado libre.
Tras conocerse los tres casos señalados comenzaron a aparecer cartas en los medios de personas a las que se les ha negado una VPO por no cumplir los requisitos, principalmente no carecer de medios para sufragarse una vivienda en el mercado libre. Entre estos testimonios destaca el de una familia a la que se le alegó que el padre de ella tenía una tienda, o el de una mujer viuda con una hija discapacitada a cargo, a la que se le dijo que su marido había trabajado en Fasa-Renault.
Algunas VPO llevan meses adjudicadas sin que hayan sido ocupadas, lo que se está saldando con multas ridículas de tan sólo 1.500 euros.