El actual Gobierno debe ser consciente que, para la aprobación de las reformas institucionales que requiere la nación, para construir equidad socioeconómica y alcanzar desarrollo tecnológico, económico, industrial y social, que las sustenten; tiene que enfrentar la mezquindad mental y emocional, la mediocridad y la precariedad de la condición humana de los dueños de la riqueza y el capital y usufructuarios de los poderes público, que sustenta el Régimen institucional, que ha gobernado por más de doscientos años, a Colombia. Es clave y sin ello, las perspectivas son dudosas. Y lo primero que debe atacar y extirpar es el cáncer de la corrupción.
Toda reforma, debe prever y estructurar ordenamientos específicos, para enfrentar el cáncer de la corrupción, en todos los niveles del poder público.
La corrupción en el manejo de los recursos públicos, por los niveles alcanzados y la tolerancia institucional y social que la coadyuva, impiden el desarrollo nacional y estimula la cultura mafiosa, que ya permea a toda las estratos de la sociedad colombiana.
Donde se coloca el dedo sale pus, expresó en 2013 el expresidente colombiano J M. Santos, al referirse al flagelo de la corrupción, pero nada hizo para extirpar ese cáncer y hasta el presente, los gobiernos siguientes, no encuentran antídoto para esa infección ética, moral, social y fiscal.
En el caso del Huila y sus municipios, el reciente informe de la Contraloría General de la Nación, sobre corrupción en contratación pública, constituye una radiografía aterradora, sobre el manejo de los dineros púbicos. Pero muy pocos se inmuta y menos los gobernantes de turno, la clase política y las organizaciones económico-sociales. La corrupción es ya parte del paisaje nacional.
Ese es un cáncer socioeconómico-fiscal que socava e impide el desarrollo integral nacional.
De acuerdo con conclusiones de entes de control e investigaciones particulares, el Estado pierde o deja robar de los corruptos, más de $60 billones anules, equivalentes a cuatro reformas tributarias del actual Gobierno y más del déficit fiscal.
El cáncer de la corrupción es posible extirparlo. Se requieren reglamentos precisos y sanciones contundentes y sumarias, para los responsables de actos de corrupción. Pero el actual Gobierno, parece que no le importan las consecuencias de la corrupción pública y privada.
El instrumento más efectivo para las prácticas corruptas y saque de los recursos públicos, es la contratación pública.
Para erradicarla, es imprescindible adoptar un Estatuto Único de Contratación. Un nuevo ordenamiento legal sobre Contratación Pública, debe ser obligatorio para todas las entidades que manejan recursos públicos y contratan obras y servicios.
Debe ser concreto, preciso y racional, no como el actual Estatuto de Contratación o el sofisma del llamado “Pliego Único”, con el “Mico” de la puntuación para la selección de proponente y restringido a infraestructura vial. Otro sofisma de distracción.
El Estatuto de Contratación debe precisar y ordenar que, todo funcionario y/o proponente denunciado por actos de corrupción debe ser separado del cargo y/o del contrato correspondiente suspendido, a partir de la imputación de cargos.
El funcionario público y el respectivo contratista, al ser declarados culpables (persona natural o socios de persona jurídica), deben ser inhabilitados indefinidamente para ejercer funciones públicas y contratar con el estado.
El contratista, como persona natural o los socios de persona jurídica, declarados culpables, y los integrantes de consorcios, deben ser inhabilitado indefinidamente para contratar con entidad pública, en consorcio, unión temporal o integrante de persona jurídica. Además, todo investigado por actos de corrupción, debe ser investigado, de oficio, por enriquecimiento ilícito.
Las condiciones para participar en convocatorias para contratar con el estado, deben garantizar amplia participación de potenciales proponentes.
La evaluación y clasificación de propuestas, solo debe hacerse por cumplimiento de requisitos habilitantes para participar y clasificar, sin puntajes en todos los casos.
Ordenar que en todos los casos, debe haber mínimo cinco propuestas hábiles, como resultado de la evaluación, en toda convocatoria. En caso contrario debe repetirse el proceso.
La adjudicación debe hacerse solamente con balotas, entre los proponentes habilitados.
Debe ordenar que todo contrato de obra o prestación de servicios, en el sector oficial, debe ser firmado por el Jefe de Gobierno o jefe o gerente de entidad descentralizada.
Toda entidad oficial, que contrate obras o servicios, debe tener base de precios unitarios actualizados anualmente y debe someterlos a aprobación de la Contraloría General de la República, anualmente.
Lo que se plantea y sugiere aquí, es sencillo de precisar y aplicar, pero tiene abierta oposición de politiqueros, clientelistas, burócratas y delincuentes de cuello blanco y congresistas, muchos funcionarios incrustados en el servicio público.
Por las actitudes, posición e indiferencia de congresistas y por la percepción y resultados de debates y aprobación de normas de control contra la corrupción, debe concluirse que la única vía rápida para implementar cambios concretos en el sistema de contratación pública, debe ser mediante facultades extraordinarias, al Sr. Presidente de la República, para que con apoyo irrestricto de los Entes Nacionales de Control, estructure y promulgue un nuevo Estatuto General de la Contratación, mediante Decreto Ley, que contenga disposiciones como las sugeridas.
El mismo decreto ley, debe derogar toda la normatividad sobre contratación vigente. Debe precisar, procedimientos, términos y controles, que acaben con todas las mañas que están utilizando ordenadores del gasto y proponentes, para saquear el presupuesto público, a través de la contratación, aplicable a toda entidad que maneje dineros públicos, sin ninguna excepción.
La contratación pública es la vena rota del fisco nacional, no debemos ignorarlo u ocultarlo.
La estructuración de ese Nuevo Estatuto, debe hacerla una comisión especial, integrada por personas de amplio conocimiento y experiencia en análisis de costos, especificaciones técnicas, programación de inversión y desarrollo de proyectos, entre otros.
Es un asunto de interés nacional, de tanta trascendencia, que no se debe confiar solamente a abogados, economistas, administradores, filósofos, poetas, artistas, lagartos, politiqueros y habituales burócratas paracaidistas. Es un asunto específicamente técnico, en el que debe imperar el interés general, la ética y la moral.
Debió ser la primera decisión del presidente Petro. Parece que lo tienen trastornados los variopintos acuerdos partidistas y los tintos aguados.
Adicionalmente, si considera o prueba que es imposible lograr aprobación de un nuevo estatuto de contratación y le niegan facultades para adoptarlo por Decreto Ley, puede y debe recurrir a los mecanismos de participación ciudadana, y a través del Constituyente Primario y mediante los recursos constitucionales procedimentales vigentes, lograr la aprobación y vigencia del Estatuto de Contratación necesario para suturar la hemorragia fiscal, que desde hace muchos años, ocasiona la corrupción administrativa, a los presupuestos públicos, en Colombia.
Solicitar facultades extraordinarias al Congreso o convocar al Constituyente Primario, para desarrollar los procedimientos legales para institucionalizar y aplicar un Nuevo Estatuto de Contratación, es un desafío, tan urgente e inaplazable, como declarar la Emergencia nacional, por inseguridad ciudadana para prohibir totalmente el porte de todo tipo de armas e institucionalizar normas que efectivicen la sanción a los delincuente, que violan los derechos a la vida, honra y bienes de muchos colombianos 25-11-2023
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.