Al final ha pasado lo que se veía venir desde un principio, la ética política perdió las elecciones en Castilla y León en las elecciones del 13 de marzo de este año y esa derrota de la ética se consolida con el pacto de legislatura entre el Partido de la Corrupción, el PP, y el Partido de la ultraderecha.
La culpa, obviamente, la tiene el PSOE en palabras del nuevo líder in pectore centrista, Alberto Núñez Feijóo, al estilo de progresismo blandido, por ejemplo, por Ruiz Gallardón. El PSOE tiene muchas culpas, pero no la tiene respecto a las corrupciones del PP, ni a nivel estatal, ni a nivel regional.
Pedir al PSOE que cerrara el paso a Vox, tal y como vergonzosamente hizo con la investidura de Rajoy —también, él y su partido, acosados por la corrupción—, en el 2016 y con la defenestración de Pedro Sánchez, parecía una inasumible dosis de blanqueo que, por ahora, sólo puede garantizar Vox en el PP.
La investidura de Fernández Mañueco constituye una doble sesión de blanqueo. Del PP a Vox y de Vox al PP. El PP, otro partido que ha hecho de los valores su estandarte ideológico, blanquea y normaliza a Vox con la vicepresidencia de la Junta en Valladolid, tres consejeros, la presidencia de las Cortes regionales y una secretaría. Eso sí que es poner en valor a 13 diputados de 81.
Pero Vox, a quien no dan asco, entre otras cosas, la xenofobia, la homofobia (y, por extensión, todas las fobias ligadas a todo lo que no sea el matrimonio tradicional), la deliberación democrática y tormentas por el estilo, no tiene ningún inconveniente en blanquear un partido recosido, también en Castilla y León, por la corrupción. Quizás esperan, sin entrar en su oscura financiación y como ya ha sucedido con algún dirigente, por ejemplo, en Andalucía, estar a la altura de sus compañeros de gobierno y no quedarse atrás en este terreno. Quizás.
Por parte del PP, blanquear a Vox, pese a las lágrimas de cocodrilo de Donald Tusk, es lo más normal del mundo. No es el primer aval a la ultraderecha por parte de dichos conservadores, ni a escala regional ni a escala europea, como algunos mal informados nos quieren hacer creer: Austria, primera y reincidente, Noruega, Dinamarca, Italia… son ejemplos de ello. Por otro lado, sus coristas de servicio ven más que normal, incluso conveniente, que el centroderecha (¿dónde está la derecha para esa gente?), empiece a forjar una alianza que permita desahuciar al gobierno social-comunista-separatista [Nota 1: después de que Biden haya llamado a la puerta de Maduro para comprarle petróleo, ya no se puede llamar bolivariano. Nota 2: tras la confirmación de la condena de la Audiencia de Guipúzcoa a A3 TV, al reconocer el derecho a rectificación por la falsa noticia de que HB-Bildu tenía sobre sus espaldas la muerte de muchos españoles, es decir, que eran terroristas, ya no es seguro emplear ese calificativo referido al gobierno].
O dicho de otra forma, aquellos sectores de la derecha que no le dan ascos a trabajar conjuntamente con Vox, será porque comparten muchos puntos en común. Como, por ejemplo, romper la igualdad entre los hombres y las mujeres, profundizar en la desigualdad entre convivientes en España, sea cual sea su origen geográfico o étnico o su estatus o su ideología. Sin mencionar su repugnancia por todo tipo de disidencia, por salir de Europa o por abogar por la supresión de las autonomías, empezando con un 155 permanente y total para Cataluña.
Por su parte, Vox blanquea al PP en materia de corrupción. Además de su silencio en el Ayusogate, que no deja de crecer, en Castilla y León tiene un panorama que puede plasmarse en los tres procesos judiciales en marcha. Uno afecta directamente a Mañueco. En efecto, en las primarias de 2017 en la candidatura popular en la Junta, salió el propio Mañueco, alcalde de Salamanca, en contra de otro candidato, lo previsto. Según las actuaciones judiciales, el revolcón electoral fue posible por la aportación de 60.000 euros, el importe de cuotas pendientes de militantes, que al recuperar el derecho de voto interno, votaron a Mañueco. El presidente de la Junta no está investigado, pero sí lo están por financiación ilegal del partido dos miembros del PP charro y el partido como persona jurídica.
En segundo lugar, próximamente se verán dos jugosos procedimientos por extorsiones y fraudes a raudales con importantes —por millonarias— malversaciones. Uno, el caso de la Trama Eólica, que afecta a subordinados del ya traspasado consejero de economía de la Junta de Herrera, Tomás Villanueva. El otro, el juicio del Caso Perla Negra, que comienza el próximo lunes donde está imputada la cúpula de la Consejería de Economía del 2013, por trapicheos torpes y generadores de importantes beneficios ilícitos con la misma sede de Economía de la Junta.
Éstos son los dos representantes de la ética política más genuinamente desvergonzada. Parece que pese a las palabras del nuevo líder in pectore del PP, Feijóo, el PSOE ninguna culpa tiene por no querer contribuir a entronizar un gobierno minoritario y en solitario de la tropa popular. Pero no sólo eso: la oferta, diktat más bien, del PP al PSOE y lanzarse, al fin y al cabo, en brazos de Vox, no tiene otra explicación, voluntades indudables aparte, que el pánico a convocar nuevas elecciones donde, con cierto grado de probabilidad, el PP podría haber sufrido un bajón de los que crean afición a manos de sus actuales socios.
En resumen: esto es el aperitivo del nuevo PP del centrista Feijóo que nos aguarda.
Joan J. Queralt es catedrático de Derecho Penal en la Universitat de Barcelona, miembro del Col·lectiu Praga y colaborador de numerosos medios de comunicación.
Fuente: https://sinpermiso.info/textos/por-campos-de-castilla-y-leon