Lleva casi dos años como portavoz de la Diputación foral de Gipuzkoa y diputada de Movilidad e Infraestructuras viarias. Ahora presenta el anteproyecto de norma foral sobre condiciones laborales con el que la institución busca garantizar que las obras públicas del territorio cumplen el convenio. El próximo 21 de mayo, previsiblemente, el Consejo de Diputados […]
Lleva casi dos años como portavoz de la Diputación foral de Gipuzkoa y diputada de Movilidad e Infraestructuras viarias. Ahora presenta el anteproyecto de norma foral sobre condiciones laborales con el que la institución busca garantizar que las obras públicas del territorio cumplen el convenio.
El próximo 21 de mayo, previsiblemente, el Consejo de Diputados de Gipuzkoa aprobará el anteproyecto de norma foral sobre condiciones laborales que después deberá ser refrendado en las Juntas Generales, para lo que Ugarte percibe una actitud «positiva». Diputación pretende así garantizar el cumplimiento del convenio colectivo en las obras públicas en el que califica como un primer paso hacia unos servicios y empleos públicos de calidad.
¿Cuáles son los aspectos a destacar de la norma foral sobre condiciones laborales?
Los aspectos generales son el cumplimiento del convenio colectivo, de las normas de prevención y seguridad en el puesto de trabajo y aspectos relativos a conciliación de la vida laboral y familiar y planes de igualdad. El objetivo es incluir las cláusulas sociales que normalmente suelen estar aparte de estos contratos como cláusulas esenciales de los propios contratos e incluirlos en los pliegos administrativos cuando vayamos a sacar los contratos.
¿Qué novedad supone esta normativa tanto en materia laboral como en materia de gestión por parte de la Diputación?
Esto supone un cambio radical en la concepción que tiene la Administración a la hora de contratar, porque al final la Administración se autoerige en garante de los derechos de los trabajadores aún sin tener competencias en materia laboral.
Hasta ahora la filosofía era, «tienes que cumplir el convenio pero eso no va conmigo». Nosotros lo que decimos es que si vamos a utilizar dinero público para hacer una obra, debemos controlar que ese dinero está bien empleado en todos los ámbitos, también en el ámbito de los derechos de los trabajadores.
Se habla de la precariedad en la construcción. ¿Tienen constancia de que hasta ahora no se respetaba el convenio?
Hemos hablado con mucha gente que proviene del sector de la construcción y hemos sido conocedores de lo que ha venido pasando en los últimos años. Sabemos que se han subcontratado muchas empresas con gente de fuera para no cumplir con el convenio de Gipuzkoa, que ha habido gente en barracones, que ha habido muertos en las obras del TAV… pero nadie aporta datos. Nunca se ha arrojado luz de la realidad existente, pero sí hemos podido palpar a través de gente que ha trabajado en el sector que se ha actuado de manera muy temeraria con respecto a los trabajadores, tanto en temas de seguridad y salud, como de salarios, jornadas…
La norma incide también en el deber de las empresas subcontratadas a la hora de cumplir con el convenio. ¿A qué se debe?
Se ha subcontratado mucho y el campo de la subcontratación ha estado muy oculto. Nadie sabía a ciencia cierta lo que pasaba, pero existen datos de la autoridad laboral y sentencias sobre que no se han abonado salarios a trabajadores etc. La Diputación tiene el contrato con la UTE adjudicataria pero luego nunca se han controlado las contrataciones que ésta ha hecho.
Hemos querido regularizar el nivel de subcontratación porque es un campo donde sí que se produce un ahorro muy importante para los contratistas. Contratan empresas que pagan poquísimo a los trabajadores y es por esa vía por la que ahorran y garantizan el margen de beneficio de las constructoras.
¿Creen que la comisión de control y las sanciones contribuirán al cumplimiento de la norma?
Sí, porque son unas sanciones muy importantes. Planteamos que las infracciones en la normativa laboral llevarán sanciones de un 4% en el caso de las leves, entre un 4 y un 7% en infracciones graves y hasta un 10% en infracciones muy graves. Eso puede suponer que por no abonar unos salarios durante unos meses tengas que pagar hasta un 10% del presupuesto al que has licitado. Una sanción de estas puede suponer que el contrato sea un desastre, por tanto, yo creo que sí va a ser disuasorio para las empresas.
¿Prevén mediar o legislar en otros sectores donde la Diputación tenga competencia?
El objetivo en el que está trabajando la Diputación es conseguir que la calidad del empleo y el empleo digno se mantenga en los términos que se ha mantenido e incluso se mejore. Planteamos que, para salir de la crisis, lo que está haciendo Rajoy es contrario a las recetas que plantearíamos nosotros. Rebajar el poder adquisitivo de la clase trabajadora, perjudicar sus niveles de renta, y subir impuestos por igual a todos… son medidas contrarias a nuestra filosofía y nuestra praxis política.
Todos aquellos que trabajan para nosotros tienen que tener un empleo de calidad y un convenio colectivo fruto de una negociación colectiva.
¿El papel adoptado en el conflicto de las residencias de la tercera edad va en esa línea?
Nosotros no queremos que las trabajadoras estén trabajando por una media de 400 euros menos al mes y hagan 200 horas más al año para que la empresa tenga más margen de beneficio. Eso además redunda en la calidad del servicio. Queremos un servicio de calidad, es un servicio prestado por empresas o entidades sin ánimo de lucro pero al final trabajan para la Diputación, son trabajadoras que están ofreciendo un servicio público y entendemos que el sector público tiene que ofrecer un servicio de calidad y para ello las condiciones laborales se tienen que cumplir.
Adegi [la patronal gipuzkoana] ha respondido con una demanda contra Diputación. ¿Cómo valoran esta reacción?
Somos muy críticos. Entendemos que hay unas fuerzas ahí, Adegi y otra serie de lobbys, que han visto la luz con esta reforma. Han visto la posibilidad de aumentar sus márgenes de beneficio a costa de la clase trabajadora y en lo que está en nuestras manos no lo vamos a permitir, y mucho menos que hagan acopio de dinero público.
La Diputación tiene la obligación moral y política de pagar como debe ser a las trabajadoras que están prestando ese servicio público. Confiamos en la capacidad que tiene la Diputación de actuar en pro de los servicios que quiere prestar y los derechos de todas esas trabajadoras. Entendemos que es una situación que se tiene que desbloquear y la clave está en la voluntad de negociación.