Doce personas imputadas y siete encarceladas. El renovado Código Penal contempla para el delito del que se les acusa penas de entre 10 y 15 años. Ese Código Penal que entró en vigor al mismo tiempo que la Ley Mordaza, ese que fue reformado a los cuatro años de que ETA anunciase que abandonaba definitivamente […]
Doce personas imputadas y siete encarceladas. El renovado Código Penal contempla para el delito del que se les acusa penas de entre 10 y 15 años. Ese Código Penal que entró en vigor al mismo tiempo que la Ley Mordaza, ese que fue reformado a los cuatro años de que ETA anunciase que abandonaba definitivamente las armas. La jueza Carmen Lamela considera de justicia etiquetar aquella pelea de terrorismo y que estos jóvenes penen ese largo tiempo en una celda.
Contexto: Superpoblación estructural de policías y militares que actúan bajo lógica de ocupación y «pacificación» de territorio enemigo. Escena: Una taberna de un pueblo en fiestas, altas horas de la madrugada, dos Guardias Civiles amenazando -por enésima vez- a vecinas y vecinos. Desenlace: Pelea entre los militares y varias personas.
A partir de ese momento, encadenamiento demente de lógicas y mecanismos de excepción: ocupación militar masiva del pueblo; linchamiento mediático; criminalizacion directa por parte de los sectores políticos más extremistas; criminalización indirecta de sectores políticos que pretenden situarse en la neutralidad; salto mortal, de pelea a terrorismo y de justicia ordinaria a tribunales de excepción; detención mediática y de madrugada de jóvenes que se habían presentado previamente y de manera voluntaria en los juzgados dispuestos a prestar declaración; encarcelamiento preventivo «por riesgo de fuga» de jóvenes que se habían presentado previamente y de manera voluntaria en los juzgados dispuestos a prestar declaración; un sumario que cataloga como terrorismo «actitudes provocativas, manifestaciones, concentraciones, pintadas, pancartas, carteles, vídeos y utilización de redes» contra la Guardia Civil; peticiones de entre 10 y 15 años de cárcel sin siquiera dar opción a la defensa de presentar sus pruebas; clásica pirueta, de la necesidad de que quien acuse pruebe el delito a la obligación del acusado de probar su inocencia; señalamiento judicial y mediático de la reivindicación Alde Hemendik (que se vayan); señalamiento, de paso, del medio de comunicación Ahotsa; ¿una puerta abierta a la ilegalización del movimiento Ospa!?
Han transcurrido ya cinco años desde que las únicas violencias políticas organizadas visibles son las de los Estados o distintas administraciones. Fue entonces cuando nació el movimiento Eleak, y desde entonces no hemos dejado de repetir la misma idea: no podemos conformarnos con que no nos apliquen las herramientas de excepción desarrolladas durante décadas de conflicto armado, ni con su «flexibilización». Tribunales de excepción, leyes anti-terroristas, incomunicación… todo eso (y más) debe desaparecer del ordenamiento jurídico. Igual que la Guardia Civil de Euskal Herria.
Mientras no lo logremos, el mejor escenario posible será el limitado por las libertades formales de una democracia de pésima calidad. Eso sí, con el miedo constante de que la espada de Damocles de la excepcionalidad nos vuelva a rebanar el cuello en cualquier momento. Sea por puro placer, por la simple dificultad de cambiar costumbres, o por que desarrollemos potencias populares capaces de poner en cuestión su modelo de sociedad (ese día, no lo dudemos, nos aplicarían masivamente medidas de excepción).
El respeto a nuestras libertades básicas no nos llegará del cielo. Si no de una lucha que sepa condimentar adecuadamente múltiples ingredientes. El dolor y la rabia que se nos imponen hoy, compromiso, imaginación, ternura hacia Ainara, Aritz, Edurne, Adur, Jokin, Iñaki, Oihan, Julen, Jon Ander, Aratz y las dos personas menores, firmeza ante los agresores, apoyos amplios, desobediencia, ese humor que se nos presenta hoy tan lejano y otros.
Es absurdo pretender hacer vegetariano al lobo, vano pedir al nogal otro fruto que no sean nueces, pura ensoñación tratar de mezclar agua y aceite. Sería una ensoñación absurda y vana quedarnos a la espera de que llegue el día en que los estados desactiven su gigantesco arsenal de excepcionalidad contra las disidencias por propia voluntad, a la espera de que la Guardia Civil construya una convivencia respetuosa con las vecinas y vecinos de Sakana y Altsasu. Y, al igual que en otras dimensiones, si la convivencia no parte del respeto, mejor cada cual por su lado. Ospa!
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