Durante estos pasados días, se ha celebrado la cumbre hispano-marroquí (Reunión de Alto Nivel), llegándose a determinados acuerdos y una declaración que, según el presidente del Gobierno español, viene a consolidar la nueva etapa en las relaciones. Lo que ha ocultado es que significa una nueva traición hacia el pueblo saharaui.
Mientras el gobierno, en una declaración sin preguntas, se ha felicitado por el éxito de la reunión, destacando que los dos países han iniciado una nueva etapa en la relación, sustentada en una genuina cooperación como nunca antes había existido; la oposición se muestra en desacuerdo. Al presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, no le gusta nada el cambio de posición del Gobierno, apuntando que el Congreso mayoritariamente manifestó su oposición.
El arco parlamentario de izquierda a derecha, cargó contra Sánchez, cuestionando con dureza su cambio de postura, promovida por el ministro de exteriores Albares. El PP exigió una vuelta a la neutralidad activa sobre el contencioso. Desde las formaciones independentistas acusaron al presidente de abandonar el Sáhara y de traicionar al pueblo saharaui. Pero las críticas más duras vinieron desde el seno del propio Gobierno.
Después de una profunda crisis diplomática, España y Marruecos se comprometieron a incrementar su cooperación, pese a las críticas contra el jefe de gobierno Pedro Sánchez, acusado por sus socios de coalición y por la oposición de ceder y dar una imagen de debilidad de España. Por su parte el primer ministro marroquí, Aziz Akhannouch, afirmó que las relaciones entre ambos países nunca habían alcanzado este nivel de cooperación y de coordinación. Desde hace casi un año, se esperaba el respaldo del gobierno de Sánchez a la solución que propugna para resolver el conflicto del Sáhara Occidental, pero ahora el régimen de Marruecos aprovecha la debilidad de España aspira a que el presidente del gobierno español le ayude a combatir a los saharauis con el que está en guerra desde el 13 de noviembre de 2020.
El primer ministro marroquí no nombró al Frente Polisario, pero las expresiones grupo separatista y milicias armadas, son las que emplean las autoridades de ocupación marroquíes para referirse al movimiento de liberación nacional saharaui. En cuanto al enfoque social al que alude, consiste, sobre todo, en ayudar a los refugiados de los campamentos saharauis cuando ya no sean gestionados por el Frente Polisario. La sola insinuación de que España colabore con Marruecos en la guerra de ocupación que mantiene con el Frente Polisario es muy grave y demuestra hasta donde llega la sumisión del gobierno español ante la autocracia marroquí para que se atreva a hacer este tipo de sugerencias, afirma el eurodiputado Miguel Urban.
El respaldo a la postura marroquí sobre el Sáhara a cambio de respeto a la soberanía española de Ceuta y Melilla, no está claro. Ese es, a grandes rasgos, el principal compromiso político y diplomático adquirido entre España y Marruecos durante la RAN. Los jefes de gobierno de ambos países se han encargado de dar voz a ese pacto, cada uno de ellos poniendo el énfasis en su propia reivindicación y obviando la del prójimo. El primer ministro marroquí ha hablado del Sáhara, al que Pedro Sánchez no ha mencionado. Lo mismo que ha ocurrido con Ceuta y Melilla, pero al revés.
Lo cierto es que miles de jóvenes del Sáhara Occidental sufren una privación total de los derechos humanos en flagrante violación del derecho internacional, debido a la continua ocupación por parte de Marruecos de este territorio. A pesar de la condena de la ocupación marroquí realizada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y la conclusión inequívoca de la Corte Internacional de Justicia, de que Marruecos nunca ejerció control sobre el territorio. Más de cuatro décadas de ocupación prolongada han pospuesto indefinidamente el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. La ocupación ha obligado a generaciones de saharauis a enfrentar la represión violenta, el desplazamiento prolongado y el exilio, la exclusión social y económica y la represión.
El Gobierno debe rechazar las propuestas de Marruecos y volver a la senda del respeto del derecho internacional que demanda el fin de la ocupación. Si un sátrapa ve debilidad en un gobierno, abusará, en opinión de Juan Carlos Monedero. La firmeza en la defensa de los derechos humanos es la mejor bandera para las relaciones internacionales. Hay que recordar el rechazo de los eurodiputados del PSOE en el Parlamento Europeo, votando en contra de la resolución que instaba a Marruecos a respetar los derechos humanos y a excarcelar a tres periodistas.
Abandonado por España, ocupado por Marruecos y añorado por los saharauis, el Sáhara Occidental es el último territorio en África pendiente de descolonización. Fue un 14 de noviembre de 1975, seis días antes de la muerte de Franco, cuando en Madrid se firmaron los Acuerdos Tripartitos, por los que el Reino de España entregaba unilateralmente la administración del Sáhara Occidental a una administración tripartita formada por España, Marruecos y Mauritania. Se consumaba la traición al pueblo saharaui y se abría una de las páginas más negra de la política exterior española.
El Sahara Occidental sigue siendo la última colonia del continente africano. Los gobernantes españoles han demostrado su incapacidad y cobardía en el ámbito internacional, que no son capaces de cerrar el proceso de descolonización. La colonización fue considerada por Naciones Unidas una lacra histórica de la humanidad, que produce sufrimiento y retroceso en el progreso de la convivencia humana.
El proceso de descolonización fue interrumpido en 1976, cuando España traicionó a los saharauis y Marruecos inició la ocupación. El territorio sigue ocupado casi en su totalidad por Marruecos, que lo llama sus Provincias Meridionales. La soberanía marroquí no es reconocida ni por las Naciones Unidas ni por ningún país del mundo y es rechazada por el Frente Polisario, que proclamó su independencia en 1976 creando la República Árabe Saharaui Democrática. Los Acuerdos de Madrid carecen de legitimidad legal y legitimidad democrática y son nulos de pleno derecho, en la medida en que los firmantes no tenían soberanía sobre los territorios ni sobre el pueblo y consagraron la apropiación por la fuerza del territorio saharaui, por parte de Marruecos.
Hay que seguir apostando por la Descolonización y la Independencia del Sáhara, es preciso que se emprendan nuevas acciones y medidas eficaces, de conformidad con el derecho internacional, para eliminar los obstáculos que impiden la plena realización del derecho a la libre determinación de los pueblos que viven bajo ocupación colonial y extranjera y que siguen afectando negativamente a su desarrollo económico y social.
Para la juventud saharaui, la falta de autodeterminación es el origen de las vulneraciones de derechos humanos. En el territorio ocupado, la discriminación y la manipulación de la educación socavan la posibilidad de recibir una educación libre, lo cual contribuye a su estigmatización y fomenta la polarización social. El sufrimiento de las familiar de las personas presas, está acompañado de la pérdida del aporte económico y acoso por parte de las autoridades. El concepto de nacionalidad resulta algo complejo para una población que lleva más de cuarenta años a la espera de un proceso de libre de determinación, a través del cual se pueda definir su estructura política. Son múltiples las clasificaciones de nacionalidad que se aplican a la población saharaui: saharaui, argelina, marroquí, española y apátrida.
La parte socialista del Gobierno ha preferido continuar supeditando el Derecho Internacional, el derecho a la Autodeterminación del pueblo saharaui a los intereses geoestratégicos y económicos, así valora el delegado del Polisario en España, Abdullah Arabi. La organización saharaui critica que el Ejecutivo de Sánchez esté supeditado a los deseos caprichosos de Marruecos. Según un comunicado de prensa emitido, no deberían ser incompatibles los intereses geoestratégicos y económicos, sino que su conjugación es a lo que debería aspirar cualquier país del sistema internacional multilateral actual. «Mientras no se permita ejercer al pueblo saharaui su derecho a la autodeterminación e independencia no cesará la escalada de tensiones en la región».
El Reino de Marruecos viola lo dispuesto en los Artículos 3 y 4 del Acta Constitutiva de la Unión Africana sobre el respeto de las fronteras existentes en el momento de la independencia, la prevención de la adquisición de territorio por la fuerza, así como la resolución de disputas por medios pacíficos. Marruecos es consciente de que su proyecto de expansión no tiene futuro en África y que la comunidad internacional no reconocerá su supuesta soberanía sobre el Sahara Occidental.
Solo existen dos posicionamientos posibles: el apoyo sin ambigüedades a los procesos políticos de Naciones Unidas y la Unión Africana para llegar a una solución política, justa y definitiva; o ignorar las imposiciones del Derecho Internacional y continuar supeditando los intereses de España a los deseos caprichosos del Reino de Marruecos. Pedro Sánchez y la política nefasta exterior del ministro Albares han optado por la segunda opción, para evitar todo lo que pueda ofender al reino alauita, contra los derechos del pueblo saharaui.
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