Fuente: ONIC Organizaciones populares, poblaciones indígenas, afros y comunidades campesinas de los departamentos del Cauca, Huila, Caldas y Valle del Cauca convocaron desde el 10 de marzo a la Minga Social por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz; ante los «más de mil acuerdos incumplidos durante décadas», […]
En una conferencia de prensa el 27 de marzo la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) hizo un llamamiento a la Minga Nacional por la Vida, que fue apoyada por 325 organizaciones sociales y políticas del país. «Es hora de actuar como un cuerpo, todos somos hojas de un mismo árbol», afirmaron; asimismo emplazaron al Gobierno a dialogar en el Resguardo Nasa Emberá Chami «La Delfina», en el municipio de Buenaventura (Valle del Cauca). Respecto a la Minga del Suroccidente, «han sido víctimas del brutal accionar del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional y de las fuerzas militares, así como de los continuos señalamientos del Ministerio de Defensa y el Fiscal de la Nación», explicaron los voceros. Al día siguiente la ONIC informaba de que el pueblo Awá en Nariño, los indígenas Pijao en Tolima y los U’wa en Boyacá se sumaron a las movilizaciones, que se extendieron a otros territorios; el 2 de abril las organizaciones dieron cuenta del asesinato -«a manos de la ESMAD»- del minguero Deiner Ceferino Yonda Camayo, en Cajibío.
El senador y expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, escribió en twitter sobre el «bloqueo» de la vía Panamericana durante 27 días: «Es preferible cerrar esa carretera dos años, mejorar y cuidar la alterna, que firmar acuerdos con la minga apoyada en el terrorismo». Los mingueros del Suroccidente, con los que el presidente Duque no accedió finalmente a reunirse, desbloquearon la vía Panamericana el 6 de abril y anunciaron que continuaban en asamblea permanente; asimismo la Minga Nacional informó que se había alcanzado un acuerdo en algunos puntos con el Gobierno, y que continuaban la lucha y las movilizaciones hasta el Paro Nacional del 25 de abril, convocado por 170 organizaciones contra el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, entre otros puntos.
El 12 de abril los voceros de la minga del Cauca alertaron de panfletos firmados por los paramilitares del «Bloque Sur» de las Águilas Negras, que amenazaban con perpetrar una «limpieza social». Ese día sujetos armados asesinaron en el municipio de Riosucio (Chocó) al defensor de derechos humanos y rector de la institución educativa indígena Jagual, Aquileo Mecheche Barahon («Aquileíto» fue uno de los líderes de la Minga que reunió a más de 400 indígenas de Riosucio y Carmen del Darién, que se desplazaron hasta Bogotá en noviembre de 2018, informó la Mesa Indígena del Chocó). El 16 de abril, en el contexto de la Minga Nacional, las 30 autoridades tradicionales del Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU) continuaban denunciando hostigamientos y amenazas de muerte.
María Raquel Trujillo forma parte de la ONIC, que cuenta con 47 filiales zonales y regionales en 28 departamentos de Colombia. La activista ha participado en un acto sobre «La protección de las personas defensoras», organizado por el Ayuntamiento de Valencia y la Coordinació Valenciana de Solidaritat amb Colombia. En septiembre de 2018, la Organización Regional Indígena Valle del Cauca (ORIVAC) demandó acompañamiento y seguimiento por las amenazas de paramilitares -vía mensajes de WhatsApp- contra María Raquel Trujillo, Luis Horacio Dagua y Nelson Choque, autoridades del Resguardo Indígena Triunfo Cristal Páez en el municipio de Florida (Valle del Cauca).
Trujillo subraya que, según el movimiento Defendamos la Paz, constituido en febrero por académicos, líderes sociales, políticos y víctimas del conflicto, 50 líderes de pueblos indígenas, comunidades campesinas y afrodescendientes fueron asesinados entre enero y mediados de abril de 2019 en Colombia (uno cada dos días); desde noviembre de 2016, cuando se firmaron los Acuerdos de La Habana entre el Gobierno y las FARC, la cifra se eleva a más de 500 líderes muertos. El pasado 5 de abril defensores de los derechos humanos denunciaron ante la Corte Penal Internacional de La Haya, tras una marcha que partió la semana anterior desde París, la impunidad de estos crímenes; María Raquel Trujillo añade que, con los objetivos de prevención y denuncia, entre el 28 de abril y el 3 de mayo se organiza el Refugio Humanitario por la Vida en Bogotá, en el que se espera la participación de 3.000 líderes sociales.
La Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), que agrupa a los 41 consejos de la región, es la autoridad étnica del pueblo negro y afrodescendiente del Norte del Cauca. El 15 de marzo se solidarizó con la Minga por la Defensa de la Vida, y se declaró en asamblea permanente en el municipio de Buenos Aires Cauca; comenzaron a movilizarse el primero de abril, a lo que efectivos del ESMAD respondieron con el lanzamiento «indiscriminado» de gases lacrimógenos en el la vereda San Francisco (Buenos Aires).
El pasado 9 de agosto la ACONC alertó de las amenazas de muerte a cuatro autoridades de la organización: Rosana Mejía, Víctor Hugo Moreno, Gary Escobar y Alfredo Bonilla. Rosana Mejía Caicedo participó en las jornadas de defensores organizadas en Valencia. En septiembre de 2016, la lideresa denunció que cinco ríos -Teta, Quinamayó, Mazamorrero, Palo y Cauca- estaban contaminados de cianuro y mercurio, como consecuencia de la minería ilegal; los productos químicos, arrojados para la extracción de oro, provocaban enfermedades en niños y mujeres embarazadas. En declaraciones recogidas por Caracol Radio, afirmó que cuando los comunitarios «salen a cerrar bocaminas, uno o dos días después aparecen volantes de presuntos grupos de autodefensas amenazando a quienes lo hicieron».
«Mientras no se apague el sol, la Minga no se rinde», decía una de las consignas en las movilizaciones de marzo y abril. La Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA) y la ONIC solicitaron, el pasado 19 de marzo, medidas de protección y una investigación a las autoridades estatales ante la situación de «confinamiento» y riesgo de desplazamiento «masivo» de 100 indígenas Awá de los resguardos de La Brava, Peña La Alegría e Inda Sabaleta, en el municipio de Tumaco (Nariño); la denuncia detallaba que las comunidades están en medio de la pugna entre actores armados que emergieron tras la desmovilización de las FARC.
En la nómina de víctimas figuran, asimismo, Clemencia Pai Pascal y Alejandro Pascal Pai -gobernador del resguardo Awá Pingullo Sardinero en el municipio de Barbacoas (Nariño)-, quienes sufrieron un atentado en su vivienda el 28 de diciembre que estuvo a punto de costarles la vida; a primeros de mes, cuatro encapuchados ultimaron en el resguardo de Palmar Imbi Medio a dos autoridades del Cabildo Mayor Awá de Ricaurte (Nariño)-Camawari, Héctor Ramiro García y Arturo García, e hirieron gravemente a cuatro comuneros; con un listado de 11 reivindicaciones («la madre tierra no es un objeto para explotar y mercantilizar», entre otras), el 27 de marzo los indígenas Awá-Camawari de Ricaurte se sumaron a la Minga en defensa de la vida. «El Awá es uno de los 38 pueblos indígenas en vía de exterminio físico y cultural, declarados en el Auto 004 de 2009 por la Corte Constitucional de Colombia», recuerda en Valencia Claudia Jimena Pai, miembro de UNIPA.
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