«En las crisis del mercado mundial, las contradicciones y los antagonismos de la producción capitalista estallan. Los defensores de este sistema, en vez de analizar en que consisten los elementos que entran en conflicto, se limitan a negar la catástrofe misma y, no obstante la repetición periódica, resisten en afirmar que si la producción se […]
«En las crisis del mercado mundial, las contradicciones y los antagonismos de la producción capitalista estallan. Los defensores de este sistema, en vez de analizar en que consisten los elementos que entran en conflicto, se limitan a negar la catástrofe misma y, no obstante la repetición periódica, resisten en afirmar que si la producción se ajustara a lo que señalan los libros, nunca habría crisis. Estos discursos falsean los hechos económicos mas evidentes y, sobre todo hacen hincapié en la unidad del sistema, obviando sus contradicciones«
Karl Marx
«Es propio de la economía capitalista el que las decisiones de inversión se tomen a espaldas de los trabajadores y de la masa de los ciudadanos«
Ernest Mandel
Los trabajadores de Europa nos estamos enfrentando a unos ataques salvajes contra nuestras condiciones de vida y trabajo, dirigidos por la patronal, la banca y los gobiernos de turno. En los últimos 30 años hemos sido sometidos a violentas políticas neoliberales contra el mundo del trabajo, las cuales han conseguido desmantelar el grueso de nuestros derechos y conquistas históricas, estableciendo unas nuevas y dramáticas relaciones entre el capital y el trabajo. Aun así, la patronal no se siente satisfecha y con la excusa de la crisis quieren profundizar en planes de ajuste reaccionarios contra los derechos sociales, laborales, salariales y las pensiones públicas. Es un ejemplo de la escasa sensibilización que sienten hacia las clases populares y de la ilimitada voracidad del gran capital en cuanto a recortar derechos se refiere.
¿Quién ha originado la crisis?
La crisis no es ningún fenómeno nuevo en la historia del sistema capitalista. No es fruto de ninguna casualidad que en los últimos 35 años el capitalismo haya sufrido una crisis tras otra (127 según el FMI): crisis del petróleo de 1973, segunda crisis del petróleo de 1979-1980, crisis bursátil de 1987, recesión 1993-1994, crisis mexicana y el efecto tequila de 1994, crisis asiática de 1997-1998, crisis de las puntocom, crisis rusa de 1998, crisis argentina de 2001, crisis deflacionaria de Japón, etc. Todas estas crisis fueron sucedidas por recuperaciones que desembocaron en otra crisis, hasta estallar en la actual y gigantesca crisis actual, que se enmarca en una crisis orgánica y estructural del capitalismo, el cual no ha conseguido volver a índices de crecimiento y tasa de beneficio anteriores a los años 70. No lo han conseguido aun aplicando ataques salvajes contra los salarios y nivel de vida y aun expandiendo el crédito hasta niveles suicidas. Por tanto, debemos pensarnos seriamente cuando alguien nos diga que depositemos «nuestra fe en la libertad y magia de la economía de mercado».
Durante las últimas décadas se potenció un tipo de economía que no producía nada y no aportaba nada a la sociedad: la economía financiera, del crédito y bursátil. En vez de potenciar la inversión productiva, los capitalistas invertían en algo que no producía nada: fondos, activos tóxicos, las subprimes, derivados de crédito y los CDO. Las hipotecas de millones de familias trabajadoras se vendían tomo títulos bursátiles en los mercados internacionales, creando un mercado irreal tremendamente especulativo y peligroso en el que predominaba el secreto bancario, la opacidad financiera y los paraísos fiscales. Es decir, se enriquecían a nuestra costa, pero sin crear riqueza. La peligrosidad de este modelo económico era visible ante los ejemplos de escándalos como el de Enron o Parmalat. Pero ningún gobierno hizo nada y se continúo echando gasolina a la burbuja inmobiliaria, que convertía al sector de la construcción en el más rentable de todos. En España este modelo de economía especulativa se concentro en el sector del ladrillo y se potenció hasta niveles desconocidos. Los precios de la vivienda alcanzaron precios completamente desorbitados. Una situación incentivada con ventajas fiscales a las constructoras, la liberalización del suelo y sobre todo la expansión del crédito.
Se profundizaba en una economía mafiosa que funcionaba en torno al préstamo, el endeudamiento y la mentira. La deuda de los gobiernos, las empresas, los bancos y las familias alcanzaron niveles inéditos. La cartera de activos de los bancos, que respaldaba la concesión de créditos, estaba sobrevalorada por los precios desorbitados de las viviendas. Esta situación insostenible exploto a finales del año 2007, cuando se puso fin a un periodo de expansión económica, y una grave crisis económica comenzó a azotar al planeta. El estallido de la burbuja ocasionó millones de impagos y el traslado a la economía real. Las viviendas impagadas eran embargadas por los bancos, pero ya no valían nada y se entraba en una espiral destructiva.
El mundo temblaba cuando en EE.UU los bancos Bear Stearns, Merrill Lynch y Citigroup, se derrumbaban. El pánico fue mayor cuando el cuarto mayor banco de negocios del mundo, Lehman Brothers quebraba. Las bancarrotas se instalaban sobre las principales entidades norteamericanas de crédito inmobiliario. A continuación la mayor compañía de seguros del mundo, American Internacional Group también presentaba serios problemas. El gran capital huía en desbandada del mercado inmobiliario para invertir en el sector del petróleo y los hidrocarburos, provocando terribles alzas de precios. Entonces se nos aseguraba de la necesidad de regular la bolsa y el sistema financiero, para corregir sus excesos. Esto era lo mismo que nos dijeron en el año 2000 tras la crisis bursátil de las puntocom.
El estallido de la burbuja provoco la desaparición de billones de dólares de capital ficticio, que desaparecían de los balances de los bancos y provocaban enormes agujeros. Se producía una crisis de crédito, nadie prestaba a nadie y se creaba un vacio de demanda enorme. Los mismos políticos, Bancos Centrales, capitalistas y gobiernos que no predijeron la crisis y que habían defendido como un dogma durante décadas las privatizaciones, los recortes del gasto público y la no intervención estatal en la economía, empezaron a defender el rescate de los bancos en crisis y a inyectarles cantidades descomunales de dinero público. Propuestas que meses antes hubiesen sido tachadas de heréticas, ahora eran impulsadas por el gran capital para salvarse a si mismo. El mismo Díaz Ferrán, aparte de explicarnos en mayo de 2009 que «Esperanza Aguirre es cojonuda, cojonuda», también solicitaba «un paréntesis en el libre mercado» (17 septiembre de 2008).
Resultaba sorprendente la facilidad con la que los mismos gobiernos que negaban la mera posibilidad de partidas presupuestarias adecuadas para sanidad o educación, encontraban cientos de miles de millones para los bancos. Un dinero que no se utilizaba porque los Estados estuviesen preocupados por los empleados bancarios o los hipotecados, sino para salvar a los mismos banqueros que habían provocado la crisis.
Pese a la crisis y gracias al aval del Estado, los grandes ejecutivos continuaron recibiendo grandes bonificaciones e incluso organizaban grandes fiestas ante los multimillonarios planes de rescate. Desde el inicio de la crisis en 2007 hasta 2009, los banqueros y brokers de Wall Street recibieron más de 70.000 millones de dólares en primas. En pleno inicio de la crisis, Merrill Lynch decidió la salida anticipada de su presidente y consejero delgado, Stan Oneal con una indemnización de 160 millones de dólares. Charles Prince, presidente de Citigroup recibió una prima de 12.5 millones de dólares. Así eran castigados los culpables de la crisis mientras miles de familias estadounidenses se quedaban sin hogar. Por si fuera poco, según estudios de Jorome Duval, las remuneraciones de los directivos estadounidenses apuntan a un nuevo record en 2010 (144.000 millones de dólares). El sexto mayor banco estadounidense, Goldman Sachs, presentaba unos beneficios de 1.810 millones de euros, antes de devolver los 10.000 millones de dólares que recibió del Estado.
Los bancos no fueron los únicos que recibieron ayudas por parte del Estado. El rescate a la aseguradora AIG costó 175.000 millones de dólares al gobierno estadounidense, más aun que el total de fondos para los países pobres. La industria del automóvil también recibió lo suyo, aunque con mas restricciones y exigencia de garantías. Aun así, basto que el entonces presidente de General Motor, Rick Wagoner suplicara ayudas al Estado ante el Congreso de Estados Unidos hace poco más de dos años, para que el gobierno inyectara 50.000 millones de dólares. El Estado se hizo cargo del 61% de la compañía y procedió a sanearla en un momento en el que se perdía 4000 dólares en cada coche vendido. En cambio ahora, que se gana 2000 en cada venta, el gobierno estadounidense esta procediendo a su privatización y el pasado 18 de noviembre, General Motors volvió a cotizar en Wall Street. Otras empresas del sector también recibieron ayudas, Chrysler recibo un préstamo del gobierno que ascendía a 4.000 millones de dólares.
El mismo presidente Obama, cínicamente explico hace poco lo que esta sucediendo: «O sea, que estos tíos se reservan unos bonus record porque ganan dinero, y ganan dinero únicamente porque los hemos rescatado» (The Huffington, 29 de agosto de 2010). Pero mientras criticaba que sus propias medidas eran injustas y beneficiosas para los poderosos, el gasto militar norteamericano en época de crisis continúa con cifras descomunales: en 2009 ascendió a 534.000 millones, casi la mitad del resto del mundo. Podemos decir algo parecido sobre las 400 personas mas ricas de Estados Unidos, que según la revista Forbes, son un 8% mas ricos que en 2009. La AFL-CIO ha denunciado que mientras el gobierno inyecta dinero a los bancos, los directivos generales de cualquier compañía norteamericana ganan una media de 9.25 millones de dólares. Para colmo el Programa de Alivio de Activos Problemáticos (TARP) cree posible que algunos bancos han podido manipular sus cuentas para acceder a las ayudas públicas.
Esta política de privatización de beneficios y nacionalización de perdidas no es nueva. Tenemos el caso japonés, o más cercano y reciente el ocurrido durante la crisis bancaria noruega de 1988-1992, cuando tres de los mayores bancos del país fueron nacionalizados y después tras ser saneados con dinero público, fueron privatizados.
Gestión de la crisis y el aumento del déficit:
Desde el inicio de la crisis se intensifico una campaña que exigía duros planes de ajuste contra los trabajadores y la inmediata aprobación de reformas de pensiones y del mercado de trabajo, junto con grandes recortes de gasto social. Todos los gobiernos fijaron como prioridad en su agenda la reducción del déficit y deuda pública, así como la restricción presupuestaria.
En cambio, ningún gobierno se propone como prioridad el pleno empleo o aumentar las prestaciones en sanidad o educación. Esta situación se entiende porque el Estado dispone de la libertad de decidir los niveles de gastos o ingresos y la decisión política que se ha tomado se basa en la reducción del gasto social y en ayudas públicas a la banca privada. Debido a que las movilizaciones ante esta injusta situación han sido escasas e insuficientes, estos planes se están ejecutando sin demasiados problemas y con una momentánea victoria en los objetivos a corto plazo del capital.
Cuando se inicio la crisis económica, España gozaba de superávit y del gasto social y deuda publica mas bajo del grupo UE-15, por tanto la crisis no la ha originado el déficit o la deuda publica, sino al revés, y que por tanto el sistema capitalista no evita las crisis si un Estado tiene sus «sus cuentas en orden». La Deuda publica española paso del 59.3% del PIB en año 2000 al 36.2% en el año 2007. Afirmaciones con las de Aznar, señalando que la culpa la tiene «las desbocadas políticas socialistas» de gasto público, carecen de cualquier tipo de fundamento.
Las razones del aumento del déficit son varias. Pero en primer lugar hay que señalar que no es lo mismo que un país sea deficitario debido a una inversión en educación, tecnología, innovación y en inversiones públicas y sociales que crean empleo, a que lo esté por gastar en cuestiones antiproductivas y nada rentables.
Por un lado los programas de estimulo anti crisis han sido cortos e ineficaces desde el punto de vista productivo, por lo tanto lejos de lograr un aumento de producción e ingresos, han conseguido lo contrario. Por otro lado las reducciones de impuestos a los ricos aplicadas durante los últimos años han provocado una drástica reducción de los ingresos. El fundamentalismo neoliberal siempre ha recomendado recortar los impuestos a los empresarios y grandes fortunas como estimulo económico. Algunos han ido más lejos, como George Bush, quien afirmo cuando era presidente que no había que perder el tiempo gravando con impuestos a las empresas, porque saben cómo evadirlos. En el caso de España, datos de Vicenc Navarro señalan que un gran capitalista español paga únicamente el 38% de impuestos que un gran empresario sueco. Además señala que en Alemania los impuestos sobre el capital se redujeron desde 1995 hasta 2009, 26 puntos. A demás el nivel de grabación fiscal de las rentas superiores se redujo 9.5 puntos. En España y Francia la reducción fue aún mayor: 13 puntos. En Italia el Impuesto de Sociedades bajo 20.8 puntos y el de las rentas superiores 6.1 puntos. Estas reducciones han favorecido únicamente a los grandes capitalistas y nos decían que eran necesarias para no ahuyentar al capital; lo que suponía que en época de bonanza económica los ingresos del Estado disminuyeran, a pesar de aumentar la riqueza. Luego nos hemos encontrado con que estas políticas generaron déficit y un aumento de la deuda pública y hoy podemos ver sus consecuencias.
Otra y más importante razón la encontramos en los planes de rescate anteriormente citados: avales, garantías de depósitos, compra de activos y ayudas a bancos privados, cuya consecuencia era y es un desmesurado aumento del endeudamiento y el déficit. Este ha sido el resultado de las subvenciones al capital y el rescate del sistema financiero; los riesgos y deudas de los bancos privados son desde entonces colectivos con un arriesgado y enorme coste y sacrificio económico. De esta forma estas políticas han contribuido a que la deuda privada se convertía en todos los países en una voluminosa deuda pública
Los bancos con la ayuda del Estado se han visto obligados a refinanciar su deuda contraída con bancos de otros países, mediante nuevos préstamos que hay que devolver con intereses cada vez mayores. El resultado es una deuda pública y privada aun mayor que de una forma asfixiante secuestra a los propios gobiernos a la hora de poder tomar decisiones.
Estos planes de rescate también se aplicaron en España y de una situación de superávit pasamos a una de déficit. El gobierno español creo un fondo de 350.000 millones para la banca. Además el ICO procedió a ayudar con un fondo de 3.000 millones de euros para refinanciar las deudas de las constructoras. Recientemente el gobierno ha aprobado ayudas de 80 millones de euros para las constructoras que son concesionaras de autopistas de peaje privadas. Mientras tanto los directivos de las constructoras no han visto afectado su bolsillo. Dos directivos de la constructora Martinsa recibieron 3.5 millones de euros mientras estaban dirigiendo una empresa en suspensión de pagos. El govern de la Generalitat aprobó 500 millones para avales a empresas en febrero de 2009 sin ni siquiera un compromiso para el mantenimiento de los puestos de trabajo. Por ejemplo, la empresa Ficosa, en Barcelona recibió un crédito de 50 millones de euros del Govern y de 21.6 del Ministerio de Industria, mientras despedía a cientos de trabajadores y cerraba plantas de producción.
Por tanto, si se denomina déficit público a la diferencia entre los gastos y los ingresos de un Estado, vemos que los gobiernos han potenciado una disminución de ingresos gracias a las amnistías fiscales a los ricos, y ahora están fomentando un aumento del gasto en las ayudas a la banca y en el pago de los intereses de deuda publica. En esta situación el déficit en España paso entre el 2008 y 2009 del 4.1% al 11.2%. Y otros países han seguido el mismo camino, Reino Unido paso del 4.9% al 11.5%, Irlanda del 7.3% al 14.3% (actualmente un 32%). Los países con menor gasto social y menor carga fiscal a los ricos (España, Irlanda, Portugal, Grecia) son los países donde hay más déficit, las tasas de paro son más altas y donde la crisis ha actuado con más dureza. Casualmente en estos países se formaron las burbujas inmobiliarias más salvajes.
Planes de ajuste y contrarreformas:
Gramsci tenía razón cuando decía que la clase burguesa gobierna sus intereses vitales fuera del parlamento. Los planes de ajuste están siendo patrocinados e impuestos por el FMI y el BM, cuyas decisiones se toman antidemocráticamente, ya que los países del G7 tienen casi tantos votos como el resto de 170 países del planeta. Es decir: a mas dólares, mas votos. El director de Asuntos Monetarios del FMI, ya advirtió hace poco de una forma poco amable que «Los mercados van a castigar seriamente a los países que no cumplan, con el consiguiente perjuicio para familias y empresas y el aumento del paro» (Publico, 11 de octubre de 2010).
El problema es que no hay una sola evidencia científica que demuestre que aplicar los planes de estos organismos financieros internacionales resuelva algunos de los problemas de un país. Allá donde se han aplicado los dictados del FMI, la pobreza y las desigualdades sociales han aumentado. Basta mirar a África y Latinoamérica. Allí el problema de la deuda se intento solucionar aplicando duros planes de ajuste y alargar plazos de pago e intereses, que solo han conseguido perpetuar la pobreza. Incluso los expertos y economistas burgueses aseguran que las políticas de ajuste están retrasando el crecimiento económico.
Irlanda, país en el que el precio la de la vivienda creció un 270% entre 1996 y 2006, presento serios problemas económicos y la UE aprobó un plan de rescate de 85.000 millones de euros a un 6.7% de interés (el de Grecia fue de un 5.2%), de los cuales 35.000 son destinados a la banca, la responsable del hundimiento de la económica irlandesa. Estas ayudas ya han provocado un aumento del 20% del déficit público. El gobierno irlandés recibió ese dinero prestado a cambio de aprobar un segundo plan de ajuste en tan solo dos años que consistía en: elevar la edad de jubilación a 68 años, subir el IVA al 23%, crear nuevos impuestos (mantenerlos congelados a los ricos), rebajar un 11% el salario mínimo, recortes de subsidios a las familias, subida de las tasas universitarias de 500 a 2000 euros anuales, reducción de un 10% en las pensiones, despido de 24.750 funcionarios, etc.
Otros planes parecidos se han aplicado en países de Europa del este. En Rumania el FMI concedió un préstamo a cambio de recortar un 25% el salario de los empleados públicos y un 15% las pensiones; además de la promesa de cierre de 150 hospitales.
Deuda pública y privada:
Los planes de ajuste se justifican como medidas ineludibles para reducir el déficit y hacer frente al pago de la deuda. En el fondo esto significa que algunos Estados y bancos deben desmesuradas cantidades de dinero por préstamos o intereses derivados de la compra de bonos de deuda publica. Los compradores de deuda exigen la más estricta austeridad y cumplimiento de sus dictados. Como si una persona presta dinero a su vecino y le exige que corte Internet, gas y luz como garantía de cobro. En el caso que analizamos significa que los bancos alemanes o franceses exigen someterse a sus criterios a todo aquel que necesite de su dinero. En ocasiones estos criterios significan la reducción de 600 millones de euros en partidas para los hospitales públicos en Grecia, u otras medidas como las citadas anteriormente. Todo lo que sea necesario para que los deudores paguen. Por lo tanto los rescates y planes de ajuste de Grecia, España, Irlanda o Portugal, supone asegurar a los bancos alemanes y franceses el cobro de sus inversiones y préstamos en Grecia.
Los mismos bancos que crearon la crisis echando fuego a la burbuja del ladrillo, han dirigido sus capitales a la compra de la deuda pública, al considerar que la compra de bonos al Estado es un negocio seguro. El economista Juan Torres lo explica así: «Como la banca compra especulando, encarece la deuda, pone en aprietos a los gobiernos y los obliga a constantes medidas de ajuste, como las presentadas en España» y añade «Los bancos ganan dinero y luego se aseguran el pago de las deudas con los rescate» por lo que asegura que «la deuda es el negocio de la banca» (Publico, 3 de diciembre de 2010, pagina 3)
En nuestro caso más próximo, la banca española debe 548.000 millones de euros, y durante el año 2011 España debe afrontar vencimientos de deuda publica y privada por valor de 180.000 millones de euros, de los que 75.000 millones deberán ser devueltos antes del próximo mes de abril (datos calculados por el director del Centro del Sector Financiero de Pwc, Luis de Guindos). Financial Times refiriéndose a esta situación ha indicado que debido a estas ingentes cantidades de dinero, un plan de rescate alcanzaría para España alcanzaría cifras de 420.000 millones de euros.
El contexto para hacer frente a la deuda es desalentador. Ya que estas operaciones no están exentas de complejidad. Uno de los factores que complican los pagos la encontramos en la prima de riesgo, que no es mas que el sobreprecio que exigen los inversores por comprar deuda de un país frente a la alemana. Es decir es dinero que exigen los inversores en compras de bonos y deuda publica a países de dudosa estabilidad financiera. Cuantas más sospechas existan de que un Estado no puede hacer frente a su deuda, más se dispara la prima de riesgo, los intereses a pagar y el seguro de hipotético impago.
Un problema añadido lo encontramos en como y quien calcula la denominada prima de riesgo. Actualmente un bono español a 10 años renta al 5.45% de interés). En cambio un bono alemán a 10 años renta solamente al 3% de interés. Actualmente solo existen tres agencias de calificación importantes: Standard & Poor’s, Fitch y Moody’s. Los denominados «agentes financieros» pagan a estas agencias para que realicen estudios sobre los valores que se negocian, invierten o deben. La calificación de estas agencias tiene una influencia poderosísima a la hora de fijar la prima de riesgo. Sus informes son aceptados como dogmas en los mercados financieros pese a que no han dado una desde que se crearon. Estas agencias son las mismas que no predijeron la crisis, las que pusieron sobresalientes a las hipotecas subprimes y créditos CDO; y las que aseguraban hace bien poco que Irlanda y Grecia habían resistido sus «pruebas de estrés». Aun así, nuestra ministra de Economía las califico como «muy profesionales» (Publico, 2 de octubre de 2010).
En cualquier aspecto de la vida cotidiana, cuando alguien se equivoca repetidamente, se tiende a ignorarle. Por ejemplo, si el metereologo de un canal de televisión nunca predice el tiempo correctamente, nadie creerá o tomara en serio sus análisis. Pero en el mundo de las finanzas las agencias de calificación aumentan su poder, pese a todo lo que mienten y equivoquen. Seria cómico sino fuera porque este juego afecta a la calidad de vida y al bienestar de millones de personas.
En la actualidad, todos los defensores del capital aseguran que estas agencias realizan un buen trabajo por la transparencia en el sector financiero, pero ellos mismos nos aseguraron que esta transparencia existía en los años anteriores a la crisis y se siguen dotando de los mismos vicios y herramientas que antes. Por lo tanto el concepto de «transparencia financiera» debe ser acogido con mucha cautela. Lo que en realidad hacen estas agencias es decir lo que quieren escuchar sus clientes. Hay un dicho que dice «el que paga al flautista elige la melodía», y los banqueros alemanes pagan a estas agencias para escuchar discursos catastróficos sobre determinados países para que se apliquen duros planes de ajuste y continúen recibiendo con más cantidad y seguridad sus ingresos en concepto de deuda. Esta cantidad será mayor porque la pérdida de confianza de los mercados obliga a un Estado a aumentar el interés que ofrece en sus emisiones de deuda pública, si es que quiere tener compradores. Es decir, cuanta mas desconfianza y miedo exista hacia un país, mas gana un inversor en deuda soberana de un país, por tanto los inversores se dedican a sembrar el pánico para llenarse los bolsillos.
Capitalismo y especulación:
Queda de manifiesto que la especulación es un fenómeno estructural en el capitalismo actual. Durante la burbuja inmobiliaria, la vivienda se convirtió en un bien de inversión muy rentable, y no un lugar para vivir.
La deuda soberana son los títulos (letras del tesoro, bonos y obligaciones a plazos) que emite un país para captar dinero en los mercados con el que financiar sus gastos. Pero actualmente la deuda pública no se considera una herramienta para poder invertir en equipamientos sociales que satisfagan las necesidades humanas o en investigación y tecnología que potencien la creación de riqueza y puestos de trabajo, sino en un negocio. Y este se basa en hacer dinero con los títulos de deuda soberana, jugando a encarecer los tipos de interés de la deuda pública de Grecia, Irlanda, Portugal y España, aun a costa de desestabilizar completamente al euro. Los especuladores atacan al mismo tiempo un determinado mercado o valor para conseguir dinero gracias a las caídas que ellos mismos generan con sus agresivas operaciones con grandes cantidades de dinero. Cuanto mas consiguen hacer caer un valor, más ganan. Además atacan a los seguros de impago de deuda de Estados, bancos o empresas, lo que es interpretado como un riesgo de quiebra en un país. Estas operaciones pueden repetirse varias veces en un mismo día y tienen como resultado que el seguro que paga España u otro Estado por riesgo de impago se encarezca en descomunales sumas de dinero en semanas, días e incluso horas.
Los gobiernos europeos se quejan de los ataques especulativos, pero a su vez son firmes defensores de la libre circulación de capitales que alientan estos ataques, junto con la opacidad del sistema financiero, el secreto bancario, paraísos fiscales, etc. Los propios gobiernos han contribuido a esta espiral de economía mafiosa que golpea en todo el mundo. Las multinacionales tienen tanto poder y viven al margen de las leyes e impuestos gracias a las políticas y leyes gubernamentales, que limitan a la propia capacidad de un gobierno para controlar su propia economía.
No han puesto ninguna objeción a que se haga negocio con los titulo de deuda, se juegue a encarecer los tipos de interés o se desestabilice el euro. Asumen la deuda como legitima aunque sea socialmente insoportable y políticamente desestabilizadora, para satisfacer las demandas de la banca. Quieren intentar pagar una voluminosa deuda pública sin combatir el desempleo, sin producir riqueza y sin inversiones productivas. Creen que con planes de ajuste y ahorro basta pasar salir del atolladero. Aunque también aseguran que realizan esfuerzos para potenciar las exportaciones, pero como dice Vicenc Navarro: «El modelo exportador, a la larga, no se sostiene si todos los modelos económicos de los países de la UE se basan en la exportación como el mayor estímulo económico. Para que un país exporte, se requiere que haya otros que importen. Si todos exportan el sistema no funciona».
La crisis de 1929 conoció una mejora en 1934-1935 y una recaída brutal en 1937-1938. Tal y como los gobiernos se enfrentan a la crisis que ellos mismos han creado no seria descartable un panorama parecido. La salida de la crisis esta complicada porque continua habiendo deuda por todas partes (ayuntamientos, comunidades autónomas, bancos, empresas, Estados, familias, autónomos, etc) y parece que la economía aun esta lejos de quedar saneada. Los bancos continúan enfrentándose a impagos y cada vez coleccionan más pisos en su poder, muchos de ellos obtenidos como donación de pago por constructoras en la ruina.
Financiarizacion y gestión de la deuda:
El gobierno español, copiando las pautas que sus colegas europeos, está supeditando toda la política económica y social en garantizar el pago de la deuda y aceptar los dictados del capital. En esta línea, el Estado continúa avalando a los bancos en sus operaciones financieras. Por ejemplo el pasado 16 de noviembre Caja Murcia coloco 500 millones en deuda a tres años con avales del Estado. El plan de avales a la banca se ha prorrogado cuatro veces desde su puesta en marcha a finales de 2008 y los bancos privados podrán emitir bonos con el respaldo del Estado al menos hasta el próximo mes de junio. La presión de la banca puede que consiga prorrogar estas ayudas aun más debido a las grandes sumas de dinero que deben las entidades financieras privadas. Por ejemplo, el Banco Santander debe pagar 27.300 millones de euros en 2001, y 35.900 millones en 2012. Este es un problema que afecta a todos los gobiernos, ya que la deuda mundial que se necesita refinanciar alcanza los cuatro billones de dólares y ningún gobierno ve el momento de retirar los avales estatales a los bancos privados, lo que a su vez aumenta aun mas el endeudamiento y se intensifica una espiral suicida. La Comisión Europea, la misma que propone jubilarnos a los 70 años y reducir el gasto público, propone mantener y aumentar estas ayudas. Por lo visto no es viable el sistema publico de pensiones pero si lo es avalar indefinidamente con cientos de miles e millones a la banca. Evidentemente los bancos que no necesiten urgentemente ayudas no tendrán el mismo ánimo u opinión que los bancos en una situación ruinosa, por lo tanto es difícil predecir que pasara. Mientras el Banco Santander solicita el fin de las ayudas por que percibe que solo la competencia las utiliza y se beneficia de ellas, en cambio el banco holandés ING exige la continuidad de los avales.
Zapatero, en su aparición pública el pasado 30 de diciembre aseguraba que la recesión mundial se debía al modelo económico basado en la financiarizion y endeudamiento. No es el único gobernante que lo reconoce, pero a su vez todos participaron e incentivaron ese modelo de financiarizacion. Este término se refiere al creciente y sistemático poder de las finanzas y de la ingeniería financiera en todas las esferas de la vida. Robin Blackburn explica como la financiarizacion estimula a los hogares a comportarse como empresas, a las empresas a comportarse como bancos, y a los bancos a hacerlo como hedge funds (bancos especializados en ventas a corto plazo, tomando prestados títulos y valores para venderlos a terceros). En 1948, los beneficios generados por las firmas financieras representaban el 7% del total de los beneficios en Estados Unidos. En 2004, la proporción se había incrementado hasta el 34%, y en 2007 hasta un 40%. Los gobernantes actuales alabaron este modelo económico, por tanto ahora no se merecen la más mínima confianza o credibilidad en sus recetas para salir de la crisis. Unas recetas que no son nuevas, son las mismas que lleva aplicando el capital en las últimas décadas, pero que ahora se aplican más agresivamente.
Una salida antisocial más a las crisis: la reforma de las pensiones:
Cuando se utiliza el término «Reforma», en teoría podría significar una alteración o transformación de una legislación vigente tanto para bien como para mal. En cambio en las últimas décadas todas las reformas laborales y de pensiones han estado destinadas a atacar y recortar derechos de trabajadores, pensionistas y parados. Un problema añadido lo encontramos en que estas reformas, además de no llevar contrapartidas (lo cual tampoco se justificarían) se aprueban alegando un sacrificio en pro del futuro, pero ningún retroceso social es derogado una vez se supera la crisis y vuelve el crecimiento económico. En todo caso lo que ocurre es que a un ataque le sucede en el tiempo otro aun mayor.
En la actualidad nos encontramos ante otra reforma de las pensiones. Los trabajadores estamos desgraciadamente acostumbrados a ellas, y no es la primera vez que el PSOE aprueba una reforma de pensiones regresiva. Los historiadores deberían recordar lo que otros han olvidado, porque desgraciadamente muchos han olvidado que el PSOE no tiene un programa distinto al de la derecha desde hace muchos años. Lejos queda el programa electoral del PSOE (incumplido) de 1982 en defensa de la jubilación a los 64 años.
La actuación más impopular y contestada en la primera legislatura de Felipe González fue la Ley de Pensiones de 1985. La ley endurecía las condiciones para tener derecho al cobro de pensiones y reducían la cuantía económica de las mismas. Se establecía la obligatoriedad de haber cotizado a la Seguridad Social al menos durante 15 años, frente a los 10 exigidos hasta el momento. Además se modificaba el sistema de cálculo de prestación en perjuicio del pensionista. Esta contrarreforma laboral fue respondida por una Huelga General el día 20 de junio de 1985, convocada por CCOO y CNT, pero sin el respaldo de UGT.
A principios de los años 90 los gobiernos de Felipe González y Aznar nos alertaron de que el sistema publico de pensiones no era viable y que la seguridad social quebraría en el año 1995, 2000 y luego 2010. Pero después nos encontramos con que aquellos pronósticos no se cumplieron, e incluso a día de hoy la Seguridad Social goza de superávit (4.000 millones de euros) y posee un multimillonario fondo de reserva (64.300 millones de euros en 2010). Incluso el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, asegura que la previsión para 2011 asciende a 4.579 millones de euros de superávit. Aun así nos continúan alertando de que es ineludible una reforma del sistema de pensiones y que lo mejor que podemos hacer es asegurar nuestro futuro de manera privada e individual.
Estos anuncios catastrofistas se enmarcan en un deterioro y desprestigio premeditado de las pensiones publicas por parte del gran capital y de los gobiernos del PSOE y PP. La campaña desde los años 90 se ha basado en propagar el pánico y la inseguridad hacia la viabilidad de las pensiones publicas para hacer lo mas atractivo posible los planes de pensiones privados. Esta es una estrategia que el capital aplica con la sanidad: deteriorar conscientemente el servicio público sanitario para que la gente opte por los seguros médicos privados que evitarían listas de espera y otros problemas de la sanidad pública. Lo mismo se hace con el sistema educativo, cuyas clases se masifican para deteriorar el servicio y la calidad frente a las escuelas privadas. Y no digamos con las escasas e inalcanzables residencias públicas, que no son potenciadas lo mas mínimo, sino es para propagar algún escándalo o bulo sobre malos tratos a los ancianos. Por eso el cuidado de los mayores actualmente es un cargo familiar y no estatal, lo cual suele significar que las residencias privadas tengan más ingresos. Es decir, quieren mercantilizar todas las facetas de la vida diaria y nos dejan bien claro que en la sociedad capitalista cuanto más dinero tengas, mejor se te atenderá, con más atención y con el personal más cualificado. Por tanto, nos indican que nos olvidemos cuanto antes de la seguridad social y el paternalismo estatal.
Llegado a este punto, ya tenemos al principal beneficiado e impulsor de las contrarreformas en materia de pensiones: la banca. Los banqueros tienen muchos intereses en juego y cuantiosas sumas de dinero que ganar. Por esta razón están utilizando toda su influencia política, y esta es tan importante que desde hace mucho la propia banca condiciona el pensamiento económico y las políticas económicas a aplicar en el país. Su objetivo es que todos vayamos corriendo para hacernos un plan de pensiones privado
En ningún medio de comunicación aparecen análisis o alternativas diferentes de las que defienden los portavoces de la banca. Únicamente, se nos invita a participar en una asociación desigual con las entidades financieras en una táctica privatizadora, impulsada por influyentes grupos de presión. Pero este sistema, a parte de caro e injusto, resulta muy arriesgado. Las empresas apuestan por planes privados de renta variable, de los cuales luego intentan desvincularse. De hecho, algunas quiebras en materia de pensiones pueden ser lucrativas para empresarios y banqueros, pero ruinosas para trabajadores que hayan invertido buena parte de sus salarios y ahorros durante toda su vida. Podemos citar muchos casos, como el caso Maxwell, un magnate de la prensa británica, que en 1995 robo 400 millones de libras de los fondos de pensiones financiados por las empresas de las que era dueño. Es decir, que se producen conscientemente bancarrotas empresariales para deshacerse de las obligaciones contraídas en materia de pensiones. Pero están bancarrotas son deliberadamente ocultadas, porque de lo contrario quedaría en evidencia que al final los planes de pensiones públicos son en realidad mas seguros que los privados.
¿En que consiste la reforma?
El capital advierte de que el sistema publico de pensiones en inviable debido a que el envejecimiento de la población hace insostenible el actual modelo de pensiones publicas, al que consideran demasiado generoso, aun siendo el país de la UE-15 que menos gasta el pensiones y donde mas bajas son. Además nos aseguran que para salir de la crisis y «ganarnos la confianza de los mercados» debemos emprender una reforma de las pensiones ambiciosa. Así han procedido cantidad de gobiernos y la edad de jubilación esta subiendo en: Alemania, Austria, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suecia, Grecia, Republica Checa, Irlanda, Francia, Italia, Lituania, Hungría, Malta, Rumania, Eslovaquia y Reino Unido.
El FMI, la Comisión Europea, la OCDE, etc., han recomendado alargar la vida laboral obligatoria hasta los 70 años y reformar drásticamente los cálculos de cómputo de pensiones para que estas sean mas bajas.
El gobierno, asumiendo los argumentos de la derecha, la banca y los capitalistas, pretender aprobar una reforma acorde a sus intereses y pensamientos. Esta reforma se basa en retrasar obligatoriamente la edad de jubilación de 65 a 67 años. Esta media estaría aplicada completamente en el año 2026 y se calcula que esta medida significara 500.000 puestos de trabajo menos disponibles para las nuevas generaciones. También se propone aumentar el cálculo de cómputo de pensión de 15 a 20 o 25 años, lo que supondría una diminución de la pensión de entre un 3 y un 20%. Además se baraja la posibilidad de aumentar de 35 a 38 o 40, los años de cotización para alcanzar el 100% de pensión. Esta es la reforma que el gobierno quiere aprobar por decreto y con el único respaldo de la patronal, algo que el mismo presidente Zapatero prometió que jamás ocurriría. Al igual que nos aseguro que la crisis no la pagarían los trabajadores y que no era necesaria ninguna reforma laboral debido a que la crisis no tenía un origen laboral.
Con estas medidas vemos que el peligro real lo encontramos en como sobrevivirán los futuros ancianos en un país en el que a día de hoy las pensiones ya son ridículas. Esta es una reforma que no tiene en cuenta a los trabajadores, ni a su ocio, salud, vida personal y familiar. Afecta negativamente a todos los trabajadores y pensionistas. Vemos una vez más como las reivindicaciones empresariales son aceptadas. No están satisfechos de haber conseguido que España sea uno de los países europeos con mayor número de centros educativos y sanitarios privados, también quieren liderar el ranking de planes de pensiones privados.
Las recomendaciones de la Comisión Europea y el FMI tienen una influencia y resonancia enorme en el gobierno. No ocurre lo mismo con las recomendaciones que realizo el pasado mes de diciembre el Consejo de Europa, en cuyo informe se suspendía a España en: condiciones de trabajo, remuneraciones decentes, derecho a organizarse, negociación colectiva, información y mejora en las condiciones de trabajo. El consejo advertía que el salario mínimo español es «manifiestamente injusto» e «insuficiente». El gobierno prefiere escuchar a los de siempre y a lo de siempre. Un ejemplo lo encontramos el pasado 27 de noviembre, cuando Zapatero recibió a dirigentes de las 37 mayores empresas del país, frente a los que se comprometió para aprobar cuanto antes la reforma de las pensiones.
Una ineludible labor pedagógica: argumentos contra los ataques a las pensiones públicas.
La banca y los gobiernos estudian de que manera atacar a las pensiones publicas en toda Europa. Nos aseguran que para favorecer la salida de la crisis y evitar la quiebra de la seguridad social se deben recortar las pensiones. Es un insulto para los trabajadores que tengamos que escuchar semejantes afirmaciones. En anteriores crisis capitalistas ni siquiera existían las pensiones y los Estados consiguieron salir de la recesión.
En primer lugar tendremos que preguntarnos si el peligro de quiebra es real. En realidad hasta algunos de los más fundamentalistas del neoliberalismo aseguran que las pensiones no estarán en peligro hasta dentro de 30 o 60 años. Ya nos encontramos con la primera contradicción, ya que los mismos que se muestran muy preocupados por la viabilidad de las pensiones en el año 2060, se muestran pasivos frente a los riesgos que acarrea el cambio climático, el efecto invernadero y sus consecuencias. Según expertos del Foro de Vulnerabilidad Climática, se prevé que cada año se pierdan 150.000 millones de dólares por el calentamiento e incuso cinco millones de muertes hasta el 2020. Sin embargo ningún gobierno se toma en serio el problema para tomar medidas contra un fenómeno, que si representa un grave problema para la actualidad y mas aun para el futuro próximo. Pero pese a no existir evidencia científica de lo primero y si de lo segundo, misteriosamente se interesan únicamente en «resolver» el problema de las pensiones.
Uno de los argumentos mas utilizados por los esbirros del capital es que la esperanza de vida ha aumentado y que por lo tanto al haber más ancianos, no podemos pagar pensiones a todos sin endurecer su acceso y cuantía. Es cierto que la esperanza de vida ha aumentado, pero se debe en buena parte, a que en los últimos 50 años la disminución de la mortalidad infantil y juvenil ha sido enorme. En periodos históricos anteriores la mortalidad infantil provocaba una escasa esperanza del nivel de vida. Lo podemos explicar con un ejemplo practico: si en un pueblo en el que viven dos personas, una muere al nacer y otra a los 80 años, tenemos una esperanza de vida de 40.
Además el argumento de que la esperanza de vida ha aumentado es un arma de doble filo, ya que también ha aumentado sustancialmente la productividad y el PIB, por tanto se dispone de muchos más recursos que antes para gastar en pensiones y en otros asuntos. Por tanto cada punto porcentual de PIB corresponderá a una cifra mayor expresada en dinero dentro de 50 años. Por ejemplo el PIB en Francia ha crecido un 45% entre 1983 y 2010. Son datos y análisis proporcionados por Vicenc Navarro, como el que asegura que el aumento de la productividad laboral española entre 1979 y 2009 fue del 79%. Aun así nos alertan de que el dinero que se gastara en pensiones dentro de 40 años podría alcanzar el 13% del PIB. En Italia actualmente se gasta más de un 14% y no percibimos ninguna catástrofe por ello. A demás, Vicenc Navarro también señala que hace 50 años España gastaba un 3% del PIB en pensiones, y ahora un 8% con superávit en la seguridad social. Ante estos datos debemos preguntarnos: ¿Qué evidencia existe de que la austeridad significa la recuperación económica?. No hay ninguna , pero el dogma económico neoliberal se sustenta a base de fe y sin evidencias empíricas. Por ejemplo: el FMI y UE preveían una caída del PIB para el año 2009 de un -5% para Letonia, finalmente fue un -18%. También preveían una caída del -1% para Irlanda y finalmente fue un -10%. Si no son capaces de pronosticar el comportamiento de una economía de un país báltico a corto plazo, ¿cómo se atreven a pronosticar empresas mayores?
Si que es una afirmación innegable que existe un fuerte incremento demográfico. A una persona con conciencia social que observa que este fenómeno va acompañado de problemas estructurales como el hambre y la desnutrición, le debe preocupar que se pongan los medios para alimentar a toda la población del planeta, y esto no ocurre, ni ha ocurrido antes. En cambio no hemos visto que los gobiernos se reúnan y tomen medidas drásticas contra el hambre, problema del que si existen hechos probados. Los Estados únicamente responden poniendo restricciones a la producción de alimentos para evitar excedentes, incluso pagando a los agricultores para no producir. Es decir, que se determinan unos niveles de gasto y unas prioridades que no se corresponden con las necesidades humanas.
En la prensa oficial abundan los artículos de «expertos» en materia de pensiones en los que la diversidad ideológica y la variabilidad de propuestas brillan por su ausencia. Todos son unánimes al señalar la urgencia en recortar derechos laborales y en materia de pensiones. El jurado del premio Nobel de Economía rara vez galardona a críticos progresistas del capitalismo, no ha sido así con los defensores de la nueva económica y el neoliberalismo. En resumidas cuentas: se disuade al pensamiento crítico, mientras se sigue el guion de la derecha norteamericana. Las alternativas a los planes de ajuste, no solo son ignoradas, sino consideradas estúpidas.
En cambio hay otros y mejores especialistas en la materia que dan argumentos y salidas distintas para los temas relacionados con pensiones, el problema es que estos se encuentran ignorados en el mundo académico e informativo. Un buen ejemplo lo encontramos en Juan Torres, o Vicenc Navarro (anteriormente citado), quien plantea que no se puede argumentar la insostenibilidad de las pensiones de dentro de 50 años por el aumento del numero de personas en edad de vejez, ya que seria lo equivalente a decir hace cuatro décadas que debido al éxodo rural la producción agrícola estaría en peligro. Este ejemplo es muy crítico e ilustrativo, debido a que el número de trabajadores en el campo representaba el 18% de la población adulta hace 40 años. En cambio ahora que representa un 2% del total, la productividad ha aumentado tanto que el campo hoy produce un 30% mas, con solo el 3% de la población dedicada a la agricultura. Hoy en día un trabajador produce los alimentos que antes producían nueve y quizá dentro de cuarenta años un trabajador pueda mantener a mas pensionistas que ahora.
Es muy difícil predecir el futuro en temas relacionados con la economía o la sociología. Quien se imaginaba hace 60 años en España fenómenos actuales como la inmigración, matrimonio homosexual, Internet o la masiva incorporación de la mujer al mercado laboral.
Otro dogma que debemos de cuestionar es el relacionado con la financiación de las pensiones. No esta escrito en ninguna biblia que la única forma de pagar las pensiones tenga que ser exclusivamente a través de cotizaciones a la seguridad social. Pueden existir otras formas de financiación, por esta razón la decisión de retrasar obligatoriamente la edad de jubilación y endurecer el acceso a una jubilación, así como su cuantía económica, no es una cuestión técnica, sino ideológica. Pero aunque nos quieran hacer creer que todos los «expertos» están a favor de tomar las mismas e «ineludibles medidas» en materia de pensiones, hay otros especialistas que recomiendan alternativas diferentes, como Robin Blackburn, quien propone un fondo global para pensiones financiado a través de impuestos sobre las transacciones monetarias internacionales, sobre el combustible utilizado en vuelos internacionales y sobre el patrimonio de las corporaciones.
El sistema niega la posibilidad de que las pensiones se puedan financiar de otra manera, como subiendo los impuestos, con un sistema mixto o con partidas presupuestarias, como el pago del salario al personal funcionario. Otra fórmula seria suprimiendo los topes de cotización a las rentas más altas para obtener más ingresos. Pero el capital no quiere ni hablar de subir las cotizaciones o pagar pensiones con impuestos. De todas formas con la forma actual de financiación más importante que la relación entre el número de jóvenes y ancianos, es el número de cotizantes y tamaño de cada cotización por pensionista. Pero el problema es que alargar la vida laboral provoca mas paro y por tanto menos cotizantes. En un mercado laboral como el actual, no sabemos quién nos garantiza un puesto de trabajo, ya no hasta los 67 años, sino hasta los 40. Lo único que nos garantizan es que de jóvenes empezaremos a endeudarnos durante décadas y que a su vez debemos pensar que de mayores tendremos que sobrevivir con nuestros ahorros o planes de pensiones privados. Por eso nos recomiendan compensar lo que perderemos con nuestra pensión pública, con una pensión privada. Ante esta recomendación deberíamos de preguntar de dónde saca un mileurista con hipoteca dinero para sufragar un plan de pensiones privado.
Uno de los defensores del retraso obligatorio en la edad de jubilación lo encontramos en Felipe González. El ex presidente se pone a si mismo como ejemplo para continuar trabajando cuantos mas años mejor. En su caso es normal ya que acaba de fichar como consejero de Gas Natural con un sueldo de 126.500 euros anuales. Pero la gran mayoría de la sociedad no dispone de salarios y privilegios de este tipo. Por el contrario vivimos en un mercado laboral basado en la precariedad y el despido fácil y barato que genera empleos estresantes, en los cuales es muy difícil que una persona disfrute con su trabajo y quiera seguir trabajando más años. Uno ejemplo tenemos como las enfermedades laborales derivadas del estrés han aumentado en toda la Unión Europea, especialmente en España.
Por tanto, nos encontramos con que la banca lo quiere todo: contratos temporales, precariedad y a su vez trabajar mas años para acceder a una pensión. En definitiva lo que defienden públicamente Aznar y Díaz Ferrán: «trabajar más y cobrar menos». Así ha actuado recientemente el partido que promete sacarnos de la crisis. El gobierno del PP en Murcia ha aprobado un recorte de salarios y un aumento de la jornada laboral para los empleados públicos de la comunidad autónoma de Murcia. Por cierto, no sabemos en que pagina de los programas electorales de los partidos políticos aparecen este tipo de medidas.
Otro asunto ineludible es el referente a que dentro de varias décadas no habrá dinero para pagar a los pensionistas. Una pregunta que debemos hacernos es ¿y si lo habrá para lo demás?, es decir parece que los voceros del capital plantean que únicamente los funcionarios o pensionistas son los que corren el peligro de suspensión de pagos. Pero en realidad sino hay dinero para unos no lo habrá para otros. No he oído a ningún portavoz del capital alertar que no habrá dinero para pagar a los militares, a los curas o a los concejales. Con estos análisis quieren inculcar que cuando hay que ajustar el presupuesto únicamente se puede hacer aplicando el tijeretazo a los de siempre, los sectores mas desfavorecidos de la sociedad y no se toma ni como mera hipótesis la idea de otras formulas que afecten a los poderosos.
Un argumento que evidencia una vez más la injusticia del retraso obligatorio lo tenemos en que el índice de mortalidad diferencial. Es un hecho probado que las clases adineradas viven durante más años y se mueren a una edad más tardía que los trabajadores y personas que han sufrido una vida más precaria. España tiene uno de los índices más altos de la UE. Debido a que la forma en la que la gente vive, se enferme y muere varia sustancialmente según su posición social, estas reformas se muestran ciegas a la solidaridad, no tienen en cuenta lo mas mínimo el bienestar, el ocio, vida familiar, personal y problemas de la clase trabajadora. La prolongación de la vida productiva, significa estar explotados y producir plusvalía durante más años, soportar aun por más tiempo el paro o trabajos precarios con grandes distancias entre domicilio y trabajo, el estrés, intensificación del esfuerzo físico, comercialización del escaso ocio, fatiga, contaminación, penosos alojamientos, etc.
Una contribución más al aumento del paro:
Esta reforma de las pensiones a parte de castigar a los trabajadores y pensionistas va a significar un aumento aun mayor del paro, ya de por si muy elevado entre la juventud y mayores de 55 años. Cuanto más tarde se jubilen los trabajadores menos oferta de empleo tendremos, y cuanta menos gente este trabajando, de menos cotizaciones sociales dispondremos para pagar pensiones. El problema es que este sistema es incapaz de organizar y repartir el trabajo. Y una de las señas de identidad de los que defendemos una salida progresista a la crisis es la apuesta por el reparto del trabajo y de la riqueza.
Zapatero aseguro en septiembre que «Nadie puede estar satisfecho con el marco laboral cuando el paro y la precariedad son lo que son» (Publico, 11 de septiembre de 2010). Estas afirmaciones pretendían justificar una reforma laboral reaccionaria que supondría la inmediata creación de miles y miles de empleos indefinidos. Hoy vemos que tras la aprobación de la reforma hay miles de parados más y que nueve de cada diez contratos formalizados desde entonces son de carácter temporal.
Se debería de volver a repetir aquella afirmación y emprender una verdadera reforma progresista a favor del empleo y de los trabajadores. Por el contrario, nos encontramos con otro tipo de medidas que perpetuán descomunales tasas de paro. Y el desempleo, que prácticamente siempre es involuntario, no es una simple palabra, es un fenómeno que degrada y socaba la salud física y psíquica de las personas y que deteriora las relaciones familiares y sociales. En cambio, la derecha nos presenta el paro como el destino de los perdedores sociales y vagos a quienes nadie debería ayudar. Pero la cruda realidad es que la perdida del empleo produce una radical interrupción de ingresos y un dramático cambio en la forma de vida, acompañado con la frustración, desconfianza y desesperación. Lo demuestran las estadísticas que señalan que cuando aumenta el paro lo hace también: la delincuencia, suicidios, divorcios, enfermedades mentales, malos tratos, número de presidiarios, problemas familiares, infartos, etc.
Al gran capital estos problemas no les importan. No pasa nada si la Xunta se gasta 6.451 euros por minuto durante visita del Papa. Pero en cambio es intolerable el gasto en subsidios de desempleo. Por eso los banqueros han aplaudido la medida del gobierno para eliminar el subsidio de 426 para parados de larga duración (que recibieran formación y cuyos ingresos familiares fueran inferiores al 75% del SMI), porque no están dispuestos a que se gaste dinero en una ayuda que ellos no necesitaran jamás. Incluso prefieren una alta tasa de paro como la actual (20%), pues esta sirve para disciplinar a los trabajadores en activo a través del miedo al despido. Esta situación debilita a los sindicatos y la inseguridad se manifiesta en una débil posición negociadora y en la correlación de fuerzas. Esta amenaza a perder el empleo induce a los trabajadores a aceptar jornadas más largas y salario más bajos, y por supuesto la mera hipótesis de la huelga siembra el pánico. También es verdad que este descontento social puede aumentar el potencial reivindicativo.
Por un análisis y alternativa de izquierdas y anticapitalista: es necesaria la Huelga General y la unidad del movimiento obrero:
Las reformas de pensiones emprendidas por los gobiernos europeos no van a solucionar ningún de los problemas planteados. Tampoco han solucionado el problema del paro en los últimos 35 años con un sinfín de reformas laborales y la aplicación de las denominadas «Políticas activas de empleo». Lejos de una solución, estas políticas vislumbran una creciente perspectiva de pobreza entre las personas de la tercera edad y se consigue que envejecimiento sea sinónimo de disminución de ingresos con el consentimiento, aceptación y gracias a todos los gobiernos de turno.
No solo quieren que trabajemos durante más años y que cobremos una pensión pequeña, sino que nos apañemos como podamos al margen de nuestras condiciones económicas y de salud. El ataque a las pensiones públicas va acompañado de una política consciente de no invertir lo mas mínimo en residencias públicas. Una inversión que podría suponer :un aumento de plazas gratuitas o baratas, aumento de las plantillas, etc. Como no se actúa de esa forma por parte de los poderes públicos, existe una gran desprotección hacia las personas dependientes, que tienen que hipotecar su vivienda para cubrir gastos de atención o residencia. No se prima la autonomía y la salud de los ancianos, sino minimizar costes. Un ejemplo lo tenemos en que solo uno de cada diez adultos españoles trabaja en los servicios públicos del estado del bienestar. En Suecia es uno de cada cuatro. Creo que nos merecemos algo mejor.
Es muy común que se organicen regularmente grandes convenciones y foros internacionales para tratar como salvar a los bancos, control del déficit, cuestiones militares, cumbres de la OTAN, etc. Pero apenas hay asambleas mundiales para tratar asuntos sobre los problemas de las personas que forman parte de la llamada tercer edad, salvo para exigir un recorte en pensiones públicas. Solo ha habido dos asambleas mundiales dedicadas a los problemas de las personas mayores. La primera en Viena, en 1982, la segunda en Madrid en 2002.
Los anticapitalistas no podemos dar el visto bueno a que los mismos que generaron la crisis gestionen ahora recortes en nuestras condiciones de vida. Nosotros si tenemos voluntad y certeza de forzar hacia una salida de izquierdas, tenemos que preguntarnos quien debe pagar por una crisis que han originado los bancos y gobiernos. Los anticapitalistas debemos defender criterios no comerciales respecto a las pensiones, porque la continuidad de los criterios comerciales es el único problema al que se enfrentan las pensiones del futuro. Estos criterios aplicados en España consiguen que nuestro país sea uno de los que menos gasta en pensiones en la UE y de los que menos atención domiciliaria presta a sus ancianos.
Los trabajadores no tenemos ninguna responsabilidad en la actual crisis capitalista. En época de beneficios nadie los repartió con nosotros, pero ahora quieren que la crisis y sus consecuencias las paguemos nosotros sin que se mermen sus beneficios. La recesión no fue culpa de los trabajadores, sino de los capitalistas, pero cínicamente estos últimos que promueven ataques contra la clase obrera.
Los que tienen la vida solucionada quieren deteriorar la nuestra todavía más. Nos dicen que todos debemos «remar en la misma dirección» y aceptando el fundamentalismo de la económica de mercado, jubilarnos a los 70 años. El Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez en su faceta de buen fundamentalista del gran capital llevaba años exigiendo una reforma del mercado laboral y de las pensiones. Su curriculum tiene un sello claramente neoliberal, fue Secretario de Estado de Economía y Planificación con Felipe González, dirigió privatizaciones y trabajo como director ejecutivo en el FMI, además en los 90 impulso la liberalización de los horarios comerciales. Resulta irónico que un defensor de los recortes salariales, gane 1.026 euros por cada asistencia a reuniones con representantes de organismos financieros, y que además tenga un salario de 165.026 euros, un sueldo un 111% mayor que el del propio Zapatero. Ordoñez no cesa de repetir que el gobierno no deje de emprender reformas, es fácil que diga algo así cuando a el no le perjudican. Además sabe que aunque sus predicciones y análisis sean erróneos nadie le va a amonestar. En abril de 2009 nos aseguro que de no aprobar ese año una reforma de pensiones desaparecería ese año el superávit de la seguridad social. Algo que no sucedió y que no tuvo ninguna consecuencia para el mantenimiento de su puesto.
Es un ejemplo de cómo los mismos responsables de la crisis siguen en sus puestos. Pero pese a que Zapatero dijo «Este no es momento de grandes beneficios, ni de salarios excesivos» (El mundo, 1 de febrero de 2009), podemos poner mas ejemplos, sobre todo de la banca, sector que gano 17.950 millones de euros de beneficios en 2008. José Ignacio Goirigolzarri (consejero delegado del BBVA) se ha jubilado anticipadamente con 68.7 millones de euros de pensión. Francisco González, actual Presidente del BBVA, se va a jubilar con una pensión de 79.8 millones de euros, el Presidente del Banco Santander, Emilio Botín (quien se aumento el sueldo un 38.6% en 2008) lo hará con 25.6 millones de euros. Estos son los señores que están en contra de la huelga general, pero a favor de gastar menos en pensiones públicas y de que nos jubilemos a los 70 años; son los mismos que defienden abaratar el despido para acabar con el paro y atacar las pensiones para salvar el sistema. Al igual que los que defienden austeridad en las pensiones se jubilan con multimillonarios sueldos, los que defienden el despido libre y barato, abandonan sus puestos con cuantiosas indemnizaciones. Ángel Corcostegui recibió 108 millones de euros por abandonar su labor de ejecutivo en el Banco Santander. Entonces: despido gratuito y pensiones moderadas ¿Para quién?
Pero desgraciadamente hay que referirse a otro ejemplo escandaloso y muy grafico sobre el carácter del empresariado español. Díaz Ferrán, el que fue máximo representante de la patronal, se ha caracterizado por no pagar a sus empleados, llevar a la quiebra a sus empresas, tener graves problemas judiciales, fraude, aprobaciones indebidas, impago de nominas, etc. Este señor además ha sido capaz de mandar a la calle a 3.000 trabajadores en meses. Con este curriculum se ha tomado la confianza de darnos lecciones a todos y el 7 de junio de 2007 afirmaba que «La mejor empresa pública es la que no existe». Aquí tenemos un ejemplo de la doble moral de la patronal, que exige moderación en el gasto público por un lado y más subvenciones y ayudas públicas para ellos por otro. Además quieren que la Administración Publica este en consonancia con sus intereses y que se permita a la iniciativa privada entre de lleno en los servicios públicos que no sean deficitarios. Desgraciadamente todas estas demandas políticas son aceptadas por los gobiernos de turno. Se ha conseguido que España ocupe el puesto número 20 de los 27 de la UE en gasto social. Además pese a que nos alertan de que hay muchos funcionarios, la realidad es que Dinamarca, Sucia, Finlandia, Países Bajos, Francia, Reino Unido, Grecia, Italia, Luxemburgo o Alemania, son países que tienen mas funcionarios que España.
Resulta irónico que Zapatero el pasado mes de septiembre se refiera públicamente por primera vez sobre la necesidad de reformar las pensiones ante funcionarios del FMI, que se jubilan a los 51 años con 100.000 euros de pensión, con solo 25 años cotizados. En cambio nosotros tenemos que trabajar 40 años para recibir un 80% del salario. A estos señores habría que decirles que si quieren austeridad se la apliquen ellos mismos, pero que nos dejen en paz. También resulta bochornoso que cuando Zapatero les anunciaba que se debía subir la edad de jubilación a los 67 años, el Partido Socialista en Francia votaba en el Parlamento francés contra la reforma de pensiones del gobierno Sarkozy para aumentar la jubilación de los 60 a 62 años. Resulta un hecho normal cuando comprendes que la obsesión del gobierno cosiste en tener contento al FMI, la banca y a todo aquel que tenga mucho poder y la vida solucionada. Por cierto, en aquel mes de septiembre, cuando se aprobó una reforma laboral que abarataba el despido, quedaban muy lejos las declaraciones de Zapatero en las que aseguraba que abaratar el despido «no es el camino» (Publico, 13 de febrero de 2009, pagina 23). Desgraciadamente cambio de opinión e incluso Botín se alegraba al asegurar que la reforma laboral esta en la «dirección adecuada» (Publico, 27 de octubre de 2010, pagina 26).
El gobierno y la patronal están aprovechando la crisis para hacer lo que siempre han querido: atacar nuestros salarios, pensiones y derechos. El gobierno del PSOE, sin considerar a los trabajadores lo más mínimo, está aplicando el programa económico de la derecha y del BBVA; es una evidencia de que los gobiernos no controlan a la banca, sino al revés. Porque detrás de todas las políticas de ajuste están los banqueros y el gran capital, y es necesario que se encuentren con un rechazo frontal por parte de los trabajadores y todos los explotados y oprimidos de esta sociedad. Todas las medidas destinadas a desmantelar sectores productivos, privatización, precarización del mercado laboral y la vida social (educación, vivienda, sanidad, ocio), ataque a las pensiones públicas se enmarcan en una decisión política que el capital necesita para mantener sus beneficios. Y ante este escenario la búsqueda de soluciones individuales y la división de los trabajadores sólo favorecen los intereses de los capitalistas. Es necesario, pues, que todos los trabajadores estemos unidos en organizaciones que nos permitan defender nuestros intereses colectivos de una forma democrática y combativa.
El PSOE, no tiene un programa económico distinto al de la derecha y actualmente es un problema para los trabajadores y una herramienta muy útil para el capital. Nuestro gobierno no ha tomado ni una sola medida de izquierdas. Tras aprobar una reforma laboral que suponía un durísimo ataque contra la estabilidad laboral, quieren aprobar medidas contra las pensiones públicas. Zapatero asegura que el país necesita cinco años más de reformas (versus recortes de derechos y prestaciones sociales), nosotros necesitamos echarlas atrás y un paso decisivo para conseguirlo es paralizando el país la próxima huelga general. Lejos quedan las declaraciones de los gobiernos europeos en 2008 señalando el fin de la crisis y que esta no la pagarían los trabajadores. No se trata de una «reforma» porque a lo que nos encontramos es una orientación política concreta de la burguesía sostenida en el tiempo cuyo objetivo es destruir nuestros derechos y deteriorar y precarizar nuestras vidas. Se exige un estado social mínimo y un estado policial máximo. La actuación del Estado contra los controladores es un aviso y ejemplo de cómo podrán actuar contra el movimiento obrero en cualquier desafío que se presente.
Los señores que votan estos planes en los parlamentos puede que tengan una relativa representación electoral, pero ninguna representación sociológica. Ninguna de las persones que promueven los ataques sociales padecen unas condiciones de vida parecidas a las nuestras, que en definitiva somos las únicas victimas. Ningún parlamentario se acerca a cobrar el salario mínimo interprofesional y ningún banquero tendrá una jubilación que se parezcan a las miserias que cobran nuestros padres o abuelos. En el ejemplar de Publico del 1 de junio de 2009 (pagina 4) se podía ver como decenas de senadores tenían intereses y remuneraciones en empresas y bancos privados.
Los trabajadores hemos de hacer comprender a estos señores que la vía antisocial que han escogido no les va a salir gratis, porque los trabajadores somos las primeras víctimas de estas políticas y los únicos que podemos hacerlas fracasar. Frente a los que dicen que la lucha no sirve de nada, hay que defender que lo que no sirve de nada es no hacer nada ante los ataques que tanto nos perjudican. Nada cambiara sino hacemos nada. Un gobierno en cuya agenda se da prioridad a incrementar y recuperar la tasa de beneficio del capital, poniendo más difícil el mantenimiento de los puestos de trabajo y empeorando nuestras condiciones laborales y de vida se merece una Huelga General. Debemos de decir basta al deterioro de nuestras condiciones de vida. De lo contrario será una victoria para aquellos que quieren destruir nuestros derechos sociales.
Otra salida a la crisis es posible, quienes afirman que no lo es, ni tienen voluntad de modificar las cosas, ni ideas de cómo hacerlo. Sabemos que no es una tarea fácil, la facilidad con la que los gobiernos aplican el neoliberalismo no ha caído del cielo, ha sido cuidadosamente alimentada durante décadas. Las ideas de los fundamentalistas del capital han tomado las universidades, prensa, radio, televisión, tribunales, centros de estudios, fundaciones, publicaciones, judicatura, intelectuales, incluso a la propia socialdemocracia y sectores de la izquierda y el sindicalismo. Ya dijo Mandel que «El clima social del capitalismo pudre todo lo que toca, incluso esos brotes de la sociedad futura que se abren lentamente en su interior».
El capital ha conseguido engañar masivamente a la opinión pública, aumentar la mentalidad empresarial en todos los ámbitos de la sociedad y el dominio de las grandes empresas ha alcanzado alturas nunca soñadas. El pensamiento económico de derechas esta tan infiltrado en la política y la sociedad hasta el punto que da igual el partido político que este en el gobierno. Se institucionaliza y se normaliza el despido e incluso la represión sindical y laboral en las empresas; mientras los diarios de la derecha piden la ilegalización de sindicatos e incluso penas de cárceles para alguno de sus líderes.
Los trabajadores no nos podemos quedar de brazos cruzados mientras los Estados europeos compiten por quien despide mas barato o penaliza más las pensiones públicas. Es más urgente que nunca que todos los trabajadores peleemos codo con codo para transformar la correlación de fuerzas existente. Tenemos que conseguir un rearme ideológico de la izquierda y poner en peligro la ideología capitalista, explicar a la gente lo que el gobierno y las grandes empresas están haciendo con nosotros. Y no debemos dejar de recordar que estos problemas nos deben importar a todos porque nadie en el planeta ha quedado indemne de estas políticas.
Los banqueros pueden ejercer poder de veto en el congreso y sobre decisiones gubernamentales bajo amenazas con fugas de capitales, ataques a la moneda y otros medios. Nosotros tenemos que utilizar nuestras armas de presión: el sindicato, la agrupación colectiva, la defensa mutua, solidaridad, desobediencia civil, ocupar las calles, la huelga general, etc. Los ataques exigen urgentemente un profundo giro sindical a la izquierda y una de nuestras tareas ineludibles tiene que basarse en un trabajo constante y paciente para conseguir que las próximas movilizaciones y huelga general sean más masivas que las anteriores, porque con el grado de presión actual no podemos tirar atrás ningún ataque al que nos enfrentamos, el gobierno tomara nota y continuara con su agenda de ataques. Todos aquellos que tengamos conciencia social debemos esforzarnos porque la próxima huelga general, además de ser legítima y necesaria, lo sea también masiva; porque será la más necesaria y justa de toda la historia reciente. En esta lucha no debemos tolerar que se desprestigie la opción de la huelga, la agrupación sindical y la respuesta colectiva. Debemos abandonar las soluciones individuales ante lacras sociales que nos afecta a todos. No debemos querer ni permitir que acabemos viviendo peor que nuestros padres.
Debemos de dejar de hablar tanto de las reivindicaciones empresariales y gubernamentales y discutir sobre las nuestras. El malestar y la indignación se debe transformar en movilización por mucho que el poder establecido se esfuerce por evitarlo. Tenemos que sumar fuerzas en la defensa de un reparto de trabajo y de una jornada laboral de 35 horas sin reducción salarial, la eliminación de las ETTs y los contratos basura. Las empresas privatizadas deben ser renacionalizadas; así como las empresas que cierren, para preservar los puestos de trabajo y todas aquellas que maltraten y pisoteen los derechos de los trabajadores. Debe ser extendida la consigna de la nacionalización de la banca bajo control democrático de los trabajadores y en expropiación de los monopolios y el sector energético. Estas son otras medidas para salir de la crisis, pero a favor de la mayoría social; y pese a que los gobiernos aseguren que no hay margen para el gasto, es evidente que existen recursos para otras medidas por los multimillonarios planes de rescate que se realizan. Pero hay voluntad política únicamente para lo que interesa. Ningún banquero ha rendido cuentas por causar la mayor crisis económica en décadas, en cambio en el primer día de protestas contra las dramáticas decisiones que estaba tomando el G20 en Gran Bretaña, 122 jóvenes estudiantes fueron detenidos en abril de 2009 cuando se manifestaban por una salida justa a la crisis y denunciaban como las ayudas a la banca eran treinta veces superior a la Ayuda al Desarrollo. Además mientras se escribe este artículo están siendo asesinados trabajadores y oprimidos tunecinos y argelinos en unas legitimas y justas protestas contra el aumento de los precios.
No podemos olvidar hay que olvidar que junto a la crisis económica convive desde hace mucho tiempo una tremenda crisis ecológica debido a un modelo productivo y de consumo suicida. Por tanto también es imperiosamente necesario una verdadera y sincera defensa del medio ambiente que salven el planeta, en vez de a los bancos y a este sistema criminal y caduco denominado capitalismo.
Raúl Navas. Militante de Izquierda Anticapitalista y de CGT
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