Para equilibrar las cuentas del Estado, que acusan el déficit producido por las medidas tomadas, con mayor o menor acierto, por el Gobierno para parchear los descalabros de la crisis financiera, Rodríguez Zapatero ha anunciado una subida de impuestos. No se sabe todavía quienes serán los paganos de esta recarga fiscal, que la derecha y […]
Para equilibrar las cuentas del Estado, que acusan el déficit producido por las medidas tomadas, con mayor o menor acierto, por el Gobierno para parchear los descalabros de la crisis financiera, Rodríguez Zapatero ha anunciado una subida de impuestos. No se sabe todavía quienes serán los paganos de esta recarga fiscal, que la derecha y sus voceros critican de oficio. Teniendo en cuenta que la parte del león de la ayuda gubernamental al desastre se la llevó la banca ¿sería mucho pedir que fuera ella la que cargara con parte del coste de los platos rotos? Al fin y al cabo, no fueron los ciudadanos que viven de un salario quienes rompieron la vajilla.
La cuestión de los impuestos suscita agrias discusiones cuyo griterío se oye tanto en las más bajas tabernas, barberías y otros mentideros políticos como en «sede parlamentaria», según dicen algunos horteras para referirse al Congreso de los Diputados. Salvando el decorado, el lenguaje y argumentario no presenta grandes diferencias entre unos y otros escenarios. Sin embargo, y esto es maravilla digna del retablo de Maese Pedro, mientras los encendidos ánimos descargan todo tipo de improperios contra los tributos estatales, nadie parece inmutarse ante ese otro «impuesto fáctico sobre el consumo» que cargan los bancos sobre las transacciones efectuadas con tarjetas electrónicas.
Los bancos, no contentos con contribuir al aumento del desempleo estructural al sustituir empleados humanos por cajeros automáticos, con una cara tan dura como el feldespato tienen la desfachatez de cobrar al cliente por entregarle esa tarjeta de plástico sin la cual no podría disponer ¡de su propio dinero!
Por desgracia, todos somos rehenes de los bancos. Para cobrar las nóminas de los trabajadores, las pensiones de los jubilados y hasta los subsidios por desempleo, los perceptores deberemos obligatoriamente abrir una cuenta corriente en una entidad bancaria. Privada, por supuesto, ya que no existe banca pública abierta al público. Con perdón por el retruécano.
Para recuperar ese dinero que es nuestro, el banco nos cobrará no sólo la tarjeta, sino onerosas comisiones por mantenimiento de cuenta y cualquier otro concepto de latrocinio amparado por la ley. Luego, al utilizar la tarjeta como medio de pago en los comercios, seguiremos pagando un sobreprecio en los productos debido a la comisión que el banco cobra al comerciante detallista y que éste transfiere al consumidor cargándolo sobre el precio final. De hecho, si en una tienda ofreces pagar ‘en metálico’ es muy posible que obtengas un pequeño descuento.
Ese recargo sobre cada transacción electrónica efectuada con tarjeta de débito o de crédito opera exactamente de la misma manera que lo haría un impuesto adicional sobre el consumo: encareciendo el producto final que paga el consumidor.
Pues bien, esa opinión pública que, azuzada desde los partidos y voceros mediáticos de la derecha, tanto se solivianta a la hora de pagar impuestos, ni se inmuta cuando la clientela de los bancos -prácticamente toda la ciudadanía- abona a diario y con gran mansedumbre este impuesto extraoficial que va a parar a la cuenta de ganancias de la banca, y no a las arcas del Estado.
En abril de 2006, la comisaria de Competencia de la Unión Europea, Neelie Kroes, denunciaba que gran parte de los enormes beneficios de los bancos se obtienen con la gestión de las tarjetas de pago (crédito y débito) en el mercado europeo. En la situación actual, señaló Kroes, «los bancos fijan unas comisiones, del 2,5% de media, que actúan como un impuesto sobre las ventas que encarece los precios». Más del 25% de los beneficios de los bancos proceden de esas comisiones, mientras que un usuario particular puede perder varios cientos de euros anuales por los abusos de los bancos y los emisores de tarjetas.
Un reciente estudio de la Comisión Europea sobre comisiones bancarias pone de relieve que los bancos españoles son los más caros de la Unión Europea, tras los italianos, para tener una cuenta corriente. El estudio, señala que la transparencia y la simplicidad a la hora de conocer lo que cuesta cada servicio de la banca española «están por debajo de la media europea».
Rodríguez Zapatero ha afirmado que la recarga fiscal deberían pagarla «los poderosos». ¿Hay alguien más poderoso que las entidades bancarias? Entonces, tanto por poderío como por haberse llevado la mejor tajada de las ayudas estatales, debería ser la banca quien pagase esta subida de impuestos.
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Algunos datos pro memoria:
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Coste para las arcas públicas de las medidas sociales del Gobierno:
Los 400 euros, que devolvió el Estado en forma de deducción en el IRPF (sólo a los contribuyentes que tributan por este impuesto): coste anual: 6.000 millones de euros.
Cheque-bebé. Ayuda a las madres de 2.500 euros por nacimiento de hijo: coste anual: 1.700 millones de euros
Renta básica de emancipación. Los 210 euros que perciben los jóvenes con pisos en alquiler. Coste anual: 800 millones.
Coste total medidas sociales: 8.500 millones de euros
Inyección de dinero público al sistema bancario aplicada por el Gobierno de España por vía de urgencia al producirse la debácle financiera que estremeció la economía mundial en septiembre de 2008.
Coste total de la inyección a la banca: 160.000 millones de euros.
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