Por si acaso

María Teresa Fernández de la Vega está convencida, eso ha dicho al menos, de que no se conculcará derecho alguno de nadie si el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional toman las medidas cautelares que ha pedido el fiscal y el abogado del Estado contra EHAK y EAE-ANV. La segunda de Zapatero quiere decir que la prohibición de presentarse a las elecciones a dos partidos políticos ─en el momento en que ambos son legales, cuando no se sabe qué decidirá al final del procedimiento la sala 61 del tribunal─ no conculca el derecho de ambos partidos a participar en asuntos públicos ni el derecho al sufragio pasivo. Para comprender por qué una decisión así no conculca derechos basta leer las palabras del fiscal del Estado. Pueden encontrarse en la petición de ilegalización de EHAK.

Por un lado, «la participación de candidatos de los partidos denunciados en el proceso electoral y su posible elección quitaría efectividad a la sentencia que pueda dar el alto tribunal; en efecto, si la sentencia da por buena la petición de ilegalización, crearía una situación paradójica, esto es, los candidatos de fuerzas políticas ilegalizadas serían diputados o senadores electos». Y, por otro, «siendo verdad que la adopción de la medida [la prohibición de presentarse a elecciones] impediría servirse del derecho al sufragio pasivo a los candidatos de las listas anuladas, es también verdad que, al haberse hecho la petición [de ilegalización] antes del final del plazo de presentación de candidaturas, siempre podrán presentarse en otras candidaturas que se compadezcan con sus planteamientos ideológicos y políticos y que no tengan vínculos con los partidos cuya ilegalización se solicita».

No se piense que el fiscal haya limitado la hipótesis a una sentencia a su favor. También ha previsto lo contrario. Pero no hay problema. Si finalmente el Supremo no ilegaliza a EHAK o EAE-ANV, las consecuencias de las medidas adoptadas «no serían irreparables». Y la solución, fácil: apertura de las sedes clausuradas, devolución del dinero retenido y levantamiento de la suspensión de actividades políticas. Y en el caso de los diputados o senadores que se quedaron sin poderse presentar a las elecciones del 9 de marzo, no hay paradoja. Que se arreglen. No tenían más que presentarse con otro partido.

Estas líneas pueden aparentar mayores trazos chocarreros que las de un fiscal riguroso. Pero no son chascarrillos. Y dejan patente el sentido de tamañas «medidas cautelares». Un estado que se dice garantista tiene instrumentos para dejar al procesado sin garantías ni protección, es decir, instrumentos legales para hacer cumplir las consecuencias de la sentencia antes de que ésta se dicte. Y es hora de servirse de estos instrumentos de excepción. No crean escándalo y dan votos.

Es una costumbre inveterada de la Audiencia Nacional ─por si acaso clausuraron Egin y Egunkaria y por si acaso dejaron fuera de la ley a Udalbiltza, Askatasuna y demás─, pero en el Tribunal Supremo es nueva esta artimaña de condenar antes de juzgar.

Esta próxima semana los abogados de EHAK y EAE-ANV no tendrán tiempo para aburrirse: la sesión del caso de EHAK el lunes en la Audiencia Nacional, la del de EAE-ANV el martes y cuatro el viernes en el Tribunal Supremo para examinar las dos peticiones de la Fiscalía y las otras dos del abogado del Estado, cada cual con su sesión.

Sólo falta saber quién tendrá el honor de ilegalizar a los dos partidos de la izquierda abertzale, puesto que, a pesar de que la decisión la tomarán los jueces, el Gobierno de España ya ha asegurado «al cien por cien», en boca de Fernández de la Vega, que ni EAE-ANV ni EHAK ─ni ningún otro partido de izquierda abertzale─ se presentarán a las elecciones. El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha dicho que los «tempos» los marcará el Tribunal Supremo, pero cuidado también ahora, ya que, si no los marca un juez instructor humilde, como quiera que el Supremo ha atrasado la decisión al menos hasta el viernes, Garzón tomará nuevamente ventaja.

Responsables. Menos mal que todos los partidos abertzales están en contra de las ilegalizaciones. Imagínense si no fuera así. Por ejemplo, a Iñaki Urkullu le ha faltado poco para decir que la izquierda abertzale se ha ilegalizado a sí misma y que está más a gusto en la ilegalidad. Y Nekane Erauskin [diputada y portavoz de EHAK en el Parlamento vasco (n. del t.)] tampoco ha necesitado mucho para decir que los principales responsables de que EHAK esté en vías de ilegalización son Juan José Ibarretxe e Izaskun Bilbao [presidenta del Parlamento vasco (n. del t.)]. Y es que, más allá de las conculcaciones de derechos, la competencia política sigue su camino, como tiene que ser, más aún en víspera de elecciones. ¿Que la Guardia Civil ha torturado a Igor Portu y Mattin Sarasola? Leña al PNV y Nafarroa Bai por haber firmado una moción de amparo a las fuerzas de seguridad españolas. ¿Que el Tribunal Supremo de España ha condenado a Juan Maria Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao? Leña a Batasuna por no haber votado a Atutxa como presidente del Parlamento vasco. ¿Que ilegalizarán a EAE-ANV y EHAK? Por un lado palo a la izquierda abertzale y, por el otro, a Ibarretxe. Y es que el corto plazo es ahora la ley: comportarse como si tuvieran como enemigo más acérrimo al aliado que en algún momento necesitarán, y luego lo que venga. Son elecciones. Es política.

* Imanol Murua es periodista político. Ha obtenido el premio Argia de prensa escrita de 2008.