Desde hace unos meses ha empezado a hablarse en Castilla y León sobre la instalación de macrogranjas, especialmente en la comarca palentina del Boedo y la Ojeda y en la burgalesa Odra y Pisuerga, donde hay un proyecto formado por 14 granjas porcinas situadas en un radio de 20 kilómetros, con capacidad para más de 116.000 cabezas de ganado porcino.
Contra este desaguisado se han recogido más de 3.000 firmas de adhesión a la plataforma Pisoraca-Comarcas vivas, 7.000 firmas de rechazo a los proyectos de manera telemática, más de 10.000 alegaciones, entre las que están las de Izquierda Unida de Castilla y León, y se han presentado mociones en todos los Ayuntamientos de las zonas afectadas excepto en Espinosa de Villagonzalo.
Las Diputaciones de Palencia y de Burgos, a las que se sigue solicitando el respaldo para mediar ante la Junta de Castilla y León para que paralicen este proyecto, siguen sin hacer nada pese a que en muchos de los Ayuntamientos donde se han aprobado mociones gobiernan los mismos partidos que en esas Diputaciones y en la Junta de Castilla y León.
Algunas de las causas relevantes en la proliferación de este modelo de ganadería industrial son:
- La despoblación, problema que afecta a las ciudades pero de manera más acuciante a los pueblos de Castilla y León, en un proceso de vaciamiento de determinados territorios al que se ha empezado a llamar España vaciada, de la que nosotros y nosotras formamos parte.
- La falta de alternativas laborales sostenibles que permitan a las personas, especialmente a las jóvenes, establecer nuestra Comunidad Autónoma como un sitio donde poder vivir. Las situaciones de precariedad y el déficit de empleo en determinadas zonas hace que gente vea positiva cualquier alternativa laboral por muy precaria y contaminante que esta sea.
- Pese al rechazo judicial a la desregulación de las explotaciones ganaderas intensivas y las industrial agro-alimentarias, en sendas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de abril y mayo de 2019, parece que el Gobierno regional de PP y Ciudadanos ha querido dar un impulso a este modelo de negocio.
- La incapacidad de los pequeños Ayuntamientos de plantear alternativas a las presentadas por grandes empresas, cuando no se han convertido en grandes defensores de esos proyectos de macrogranjas como alternativa política para sus pueblos. En ocasiones en sintonía con las facilidades legislativas llevadas a cabo por la Junta de Castilla y León, como la exención de la licencia ambiental, para que este tipo de negocio se implante en nuestros pequeños municipios.
Los aspectos negativos de estas instalaciones son claros: el incremento del consumo de agua y la contaminación de los acuíferos donde se ubican las granjas y donde se vertirán los purines, el decreto de la Junta para regular estas instalaciones ganaderas reconoce más de 700 zonas afectadas por contaminación por nitratos en Castilla y León, habiéndose multiplicado por más de diez en los últimos años.
Otro ejemplo en Castilla y León es la propuesta para Noviercas (Soria), una gran explotación ganadera industrial con 20.000 vacas de leche que supondrá un consumo de agua, unas emisiones de gases de efecto invernadero y una producción de residuos superiores a la ciudad de Soria deja clara la posición de la Junta. Quieren permitir la instalación de cientos de granjas intensivas de bovino, ovino, porcino o aves que se ubicarán en los pueblos. Después será innecesarios los cientos de miles de euros que las Administraciones gastan en potenciar el turismo de interior, el románico de las provincias Castellanas y Leonesas porque soplar y sorber, no puede ser.
La apuesta de Izquierda Unida de Castilla y León por un modelo de ganadería tradicional que cumpla con las normas de bienestar animal, con una alta calidad alimentaria, que genere mano de obra en la comarca y una menor cantidad de problemas medioambientales no es la apuesta de las grandes empresas que ven nuestro territorio como una zona donde invertir en grandes proyectos de producción industrial, más pensando en su propio beneficio que en el desarrollo de los pueblos en los que se instalan y más buscando la facilidad de una administración sumisa a los criterios del poder que un empoderamiento de quienes habitan los pueblos. Sin embargo en los pueblos de Castilla y León está emergiendo un proyecto político vertebrado en torno a la lucha comunal en Plataformas comarcales que reivindican una apuesta local y regional como alternativa política, social y laboral para la gente que apuesta por vivir en el mundo rural.
Esta apuesta por lo rural desde lo político tendría que venir acompañada de potenciar que en los pueblos puedan habilitarse viviendas para alquiler social y con la posibilidad de teletrabajar desde ese entorno. Para ello es necesario que se garantice el acceso a internet de alta velocidad similar al que hay en las ciudades, aunque no haya lucro para las grandes compañías que se dedican a prestar este tipo de servicios.
Desde IUCyL no nos cansaremos de exigir a las Administraciones provinciales, autonómica, estatal y europea un papel protagonista y proactivo en la implantación de proyectos industriales y generadores de empleo en las comarcas de Castilla y León, especialmente para las que tienen problemas más graves de despoblación. La discriminación positiva que tendría que ser tan típica de la política para repoblar lo que durante años se ha permitido que se fuera vaciando y que permitiría un proyecto para Castilla y León que apueste por el mundo rural.
Es por ello que el próximo 3 de septiembre junto con la Eurodiputada de Unidas Podemos, Sira Rego, realizaremos una visita a la zona de Herrera de Pisuerga para ver in situ donde van las 14 macrogranjas e intentaremos poner en el foco mediático que se puede trabajar por un modelo político alternativo al que defiende la Junta y las grandes empresas interesadas en sacar lucro de nuestra tierra pero no en el desarrollo de la misma y de sus gentes.