Ante la visita al Estado español del Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la vivienda, queremos expresar nuestra satisfacción, ya que por fin empiezan las administraciones públicas a reconocer que en este país hay un problema grave en lo relativo a la vivienda. Sin embargo, nos preocupa que el relator sólo pueda […]
Ante la visita al Estado español del Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la vivienda, queremos expresar nuestra satisfacción, ya que por fin empiezan las administraciones públicas a reconocer que en este país hay un problema grave en lo relativo a la vivienda. Sin embargo, nos preocupa que el relator sólo pueda fijarse en determinados aspectos para su informe, aspectos muy importantes pero no únicos, como la dignidad de la vivienda en lo que se refiere a situación material o el acceso de las clases más desfavorecidas e inmigrantes.
Queremos llamar la atención del relator sobre otro problema gravísimo que existe actualmente y que no sólo se refiere a la dignidad de la vivienda en sí sino en la dignidad a la hora de pagarla. Por diversos motivos económicos, estructurales y por acción y/o omisión de los poderes públicos, nos encontramos con una situación en la que el acceso a la vivienda es, o bien imposible o bien a costa de una hipoteca de por vida que incluso puede afectar a los hijos, puesto que el número de años de hipoteca se alarga cada vez más. Sería conveniente que el relator supiera que ya existen entidades que ofrecen hipotecas a 50 años, dato muy importante que le hará comprender la gravedad del problema. Por otro lado, es vital promocionar el alquiler y abandonar esta mentalidad en boga en nuestro país de que es indispensable comprar una vivienda nueva antes de poder emanciparse. Una vivienda alquilada y/o compartida es una solución para muchos jóvenes, y es necesario fomentarla con ventajas económicas y fiscales.
Otro gran problema que no queremos que el relator pase por alto es el ecológico. Aunque esta cuestión tiende a dejarse de lado por parte de las administraciones, una vivienda digna tiene que ser también una vivienda ecológica que no hipoteque la salud de las y los inquilinos ni de las futuras generaciones. Una vivienda digna debe respetar a los ecosistemas frente al consenso del hormigón y a la construcción salvaje que ya ha destrozado el Levante español y que ya amenaza con subir a la costa cantábrica buscando nuevos territorios que echar a perder para nosotros y, lo que es peor, para nuestros hijos.
* Lara Pérez Dueñas es Coordinadora de Gazte Berdeak de Euskadi