Jamás estuvo tan claro, como ahora, por qué el gobierno de los Estados Unidos se negó a procesar a Luis Posada Carriles como terrorista. Nunca, como en estos días, ha trascendido a la luz pública la razón de aquel trámite migratorio con un solitario y tímido cargo en contra de este señor: haber ingresado al […]
Jamás estuvo tan claro, como ahora, por qué el gobierno de los Estados Unidos se negó a procesar a Luis Posada Carriles como terrorista. Nunca, como en estos días, ha trascendido a la luz pública la razón de aquel trámite migratorio con un solitario y tímido cargo en contra de este señor: haber ingresado al país sin papeles. En vez de hacer valer la justicia, el gobierno norteamericano se limitó entonces a regañar al criminal.
De acuerdo con una nota publicada este miércoles en El Nuevo Herald, la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) recientemente le informó a los abogados de Posada que «el estatus del detenido será revisado el próximo 24 de enero». Eso significa, ni más ni menos, que en unas pocas semanas Posada Carriles -autor de la voladura de un avión civil con 73 personas a bordo, en 1976- pudiera ser liberado por el gobierno federal, amparado en una ley que prohíbe la detención indefinida de los indocumentados, cuya deportación no ha podido realizarse dentro de un plazo de 90 días.
Todo ha seguido un guión previsible para dar visos de legalidad, a una acción que intenta todo lo contrario. El Juez de Inmigración William Abbott ordenó la deportación de Posada el 26 de septiembre de 2005, a cualquier país menos a Cuba o a Venezuela. La ley exige que, una vez emitida la orden de deportación contra un indocumentado, esta debiera ejecutarse dentro de un plazo de 90 días, pero, a la vez, también prohíbe la detención indefinida de aquellos a quienes el gobierno no ha podido deportar. En este caso, los 90 días comenzaron a contarse un mes después de emitida la orden judicial del Juez Abbott, que no fue apelada por el gobierno. Es decir, el 26 de octubre.
En el caso Zadvydas v. Davis, la Corte Suprema estableció que un indocumentado tiene derecho a la libertad condicional siempre y cuando demuestre que no hay posibilidad significativa para ser deportado en un plazo razonable. Sin embargo, esa ley no ampara a los terroristas, una palabra que las autoridades norteamericanas han evitado asociar a Luis Posada Carriles.
La Ley Patriota autoriza la detención de un preso que aún no ha sido deportado, si este representa un peligro a la seguridad nacional del país o ha estado involucrado en actividades terroristas. No hay que investigar mucho para concluir que Luis Posada Carriles es un terrorista. Basta con leer su libro, Los Caminos del Guerrero, en el cual cuenta con orgullo algunas de las acciones terroristas que ha organizado. O examinar los cables de inteligencia de la CIA que reportan sus alardes, días antes de la voladura del avión, de que iba a volar un avión de pasajeros cubano. O leer la entrevista que concedió al New York Times en 1998, en la cual admite la autoría intelectual de los sabotajes con bombas que mercenarios centroamericanos colocaron en varios hoteles y restaurantes de La Habana en 1997 y que causaron la muerte de un turista italiano y varios heridos. O leer el dictamen de la Corte en Panamá, que lo condenó por el fallido intento de hacer volar con C-4 un auditorio lleno de estudiantes panameños, durante una alocución del Presidente cubano Fidel Castro, en el año 2000.
En sus entrevistas y declaraciones públicas, Posada Carriles aboga por la violencia como el mejor método para derrocar al gobierno de Cuba: «Es la única manera de crear un levantamiento ahí», le dijo al New York Times .
Hay leyes suficientes en los Estados Unidos para mantener preso a este terrorista. Lo que escasea es la voluntad política del gobierno federal para hacer valer la justicia.
Desde el principio, la administración de George W. Bush ha querido amparar y no enjuiciar al terrorista. En alguna gaveta del Departamento de Estado deben estar los expedientes presentados por la República Bolivariana de Venezuela, que ha hecho dos peticiones para la detención preventiva con fines de extradición. La administración Bush las ha ignorado soberanamente. Se burla, además de las leyes de su país, de tres tratados internacionales de extradición firmados por el gobierno de los Estados Unidos y utilizados por ellos cuando les conviene en su guerra contra el terrorismo.
Los familiares de las víctimas de la voladura del avión de pasajeros que Posada Carriles hizo explotar sobre las aguas de Barbados el 6 de octubre de 1976, solo piden elemental justicia: el responsable de los asesinatos a sangre fría de esos 73 pasajeros debe ser procesado por homicidio y no como un humilde indocumentado.
Ante la inminente posibilidad de que Posada Carriles sea liberado en los próximos días, urge que el Departamento de Justicia haga lo que debería haber hecho desde mayo del año pasado: presentar la solicitud de detención preventiva con fines de extradición ante un juez federal. Y para hacerlo de una buena vez, no tiene por qué seguir esperando a que finalice el trámite migratorio, pues saben muy bien que el proceso de extradición tiene prioridad. La ley en asuntos como este está muy clara y sobran las evidencias para demostrar que este hombre es prófugo de la justicia en Venezuela, posee un abultado historial terrorista -y como tal no tiene derecho a la libertad condicional- y debe ser extraditado por homicidio. Y si no bastara todo esto, añádase que dos de sus más cercanos colaboradores y los que presuntamente lo ayudaron a entrar ilegalmente en Miami -Santiago Álvarez Fernández Magriñá y Osvaldo Mitad-, están presos por posesión ilegal de un arsenal de guerra y portar documentos falsos.
El único problema que ha tenido la justicia norteamericana con Luis Posada Carriles es la premisa que ha utilizado el gobierno para manejar el caso. Los Estados Unidos han ocultado desde el principio el estatus criminal de este hombre, presentándolo ante las instituciones del país y ante la opinión pública no como el terrorista que es, sino como un simple indocumentado que atravesó la frontera sin visa.
Si el gobierno mantiene esta falsa premisa, lo liberarán dentro de pocos días. Y si este hombre va a la calle, habrá triunfado un argumento tan mentiroso, como aquel de que Iraq tenía armas de destrucción masiva.
El abogado José Pertierra es el representante legal del Gobierno de Venezuela para la extradición de Luis Posada Carriles. Su bufete está en Washington DC.