El gobierno de Estados Unidos hizo una vez más silencio en el caso del terrorista internacional Luis Posada Carriles. Sólo cargos migratorios fueron presentados contra el criminal, amparado por los círculos de poder del país norteño. Un gran jurado federal del Distrito occidental de Texas presentó el sumario contra el delincuente por siete delitos: uno […]
El gobierno de Estados Unidos hizo una vez más silencio en el caso del terrorista internacional Luis Posada Carriles. Sólo cargos migratorios fueron presentados contra el criminal, amparado por los círculos de poder del país norteño.
Un gran jurado federal del Distrito occidental de Texas presentó el sumario contra el delincuente por siete delitos: uno por fraude en el proceso de naturalización y otros seis por dar información falsa a oficiales de inmigración.
En ningún momento figuró la palabra terrorismo, pese al arsenal de evidencias que Washington atesora en sus archivos.
La vista oral, no obstante, confirmó la veracidad de la denuncia formulada en abril de 2005 por Cuba sobre la entrada de Posada Carriles a Estados Unidos, donde residía ante la «indiferencia» de las autoridades.
Ahora, casi dos años después, es que el Departamento de Justicia norteamericano reconoce que el criminal mintió al llenar el formulario de solicitud de naturalización, y luego bajo juramento en entrevistas con oficiales del Departamento de Seguridad Nacional, realizadas los 25 y 26 de ese mes.
En nota de prensa, la procuraduría admitió que el delincuente dijo varias falsedades acerca de su ingreso a territorio estadounidense, específicamente sobre las rutas de transporte, los métodos utilizados y los cómplices de la operación, efectuada en marzo de 2005.
Posada alegó -añade el documento- que llegó desde Honduras, por Belice, y que arribó a Estados Unidos por un lugar llamado Matamoros, con ayuda de un coyote. Sin embargo, se comprobó que «entró en el barco Santrina, con cuatro individuos», procedente de México.
La semana próxima, el terrorista deberá presentarse ante un magistrado federal, quien -según los cargos- podría sentenciarlo hasta 35 años de cárcel: 10 por el delito de fraude, y cinco por cada información falsa dada a las autoridades migratorias.
Está por ver el fin de este proceso, donde la gran ausente fue la palabra terrorismo.
Al conocer de la cortina de humo levantada por la justicia norteamericana, el abogado José Pertierra, quien representa a Venezuela en el proceso de extradición de Posada Carriles, exigió al gobierno de Estados Unidos castigarle por sus actos criminales.
«Es un terrorista confeso, y por tanto hay que procesarlo no sólo por mentiroso, sino también por asesino y terrorista», declaró Pertierra al sitio digital Cubadebate.
La Justicia venezolana lo reclama por su responsabilidad en el atentado contra una aeronave cubana en 1976, acción en la que perecieron 73 personas.
Su expediente también incluye la planificación de una serie de atentados con bombas en 1997 contra instalaciones turísticas de La Habana, en una de las cuales murió el joven italiano Fabio di Celmo.
Aún detenido, el olor a pólvora persigue al criminal. En días recientes, algunos de sus cómplices, fieles al empleo de artefactos dinamiteros, intentaron volar en pedazos a un testigo clave de la entrada ilegal de Posada Carriles a Estados Unidos.
La bomba fue hallada en su auto por el propio Gilberto Abascal, fuente del Buró Federal de Investigaciones (FBI) que confirmó su llegada a territorio norteamericano a bordo de la embarcación Santrina.
Los compinches del delincuente colocaron la carga explosiva en la camioneta Ford de la víctima, con la intención de hacerla estallar en la localidad floridana de Hialeah.
Abascal denunció el hecho ante la policía del condado de Miami-Dade, a cuya jefatura precisó que él trabajaba para el FBI.
La División de Explosivos detonó el artefacto y la Fuerza Especial Antiterrorismo del FBI dijo que iniciaría una investigación sobre el incidente, pero se negó a dar detalles a la prensa, invocando su llamada política de confidencialidad.
Decenas de documentos desclasificados en noviembre último por el espionaje estadounidense pusieron en evidencia cuan informada siempre estuvo la Casa Blanca del quehacer de Posada Carriles, ex agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y otrora oficial del ejército norteamericano.
Los textos fueron divulgados por la organización no gubernamental Archivos de Seguridad Nacional (NSA), de la Universidad George Washington, tras dos años de peticiones a instituciones oficiales para que les fuera retirada la categoría de secreto.
Sobresalieron varias cartas enviadas en 1976 por el entonces director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Clarence Kelley, a Henry Kissinger, a la sazón secretario de Estado, sobre la participación de Posada Carriles en la voladura del avión cubano.
«Una fuente confidencial reconoce que Posada y (Orlando) Bosch fraguaron el atentado», indica Kelley el 20 de octubre de ese año en la primera misiva.
En la tercera carta, redactada dos semanas después, el director del FBI le informa a Kissinger que el sabotaje fue planeado en dos reuniones en Caracas, en las cuales participaron, entre otros, Posada Carriles y Ricardo Morales Navarrete, en esa época miembros de la inteligencia venezolana.
También salió a la luz un sumario de los cinco tomos que la CIA posee sobre las actividades de su ex agente, pero su contenido no se dio a conocer, pues al parecer emergerían otras andanzas realizadas por el criminal al amparo de Estados Unidos.
¿Por qué no desclasificar el contenido de estos documentos?, preguntaron dirigentes políticos, abogados, académicos y periodistas, entre otras voces, ante la negativa de Washington a poner al desnudo el abultado historial del terrorista de origen cubano.
«Exhortamos al gobierno de Estados Unidos a divulgar todos sus informes de inteligencia sobre Posada. Es hora de que sea transparente sobre el pasado de Posada y su vinculación al terrorismo internacional», señaló Peter Kornbluh, director del Proyecto de Documentos sobre Cuba de los Archivos de Seguridad Nacional.
En opinión de Kornbluh, «las víctimas, la opinión pública y las cortes tienen derecho a saber».