Tanto el recién Pleno del Comité Central del Partido efectuado el 5 de julio del 2024, como el Consejo de Ministros, recién celebrado, se han referido a temas cruciales de la economía cubana, como los precios, la producción de alimentos, entre otros, y eso está muy bien, ya que el país está atravesando uno de sus peores momentos en su quehacer diario.
Lo curioso, pero no novedoso, es que se sigan anunciando medidas para estabilizar el país, pero momentos antes de su implementación, se dé marcha atrás momentánea. La interrogante: ¿se discuten con poco tiempo, sin un criterio popular, o se consultó con alguna institución decisoria?
Casi nada de lo anunciado va a la raíz de los cambios estructurales que se necesitan para salir de su situación actual. Se siguen trabajando sobre indicadores coyunturales, de corto plazo, sin ir a las raíces de los problemas.
Todo anuncio llega sin una claridad, como el llamado plan de estabilización macroeconómica, que no se ha hecho público hasta el momento. Se sigue obviando el mercado, aunque no a los ritmos anteriores, se sigue invirtiendo en el turismo —concretamente en la construcción de hoteles— sin que haya indicios de una recuperación significativa de este sector. Por el contrario, no se prioriza en cuanto a inversión la producción azucarera, ni la agricultura, ni las manufacturas.
El gobierno ante tantas incongruencias y a los resultados económicos que presenta, ahora ha esgrimido el término de «economía de guerra». ¿Pero qué significa el término en lo concreto?
La enciclopedia económica Economipedia define la economía de guerra como «una situación bélica o de catástrofe en la que el Gobierno toma el control de la gestión recursos económicos. Todo ello implica medidas como la movilización de la población, el racionamiento, el control de la producción y el autoabastecimiento».
Más allá del diferendo con Estados Unidos, que ya tiene más de 60 años, las autoridades cubanas no han explicado qué elementos recientes justifican este término. Las medidas unilaterales coercitivas del mencionado país, si bien afectan duramente a la economía cubana, no son nada nuevo. ¿Existe alguna otra situación de guerra que no conozcamos?
A falta de una explicación mayor, solo queda pensar que el uso del término no es más que una patente de corso de las autoridades para implementar todo tipo de medida económica, aunque no sea sostenible y con pasos hacia atrás de lo logrado. En resumen, se puede vaticinar una mayor centralidad de los recursos, en vez de abogar por la autonomía de las instituciones y empresas.
Se están topando precios al mercado minorista más dinámico de la actualidad, el no estatal. Este ya representó en 2023 el 44% de las ventas de bienes y servicios, y aun con una mayor probabilidad de crecimiento en el futuro mediato. La historia de precios topados demuestra una total ineficiencia y escases para la sociedad, ya que se contribuye al desabastecimiento y al mercado informal, aunque en el corto plazo se muestren resultados.
No creo que la decisión de topar esos precios imprescindibles en la dieta del cubano, resuelva el tema de la inflación de la economía en general, pues tiene causas más estructurales que no se resuelven con una medida concreta.
No obstante, es una buena noticia que algunos de esos precios publicados en la gaceta oficial numero 61 no están muy distantes del precio real en la calle y están acompañados de una medida de fomento que es la exención del impuesto aduanero para su importación, algo que, de haberse aplicado antes, hubiera contribuido a ralentizar el incremento de los costos de estos productos.
Por el momento, si el tope no está por debajo de la ganancia de los comerciantes, la medida pudiera evitar momentáneamente que los precios de estos productos se incrementen.
No obstante, es bueno aclarar que esos precios aprobados comparados con salarios y jubilaciones son imposibles de acceder para esa parte de la población de salarios del sector estatal presupuestado y jubilados. Por tanto, no resuelve el problema del inacceso a una canasta básica que hoy tiene parte importante de la población.
Asimismo, si bien el mercado informal del dólar hoy se encuentra relativamente estable, un incremento vertiginoso de las divisas —imprescindibles para importar— podría convertir estos topes en irrentables para los importadores y comerciantes, y por tanto, hacer que los productos se pierdan del mercado formal.
Nadie va a importar ni vender un producto que le dé pérdida. Por tanto, en un contexto tan dinámico, un tope fijo que no se actualice de acuerdo a las condiciones concretas del mercado nunca será buena idea. ¿Tendrá esta política económica la capacidad de adaptarse rápidamente a las cambiantes condiciones del mercado cubano? Los antecedentes con otros topes nos indican otra cosa.
¿Con quién es la guerra?
Puede darse a entender que el Estado no quiere competir con el sector privado que ha demostrado ser eficiente y con una capacidad de expansión significativa. Esto se demuestra en la tabla siguiente: sin acceso oficial a divisas extranjeras, sin ofrecérseles créditos ni otros incentivos, ya mueve casi la mitad del dinero que circula en el comercio de bienes y servicios.
La tabla anterior refleja enormes potencialidades de las fuerzas productivas internas. Y el gráfico aun es más ilustrativo, pues evidencia el crecimiento exponencial de este sector en un corto período de tiempo. Si sigue la tendencia en el 2024 las formas de gestión no estatales podrían rebasar las ventas del Estado en valor; tal vez en cantidades físicas no sea así, por los volúmenes que aún se entregan en ventas normadas.
Hay mucho capricho en achacarle al sector de las mipymes la alta inflación existente. Se intenta satanizar el sector privado, sin reconocer que las tiendas estatales en MLC tienen los precios superiores si se realiza la conversión al cambio informal ¿Están ciegos o no lo quieren ver los directivos? ¿Se quiere ignorar las estadísticas propias que publica la ONEI?
En una reunión entre la viceministra de Finanzas y Precios, Lourdes Rodríguez Ruiz, y varios empresarios y emprendedores privados (que fue publicada por el medio no estatal elToque) este fue uno de los puntos más acalorados. Según la funcionaria, las tiendas en MLC sí tienen topes de precios, lo que sus costos de adquisición son mayores a los del sector no estatal. Sin embargo, no hay ninguna transparencia sobre cuáles son los márgenes de ganancias de estos comercios, ni por qué los costos de adquisición son presuntamente tan altos, a pesar de que tienen muchas más facilidades que las formas de gestión no estatales.
Si el Estado es consecuente, debería dar el ejemplo y poner, en todas sus modalidades de comercios, precios similares a los aprobados por la gaceta oficial. Jugar a las cartas limpiamente, y no solo utilizar la tasa de cambio oficial, sin tener en cuenta que ni el privado, ni la población en general, pueden acceder de forma regular a esas tasas de cambio, sino que debe regirse por las del mercado informal. Las reglas deben ser parejas para todos los actores económicos sean privados o estatales.
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Los altos precios que tanto afectan el nivel de vida de la población son solo el síntoma de un problema mayor de la economía cubana: la mermada oferta. Todo el tiempo se habla del comercio de productos importados, pero que perfectamente pudieran producirse —al menos una parte de ellos— en el país. No se trata de peras o manzanas, sino de pollo, aceite y salchichas. Para ello habría que empezar por quitarle los nudos a la agricultura y a la industria cubana, es la única forma de producir la oferta que se necesita para frenar la inflación galopante. Lo otro son parches que, cuando más, podrán ralentizar lo inevitable.
Como lo expresara recientemente el colega Pedro Monreal «…no haber asegurado una capacidad de respuesta de oferta agropecuaria (estatal, cooperativa y privada) antes de lanzar la Tarea Ordenamiento, es lo que ha llevado a la falta de oferta nacionales en favor de los bienes importados».
Ante casos puntuales que han sucedido, y ante las fuertes inspecciones que se están ejecutando por diferentes instituciones, como la ONAT, MFP, Bancos, Fiscalia, etc., las mipymes se encuentran en un estado de alerta, con variantes de cierre momentáneo, de desaceleración de su crecimiento, de intentos de cierre.
La búsqueda de la legalidad es necesaria pero las medidas que se tomen no pueden afectar a los ciudadanos que, ante la poca capacidad del estado de garantizar los bienes que antes proveía, necesariamente acuden a las tiendas minoristas privadas que tienen mejores precios que las tiendas en MLC.
La batalla tiene que ser en todos los sentidos, si el pueblo es lo que le preocupa a las autoridades por la alta inflación existente, deben entonces bajar los precios de los productos que se ofrecen desde las únicas tiendas estatales más o menos abastecidas a la par de invertir en una industria nacional que sea capaz de ampliar la oferta de productos de primera necesidad. La competencia siempre será más beneficiosa que un tope de precios. Si en las tiendas estatales dichos productos estuvieran disponibles a bajos precios los privados no tendrían de otra que bajar los suyos, o cerrar.