Entre otras leyendas negras que los detractores (destructores) del Estado del Bienestar hacen circular, una de ellas sostiene que las prestaciones por desempleo, aparte de fomentar la vagancia, son percibidas de manera fraudulenta. Sin embargo, son esos altos directivos que tanto pontifican a la hora de pedir el retraso de la edad de jubilación, quienes […]
Entre otras leyendas negras que los detractores (destructores) del Estado del Bienestar hacen circular, una de ellas sostiene que las prestaciones por desempleo, aparte de fomentar la vagancia, son percibidas de manera fraudulenta. Sin embargo, son esos altos directivos que tanto pontifican a la hora de pedir el retraso de la edad de jubilación, quienes no aplican la regla en casa propia. En las grandes empresas, las prejubilaciones siguen estando a la orden del día, recurriendo, entre otros trucos, a enviar a la gente a cobrar la prestación de paro. O sea, que la operación se carga al presupuesto público por partida doble.
Uno de los argumentos favoritos de los gobernantes desaprensivos para justificar los continuos recortes de la prestación por desempleo es afirmar que gran parte de los beneficiarios las perciben de manera fraudulenta. Sin embargo, conforme a los expedientes incoados por el INEM, el fraude no llega al 1,5% del total de quienes cobran estas prestaciones. Un porcentaje mucho menor que el que se produce a diario en la industria alimentaria, gasolineras y, en todo tipo de servicios profesionales, desde arquitectos a fontaneros, que cobran «en negro» para no facturar el IVA.
Las grandes empresas no sólo siguen engrosando las cifras del desempleo, sino que se sirven de las prestaciones estatales para llevar a cabo las prejubilaciones contra las que, en teoría, se pronuncian sus dirigentes. A principios de 2010, el ex vicepresidente del Gobierno, ex director del Fondo Monetario Internacional y a la sazón presidente de Caja Madrid, añadía su personal cuarto de espadas a la monserga neoliberal sobre las pensiones públicas. O sea, «el sistema público de pensiones dejará de ser viable a partir de 2022 si no se acomete cuanto antes una reforma».
Esta era la principal conclusión del informe elaborado por un comité de «expertos» presidido por Rodrigo Rato. El comité estaba integrado por Juan Chozas (ex secretario de Empleo), Juan Manuel Eguiagaray (ex ministro de Industria y Administraciones Públicas), José María Fidalgo (ex secretario general de CCOO), Víctor Pérez Díaz (catedrático), Xavier Sala-i-Martín (economista) y Pilar González de Frutos, presidenta de Unespa, la patronal de las compañías aseguradoras que financió a este comité.
Quien paga los violines escoge la música, y en este caso, a las aseguradoras que ansían quedarse con el negocio de las pensiones la melodía que más les conviene es la que anuncia la quiebra del sistema público. Bailando al compás marcado por Unespa, Rato aconsejó entonces la prolongación de la vida laboral de los españoles. Y el principal camino para conseguirlo consiste en eliminar las prejubilaciones masivas que se están acometiendo, que «utilizan al sistema público de pensiones para ajustar el mercado laboral» y para sacar del sistema de empleo a personas a partir de los 50 años, dijo Rato.
A finales del verano, en septiembre de 2010, el mismo Rodrigo que con tanto ardor se había pronunciado contra las jubilaciones anticipadas, no tenía el menor empacho en promoverlas en la empresa que dirige. Dentro del proceso de fusión de cajas de ahorro, la creación del SIP liderado por Caja Madrid y Bancaja contemplaba prejubilaciones a partir de los 55 años. Aparte de las entidades madrileña y valenciana, integran esta fusión virtual las cajas de Ávila, Segovia, Rioja, Insular y Laietana.
Fuentes del SIP estimaron entonces que: «Tienen que salir 3.800 personas, 1.600 de las cuales vienen de Caja Madrid, y 53 años es la edad mínima para que salga justo esa cifra. Ahora bien, lo que van a hacer las entidades es alargar las prejubilaciones durante varios años. De esta forma, empezarán por los empleados mayores de 55 años el primer año, seguirán al siguiente por los que cumplan esta edad y así sucesivamente».
Al llegar las navidades de 2010, Rodrigo Rato ofreció a los sindicatos (que también mantienen un discurso de boquilla contra las prejubilaciones) las mejores condiciones de todas las cajas de ahorros para los empleados afectados por los recortes de plantilla.
Este acuerdo supone, en primer lugar, que todas las salidas se harán mediante prejubilaciones como pedían los sindicatos. La edad de salida será de 55 años en 2011 (54 en 2010). Los que tengan que irse lo harán con el 95% de su salario fijo neto (80% del bruto), el porcentaje más alto de todas las fusiones de cajas. Aparte de llevarse ese porcentaje del sueldo, los trabajadores mantendrán el derecho a cobrar el plan de pensiones que les hubiera dotado su caja.
Para llevar esto a cabo, las entidades se han buscado un truco, idea del despacho laboral Sagardoy según las fuentes consultadas: a cambio de estos privilegios, los trabajadores afectados tendrán que pasar dos años cobrando la prestación del paro antes de prejubilarse. De esta forma, las cajas no les pagan un euro durante los dos próximos años, ya que todo corre a cargo del Estado y de las contribuciones de los trabajadores.
A todo esto, la opinión pública parece haber olvidado que la reforma de las pensiones está ‘cociéndose’ en el Congreso de los Diputados en el mayor de los sigilos. Por supuesto, sus Señorías no han apeado ese privilegio que les permitirá cobrar la pensión máxima sin que les afecten los recortes que ellos van a legislar para los demás.
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