Presentación de «Crónicas del 6»

Hace unos cuantos días, Luis Herrero -ex periodista derechista muy militante, y ahora eurodiputado no menos militante del PP- fue expulsado de Venezuela acusado de estar incumpliendo sus obligaciones como observador internacional en el referéndum convocado por Hugo Chávez. Aún a sabiendas de que un observador internacional tiene como primer y máximo deber ser exactamente eso, observador, y no meter baza dando y quitando razones sobre el acontecimiento que supervisa, no es mi intención meterme hoy en disquisiciones sobre el grado de astucia o de tosquedad política de la decisión del gobierno chavista de expulsarlo del país. A los efectos de este acto de hoy, llamo la atención sólo sobre un punto: Luis Herrero se permitió acusar a Chávez de «dictador». Y eso me hizo gracia, porque Luis Herrero (o, para ser más exacto, Luis Herrero-Tejedor) es hijo de Fernando Herrero-Tejedor, un personaje que, amén de fiscal en épocas tenebrosas, fue también secretario general del Movimiento, esto es, máximo jefe del partido único que sustentó el régimen de Franco y que le sirvió de brazo político y represor. De modo que, cuando perora sobre dictadores este Luis Herrero de ahora, un individuo que jamás ha renegado del pasado de su padre, ¿qué lo hace: como crítica o como lisonja?

David Fernández, en este Crónica del 6 y otros trapos sucios de la cloaca policial, hace referencia a la ascendencia de Julia García Valdecasas y a la trayectoria fascista de su padre, oprobio que fue de la Universidad de Barcelona. Doña Julia, recientemente fallecida, fue digna sucesora de su progenitor: heredó su alma represora.

El pasado domingo, en una tertulia radiofónica, señalé esa circunstancia y hubo quien me lo reprochó: «Hombre, uno no es responsable de sus antecesores», me dijo. No lo es, desde luego, salvo que los asuma y les dé continuidad.

Soy muy consciente de ello, porque mi abuelo paterno, policía de pro, fue (aparte de gobernador civil en varias capitales y jefe del servicio de seguridad de Alfonso XIII) uno de los fundadores de la Escuela Superior de Policía, puesto desde el que aleccionó a gente tan caracterizada como Melitón Manzanas.

La diferencia está ahí: tanto Julia García Valdecasas como Luis Herrero se han declarado orgullosos de sus ancestros fascistas. En mi caso, jamás he ocultado que tengo clarísimo que mi abuelo fue una mala persona, un mal bicho, maestro de torturadores. Aspecto éste que quizá explique mi fijación por la lucha contra la tortura, de la que yo mismo he sido víctima. Todo lo cual seguramente explica que hoy esté aquí, ayudando a presentar este libro.

El libro de David Fernández es una joya.

En primer lugar, por la información que proporciona. Admito que, pese a mi interés por la información política en general y por los excesos policiales, en particular, desconocía muchas de las historias de las que David da cumplida razón, empezando por la existencia de ese grupo 6 de la policía en Cataluña, especializado en provocaciones y malos tratos. Para quienes no os dediquéis profesionalmente a estos asuntos y no los tengáis todo el día bajo vuestro punto de mira, la lectura de este libro puede ser un auténtico aldabonazo. Porque muchos hemos aportado el testimonio de historias estremecedoras de lo sucedido durante el franquismo, pero lo que se cuenta aquí forma parte de las cloacas de la llamada democracia: con Suárez, con Calvo-Sotelo (tuvo poco tiempo, pero no lo malgastó), con González, con Aznar y también, desde luego, no os quepa la menor duda, con Rodríguez Zapatero. Porque a los presidentes les pasa como a los hombres: que son todos iguales.

El segundo gran mérito de este libro es su técnica narrativa: va soltando sus misiles en forma de perdigonadas, breves, lanzadas en muy diversas direcciones, pero igual de demoledoras. Al final, es como el disparo de una escopeta de cañones recortados. Lo alcanza todo. O, por decirlo de modo menos truculento: es como un cuadro puntillista, que logra un retrato fiel de la realidad a base de una enorme cantidad de trazos aparentemente aislados.

Tercer mérito, y no el menor: su valentía. No sólo llama a cada cosa por su nombre, sino también a cada quien por su nombre. No tira ninguna piedra para esconder luego la mano. Si lanza una acusación contra alguien, lo señala con el dedo. Y dice por qué.

Cuarto mérito: nos demuestra de manera pormenorizada que el terrorismo de Estado no es sólo, como a veces se piensa, una aberración que montan altos servicios secretos para cometer crímenes muy especiales contra personas tenidas (con razón o sin ella) por peligrosos enemigos del orden constituido, sino que es también una actividad sistemática y rutinaria, destinada a amedrentar a toda la población potencialmente rebelde y a servir de válvula de escape a las ansias de prepotencia de unas fuerzas represoras entrenadas para serlo.

Ante este libro soy incapaz de mostrarme neutral, porque me pilla muy de dentro. Me coge por las entrañas. No sólo por la ingente cantidad de brutalidades y arbitrariedades policiales que relata, sino por el telón de fondo de pasotismo que revela. Es demasiada la gente que quiere que la Policía (la que sea: todas las policías) se las arregle para que la vida no le importune todavía más, sea como sea y a costa de lo que sea.

David pone algunos ejemplos muy ilustrativos. Yo he recordado, leyéndolo, una secuencia de La Batalla de Argel, la estremecedora y en tantos sentidos inquietante película de Gillo Pontecorvo, en la que el coronel Mathieu, cabeza de la represión contra el Frente de Liberación Nacional argelino, pregunta, cuando se le pide que hable de los métodos represivos que utilizan las fuerzas armadas francesas, qué es lo que quiere la mayoría, si que le resuelvan los problemas o si discutir sobre cómo se los resuelven. En la España actual, e incluso en la Cataluña actual, y también en la Euskadi actual, hay demasiada gente que no quiere discutir sobre métodos. Lo que quiere es que les quiten los conflictos (y a los conflictivos) de encima. Y si es por las buenas, bueno, y si es por las malas, pues se mira para otro lado, y ya está. No podría haber una cúspide estatal tan perversa si no hubiera una base social tan degradada.

Todos los terrorismos de Estado son, en realidad, el mismo terrorismo. David Fernàndez cita casos de los más diversos géneros. También podría hacerlo mucha otra gente. Hace escasos días, alguien descerrajó con habilidad la puerta del piso de un periodista amigo mío que está haciendo un trabajo de investigación que afecta a altos cargos de la Comunidad de Madrid. Quienes entraron en su casa registraron sus papeles e inspeccionaron su ordenador. No lo mataron, ni le conectaron electrodos en los testículos: es otra variante del multifacético terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado de baja intensidad, podría llamarse.

Yo tengo una casa en Alicante muy cerca de donde un cazador dominguero encontró en 1985 los cadáveres de Lasa y Zabala, presuntos miembros de ETA que fueron enterrados en cal viva. El Mundo sacó la noticia. Eran otros tiempos y por entonces yo era subdirector de ese periódico. Poco después del macabro hallazgo, me encontré con que alguien había entrado en mi casa de la campiña alicantina y se había dedicado a hurgar todos mis papeles. Quienes fueran hicieron un trabajo limpio: incluso barrieron cuidadosamente los restos del ventanal que rompieron para entrar. Toda la papelería estaba revuelta, pero no robaron nada, y menos de valor (ni siquiera policial, porque yo no tenía nada que ver con la investigación periodística del caso).

Son casos de terrorismo de Estado de baja intensidad. Pero estos dos que he citado por lo menos tienen algo que ver con lo que podrían considerarse «cuestiones de Estado». Hay muchísimas más que se refieren a asuntos en los que ni el Estado, ni el Gobierno, ni la respectiva Comunidad Autónoma se juega nada de mayor trascendencia, salvo la fijación del sacrosanto «principio de autoridad»: aquí mando yo, la Ley soy yo, se hace lo que yo diga y al que lo ponga en duda le parto la cara. Y no hace falta que lo ordene ningún general: basta con que sea un sargento o un cabo.

En la época en la que Julia García-Valdecasas estuvo al frente de las fuerzas represivas en Cataluña, se produjeron del orden de 700 detenciones relacionadas con actos de motivación política y social. Según cálculos presentados en Barcelona en un seminario que se realizó en 2005, en la década anterior la cifra de detenidos fue de 2.000 personas, en números redondos.

Excuso decir que muy pocas de esas detenciones se han traducido en sentencias judiciales condenatorias. En caso contrario, Cataluña tendría más presos políticos que Euskadi.

Pero, a fin de cuentas, ¿qué es un preso político, o un preso social? Lo que está en cuestión no es lo que ha hecho o dejado de hacer el uno o el otro, sino la lógica aplastante que se les aplica a todos. Leo en el libro de David un par de apuntes. El primero se llama «Economía de mercado» y dice:

«Condena de 600 euros a un policía español por matar a un joven que huía con un coche robado. Condena de 240 euros a una inmobiliaria por dos meses de mobbing (sin agua ni luz) en la calle Verdi de Gracia.

25 euros de multa a un concejal de la Plataforma per Catalunya por Intentar quemar una mezquIta.

¿El que la hace la paga?

20.000 euros por quemar un cajero automático. Y 18 años de cárcel. La mitad para el asesino del joven militante antirracista Guillem Agulló.

En el mundo del capitalismo maduro son más importantes las cosas que las personas. Y si la cosa es un cajero automático, prepárate.

La economía antirrepresiva. Tirando bajo, a nosotros nos sale que entre procuradores, fianzas, abogado y procesos dilatados, la broma no ha bajado de 600.000 euros. 100 millones de pesetas.»

Y David escribe a continuación, bajo el título «Regla de tres»:

«Somos un país pequeño. Y por eso proyectamos la represión al Estado. Y hacemos números, prospecciones. Si los niveles de conflicto social y represión hubieran sido los mismos en todo el Estado español en este ciclo de luchas, ¿qué radiografía obtendríamos? Es ucrónico y utópico, pero estas serían las cuentas: 16.000 detenciones entre 1995 y 2005. 420 agentes dedicados únicamente a los movimientos sociales. 160 encarcelamientos. 40 presos. 8 suicidios. 56 infiltrados descubiertos.

Es otra manera de visualizar y proyectar una etapa. Y las conclusiones son bastante fértiles. Por elocuentes. ¿No tiene toda la pinta de una moderna guerra de baja intensidad contra la disidencia política y social?»

Hasta aquí la cita. Y la subrayo con mi respuesta: por supuesto que es una guerra contra la disidencia, pero su intensidad es más baja o más alta, en unos u otros periodos de la Historia, según sea la intensidad de la propia disidencia. Ellos están siempre dispuestos a todo. Todo depende de lo peligrosos que se muestren los que tienen enfrente.

Voy terminando. Pero no quisiera hacerlo sin referirme a uno de los asuntos que cita David cuando se refiere a la recurrente tendencia de los poderes constituidos a la utilización de agentes provocadores y de infiltrados. Él habla de un individuo al que llama Ángel Grandes Herreros, un policía que se hizo pasar primero por okupa y antimilitarista, que luego se las dio de solidario con Chiapas y viajó un par de veces a México, que pasó más tarde por Euskadi y se mezcló con la kale borroka y se vino finalmente a Madrid, donde se le perdió el rastro de manera bastante enigmática después de que su novia muriera de un tiro de bala. Mi mujer suele decir que el mundo es un pañuelo de mocos verdes, y eso me hizo recordar que una compañera suya de colegio, Maika Pérez, murió de un tiro que salió de la pistola de su novio, policía, que había estado en Barcelona, que viajó un par de veces a México, que luego pasó por Euskadi y que acabó en Madrid. El individuo, de nombre de pila Ángel, aunque con apellidos distintos, fue llamado a declarar ante el juez, pero se cuenta que lo que declaró es que sabía demasiadas cosas sobre la lucha antiterrorista y que, si empezaba a largar, podía resultar bastante comprometido para muchos peces gordos.

Lo único indiscutible es que la causa por la muerte de Maika Pérez duerme el sueño de los injustos.

Felipe González dijo en cierta ocasión, con el telón de fondo de los GAL, que al Estado también se le defiende desde las cloacas. Mi criterio, reforzado por el libro de David Fernàndez, es que al Estado se le defiende sobre todo desde las cloacas.