El fallo condena al Estado a indemnizar con 600.000 euros a una empresa que se vio afectada por una inmatriculación
La Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia Católica, que agrupa a una veintena de colectivos de todo el país, ha anunciado este martes que llevará al Congreso de los Diputados la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que declara nula una inmatriculación llevada a cabo por la Iglesia Católica.
El fallo, que fue publicado el 20 de diciembre de 2016, condena al Estado español a indemnizar con 600.000 euros a la Sociedad Anónima Ucieza. Esta empresa adquirió en 1978 una finca de regadío que incluía un conjunto de bienes de carácter religioso pertenecientes a un antiguo monasterio desamortizado en el siglo XIX. Posteriormente, en 1994, el obispo de Palencia inmatriculó el templo, la sacristía y la sala capitular al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que le permitía inscribir bienes sin aportar título de dominio escrito y con su única autocertificación. Dicha ley fue derogada en 2015 por el PP.
La Coordinadora Recuperando, que considera la sentencia «un hito jurídico de extraordinaria importancia en la reivindicación de los bienes inmatriculados por la jerarquía católica», solicitará la creación de una comisión encargada de restaurar la «legalidad conculcada por esta violación continuada y masiva de los derechos humanos mediante las inmatriculaciones». Además, pedirán la difusión del listado completo de aquellos bienes inmatriculados por la Iglesia. Según Carles Mulet, senador territorial de Compromís que ya presentó dos preguntas al Ejecutivo central sobre este asunto, que el número de estos inmuebles podría ascender hasta más de 4.500.
El Gobierno, por su parte, ya aseguró que no dispone de esos datos. La publicidad de ellos, asegura el Ejecutivo, «deben proporcionarla los Registradores titulares de los respectivos Registros de la Propiedad en donde pudieran estar inscritos los bienes». De este modo, y a pesar de que algunas comunidades autónomas como Navarra y País Vasco ya han hecho públicos estos datos, los populares volvieron a negar a Mulet la información requerida, lo que la Coordinadora Recuperando describe como un «indisimulado esfuerzo por encubrir la apropiación masiva de inmuebles y fincas por parte de la Iglesia católica».
De hecho, el Ministerio de Hacienda ya desestimó en 2014 la demanda de un particular que denunciaba la apropiación por parte del obispado del caso más sonado: la Mezquita de Córdoba, inmatriculada en 2006. El argumento en el que se basó este organismo fue que la Iglesia es la encargada de gestionar el templo desde que este fuera consagrado por Fernando III el Santo en 1236.