En estas dos últimas semanas el clima político soporta la convulsión que generan los sucesivos atentados del Estado. No se ha disipado las gigantesca nube que levantó el atentado de Barajas; ni tampoco los empeños por reflotar el proceso de conversaciones que, aparentemente, quedaba hundido. En este contexto hay que situar los dos gravísimos atentados […]
En estas dos últimas semanas el clima político soporta la convulsión que generan los sucesivos atentados del Estado. No se ha disipado las gigantesca nube que levantó el atentado de Barajas; ni tampoco los empeños por reflotar el proceso de conversaciones que, aparentemente, quedaba hundido. En este contexto hay que situar los dos gravísimos atentados judiciales que se han sucedido uno tras otro. Nos referimos a la sentencia del Tribunal Supremo condenando a 6 años de cárcel a 23 jóvenes por pertenecer a una organización juvenil. El segundo es la decisión de la Audiencia Nacional de mantener al preso político Iñaki de Juana en la misma situación en la que se encuentra, es decir, al borde de la muerte. Dos hechos que merecen nuestro análisis.
Presos políticos
El Estado español, y todos sus muchos aliados, mantienen un interés obsesivo y permanente por deslegitimar la lucha soberanista de nuestro pueblo. De un modo especial, tratan de desfigurar la caracterización de las personas que están presas como consecuencia de este agudo conflicto político. Según los voceros del Estado, a las personas cautivas no se les puede conceder el tratamiento de presos políticos, se trata, simplemente, de criminales que soportan cárcel por haber ejercido acciones de terrorismo. Los dos hechos a los que aludimos dejan muy cuestionada esta teoría.
El Tribunal Supremo ha condenado a 23 jóvenes vascos nada menos que a 6 años de cárcel. ¿Su delito? Pertenecer a una organización juvenil independentista a la que, previamente, el Estado español había declarado terrorista dentro de la «cruzada antiterrorista» a la que se alistó el Estado español en tiempos de Aznar junto a Bush y Blair. La justicia española no se fundamenta en hechos sino en las catalogaciones políticas que hace el Estado respecto de sus enemigos. La sentencia no demuestra ni prueba que estos jóvenes hayan participado en ningún atentado, que incurran en tenencia o traslado de armas. Nada de nada. La base jurídica, por llamarle de alguna forma, es la teoría instaurada por el Juez Garzón y la Audiencia Nacional, de que todo el que coincide con los objetivos independentistas de ETA, es ETA.
El otro hecho que despeja dudas es el caso de Iñaki de Juana. En su juventud se alistó en ETA y participó activamente en la lucha armada. Fue detenido y recibió el trato que el Estado español da a los militantes vascos: captura, detención incomunicada, torturas crueles, condena firme y severa a 20 años de cárcel, cumplimiento íntegro de la condena. El año 2000 se le negaron todas las redenciones de pena a las que se había hecho acreedor según la legislación española vigente. El secuestrado escribió dos artículos de opinión denunciando su situación que no merecieron ningún comentario. El año 2004 debía de salir en libertad pero una conjura de poderes lanzó el mensaje de que había que impedirlo por todos los medios. Como no había ninguna base legal para mantenerlo en prisión, se le inculpó de terrorismo por haber escrito dos artículos de prensa y se solicitaron contra él 96 años de cárcel. Sin duda ninguna, un delito de opinión que ratificaba su condición de preso político. A partir de ese momento continuaba en la cárcel en calidad de secuestrado por el Estado sin base legal alguna.
Separación de poderes
Sólo los ingenuos o los interesados se creen semejante falacia. El Gobierno español advirtió tras el coche bomba de Barajas que cada atentado tendría su reflejo en el mundo de las cárceles. Y así ha resultado.
El enjuiciamiento de los jóvenes tiene su inicio en una justicia marcada por el impulso político: El Gobierno de Aznar instrumentaliza la judicatura como estrategia política contra la disidencia y ésta se presta a colaborar. La sentencia firme del Supremo condenando a cárcel tiene mucho que ver con el clima de venganza que se ha impuesto en el Estado tras la acción de ETA.
En el caso de Iñaki, la confusión de poderes todavía es más notoria. Los medios de comunicación orquestaron un linchamiento social en el 2004 para que no pudiera salir de la cárcel a pesar de tener cumplida la condena. El Ministro de Justicia (¡que nivel de independencia y de justicia!) tranquilizó a los poderes fácticos y reaccionarios advirtiendo: ?se construirán los cargos que hagan falta para que no pueda salir libre?. Escandalosamente, esa misma persona sigue como Ministro de Justicia. Como no se encontraba ningún pretexto, se echó mano de los dos artículos citados alegando que encerraban veladas acusaciones. Nadie había apreciado amenazas en ambos escritos hasta que hubo que crear algún nuevo «delito». En base a los dos escritos se le abría una nueva inculpación con una petición de pena de 96 años de cárcel. El secuestrado se enfrentó al derecho penal del enemigo con la única acción política que tenía en sus manos: la huelga de hambre. Cuando el pulso político se endurecía, la justicia trató de desactivar la protesta prometiéndole una reducción de pena de 96 a 2 años. Lo engañaron. Una vez que Iñaki depuso su protesta, el Estado le impuso 12 años de cárcel por los dos artículos. Iñaki, haciendo gala de un valor heroico, reanudó la huelga que lo tiene al borde de la muerte.
La propia «justicia» que lo condeno intentó hacer un movimiento político para evitar una muerte inminente y a todas luces injusta. La lucha política entre el PSOE y el PP hizo el resto. Este recurrió a sus jueces afines para evitar la maniobra e incrementar el conflicto. Aprovechando su mayoría, la sala de lo penal resolvió que Iñaki continúe donde está sin aplicarle ninguna medida suavizada. El PSOE había ido demasiado lejos y, cuando intentó maniobrar para salvar la vida del preso, el PP le ha impedido la maniobra.
Una condena de muerte
La decisión de la Audiencia Nacional ha sido un golpe durísimo en la opinión pública vasca. Nadie comparte la condena de 12 años ni nadie acepta la medida adoptada esta semana. Perdón, el PP, haciendo gala de su fascismo, se ha alegrado públicamente de lo acordado por la Audiencia Nacional. El preso, que tenía 90 quilos de peso cuando inició la protesta, tiene ahora, 50. Los casi 90 días de huelga de hambre lo han llenado de llagas, convulsiones, espasmos, los médicos que lo atienden han emitidos dos informes consecutivos advirtiendo del riesgo inminente de muerte o deterioro irreversible, su abogado solicitó la libertad en base a un principio de humanidad. ¿Qué es eso? ¿Qué significa tan extraña palabra? ¿Dónde están todas aquellas voces que proclamaban que la vida es sagrada y que nadie puede atentar contra ella? Una vez más, con sus pocos recursos y con sus muchas convicciones, es el pueblo llano el que asume la tarea, casi imposible, de rescatar con vida a un preso político condenado a muerte.