No existen precedentes de grandes mareas negras cuyo proceso judicial haya acabado sin determinar responsabilidades. Con la sentencia del Prestige estamos ante un caso tan insólito como absolutamente inasumible para una gran parte de la población española. El hundimiento del Prestige lo vivimos televisado en directo todos los españoles hace once años. Cada movimiento del […]
No existen precedentes de grandes mareas negras cuyo proceso judicial haya acabado sin determinar responsabilidades. Con la sentencia del Prestige estamos ante un caso tan insólito como absolutamente inasumible para una gran parte de la población española. El hundimiento del Prestige lo vivimos televisado en directo todos los españoles hace once años. Cada movimiento del buque fue seguido, hasta que se partió en dos mitades y su hundimiento ha quedado grabado en nuestra memoria para siempre.
En cuanto a la decisión de alejar el buque, y en contra de lo que dice la sentencia, hay un amplio consenso de que sus consecuencias fueron desastrosas. Es muy poco creíble que una decisión que acarrea la contaminación de miles de kilómetros de costa, acaba con la muerte de más de 200.000 aves marinas y afecta a miles de personas pueda ser airosamente justificada como una decisión correcta. No lo fue.
Durante estos largos once años venimos discutiendo sobre las consecuencias de aquella decisión. Hay pocas dudas de que la misma estuvo en el origen de los enormes daños que acarreó la marea negra y que supuso, cuando menos, una negligencia criminal. En ningún caso debió acabar en una absolución. Lo único que en realidad estaba en discusión era el rango de la persona que se iba a sentar en el banquillo; a quién del Gobierno le iba a tocar «comerse el marón». De hecho la indignación ya era alta antes de conocerse la sentencia, por la ausencia de los actores políticos de primera línea.
Tenía que ser hoy presidente del Gobierno el hombre de los «hilillos de plastilina» para que todavía quede más en evidencia la magnitud de la injusticia que esta sentencia ha supuesto. Pero el escarnio va mucho más allá.
Si el culpable es el buque, uno se pregunta a quién pertenecía. Y sobre todo, por qué no se ha actuado para que quienes se iban a beneficiar de la carga del Prestige se sentaran en el banquillo. Flaco favor se ha hecho para la causa de la prevención de futuras catástrofes con esta sentencia. Al final, sentar en el banquillo al capitán del buque, y a su jefe de máquinas ha sido apuntar demasiado bajo. No buscar a los que realmente estaban fletando un fuel sucio en un buque que no reunía las condiciones mínimas para hacer negocio jugando con la seguridad no puede ser justificable. Y que aquellos que, escondidos detrás de una trama de irregularidades increíbles, hoy estarán fletando otros Prestiges en cualquier mar del mundo sigan enriqueciéndose a costa de nuestro dolor es, simplemente, inaceptable.
Con esta sentencia esos individuos nos roban a los españoles más de 4.000 millones de euros, que hemos adelantado para pagar la factura de los daños de la marea negra. Un dinero que necesitamos para pagar colegios y hospitales nos ha sido robado por la industria que finalmente se beneficia de todo esto: la petrolera. Ya que no vamos a recuperar la dignidad ¿de verdad no van a hacer nada los que nos gobiernan para que al menos recuperemos el dinero?
Juan López de Uralde es coportavoz federal de EQUO
Fuente: http://www.infolibre.es/noticias/opinion/2013/11/14/una_sentencia_inasumible_9832_1023.html