Un juzgado de Granada dicta penas de tres años de cárcel por un delito contra la libertad de los trabajadores para dos personas que participaron en un piquete el 29M
El ciclo de huelgas generales de alcance estatal iniciado con la crisis ya cuenta con su primera condena penal firme con consecuencias de privación de libertad. Dos manifestantes que participaban en un piquete convocado por el movimiento 15M en Granada con motivo de la huelga general del 29 de marzo de 2012 han sido condenadas a tres años de carcel por un delito contra la libertad de los trabajadores. La denuncia partió de la propietaria de un bar que mantenía abierto su local durante la jornada de paro.
Las dos personas condenadas por el juzgado de lo Penal número 1 de Granada no son las primeras que pisarán la cárcel como consecuencia de su participación en una de estas huelgas generales, pero hasta ahora todas las medidas de privación de libertad por participación en una huelga general dictadas desde el paro del 29 de septiembre de 2010 han sido de carácter cautelar. Así, la sindicalista Laura Gómez y tres estudiantes de la Universidad de Barcelona fueron encerrados en la carcel de forma provisional acusados de provocar diversos altercados en Barcelona durante la huelga del 29M de 2012, y el joven madrileño Alfonso F, ‘Alfon’, pasó casi dos meses en la prisión de Soto Del Real (Madrid) tras ser detenido en la última huelga general convocada en todo el Estado, la del 14 de noviembre de 2012. Por otro lado, uno de los 13 detenidos en Pamplona durante la huelga general vasca del 31 de mayo ha sido condenado a 8 meses de cárcel, pena que no conlleva la privación de libertad si no se tienen antecedentes penales.
La asamblea 15M de Granada ha anunciado que recurrirá la sentencia ante el tribunal provincial. La sentencia considera que estas dos personas cometieron un delito contra la libertad de los trabajadores, y les impone además una multa de 2.880 y el pago de una fianza que alcanza un total de 767 euros. Según Europa Press, la propietaria de un bar situado en la calle Martínez Campos denunció cómo cerca de 40 personas entraron en el establecimiento en la madrugada del 29 de marzo «profiriendo insultos, haciendo pintadas, pegando pegatinas y subiéndose a la barra con los pantalones bajados». De este grupo, la propietario dijo haber identificado a tres personas como instigadoras de estos actos. Durante el juicio la propietaria afirmó no poder reconocer a una de estas tres personas, que ha sido absuelta por este motivo.
Tal y como relata el 15M de Granada en un comunicado, «dentro de ese bar ocurrió lo habitual en una protesta como esta: cánticos, pegatinas, ruido» y destacan que la actitud del piquete en todo momento de la noche fue pacífica. De hecho, no se produjeron detenciones pese a que la propietaria llamó a la policía, si bien sí fueron identificadas por los agentes las tres personas que han ido a juicio. Según el 15M, el único motivo por el que fueron identificadas fue por ser las últimas en abandonar el local. Tras su paso por este bar, el piquete siguió su camino escoltado por la policía nacional sin que se produjeran detenciones.
En la jornada de huelga del 29 de marzo se produjeron cerca de 200 detenciones en todo el Estado, si bien el total de personas detenidas se iría acercando a las 300 en los siguientes meses: hubo incluso detenciones que se produjeron en julio, cuatro meses después de la huelga.
El delito contra la libertad de los trabajadores está tipificado en el artículo 315 del Código Penal, y supone penas de cárcel de hasta 4 años. Según declaró el abogado del sindicato CGT Jacinto Morano a DIAGONAL, «en la huelga del 29 de marzo hubo una consigna, que entendemos que partió de la Fiscalía General del Estado porque se repitió una y otra vez, de que a toda persona que detuvieran en un piquete, fuera sindical o no, se le solicitara un delito contra los derechos de los trabajadores». Este artículo es un tipo agravado, frente a los habituales delitos y faltas de coacciones que se imputan a los piquetes.