«Los llamados servidores públicos no quieren servir, pretenden ser servidos. Es una nueva revolución a la que habrán de enfrentarse, empujados por la crisis, los gobiernos continentales que han hecho bandera del Estado del bienestar y, con ello, de la dictadura del funcionariado» (…) «Esa casta que tiende a esclerotizar al Viejo Continente y que, […]
«La dictadura del funcionariado»
Martín Ferrand. ABC. 2/12/2010
Los y las empleadas públicas del Servicio Regional de Empleo, nos despertamos la mañana del8 de julio, con la noticia en los medios de comunicación de que, el día anterior, el Consejo de Gobierno de Madrid, había suprimido, mediante decreto (1), el organismo autónomo encargado de la gestión pública del empleo en esta Comunidad. En el mencionado decreto se incluía la creación de la Consejería de Empleo y Educación, a la que se le atribuyen las competencias de la Consejería de Educación y las competencias en materia de empleo que correspondían a la Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración.
La forma en que se realizó la extinción de este organismo: debía haber sido suprimido por una ley del Parlamento autonómico, no por un decreto del Gobierno regional, y con absoluto secretismo, ya que se aprobó sin la debida consulta, ni participación de su Consejo de Administración (en el cual están representados los sindicatos) y sin importar la consecuente parálisis de las políticas activas de empleo y formación que estaban en marcha, era un indicador de lo que se nos venía encima.
El impago de las subvenciones otorgadas por la Comunidad de Madrid a las Entidades colaboradoras y a los Ayuntamientos por la prestación de sus servicios de empleo y formación, supone el incumplimientode las obligaciones de éstosde pagar los salarios a las personas desempleadas con especiales dificultades de inserción laboral contratadas; el impago de las cuotas a la Seguridad Social; la falta de pagos a terceros: suministradores de materiales y servicios; el impago de costes financieros de avales bancarios … En román paladino : más desprestigio social de la gestión pública de empleo para su posterior privatización.
La nueva Consejera de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar , no sólo ha recortado el presupuesto de Educación, sino que deja a las personas desempleadas sin los programas de empleo y formación. Cuando faltan 3 meses para acabar el año, más de 115 millones de euros correspondientes a convocatorias aprobadas en enero de este año, están sin resolver: 84,5 millones para formación ocupacional para desempleados/as; 11,2 millones para orientación profesional; y 12,8 millones destinados a programas de colaboración con Organismos públicos para la contratación de personas desempleadas para la realización de obras y servicios de interés social, talleres de empleo, escuelas taller y casas de oficio, que implican un contrato laboral.
Las centrales sindicales nos han informado de que el nuevo Viceconsejero de Empleo de la Comunidad de Madrid, Jesús Adriano Valverde Bocanegra , -titular de diversos cargos en el Partido Popular, que ha ostentado la Dirección del Grupo Parlamentario Popular, ha sido Consejero de Telemadrid, Director Gerente y Director de Recursos Humanos de Metro Madrid, Viceconsejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid, Director General de Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación, y Diputado Regional durante siete legislaturas del Partido Popular- en una reunión celebrada hace unos días con el Ayuntamiento de Madrid ha puesto de manifiesto los objetivos del gobierno popular de privatización del Servicio Público de Empleo a favor de las Agencias Privadas de Colocación:
- Supresión de las políticas activas de empleo.
- Eliminación de los Organismos públicos como Entidades colaboradoras de las políticas de empleo y formación. Negativa a que los Ayuntamientos y otras Entidades públicas puedan constituirse en Agencias Privadas de Colocación.
- Relegación de las Oficinas Públicas de Empleo, por considerar que la intermediación laboral debe gestionarse por estas Agencias Privadas. (Ya ha recibido autorización la ETT Manpower para funcionar como Agencia). Esta subsunción de las oficinas se evidencia con la fragmentación de las diferentes áreas, que pasan a depender de diferentes Direcciones Generales.
- Mantenimiento de la Formación Profesional para el empleo como única política activa destinada a los/as desempleados/as, pero gestionada a través del «cheque servicio» que recibirían los y las desempleadas, para que con él paguen a la empresa que elijan, el servicio de formación recibido.
Suponemos que la Agencia para el Empleo, (Organismo Público encargado de las políticas de empleo y formación municipal) sufrirá la misma suerte privatizadora, dada la solicitud que el Gobierno local ha efectuado, aunque sin éxito por el momento, al Viceconsejero de Empleo Regional, de convertir en Agencia Privada de Colocación el actual Organismo Público.
Primero la Sanidad, luego la Educación,… y ahora el Empleo. En todos los sectores esenciales, la Comunidad de Madrid realiza una transferencia de los recursos públicos al sector privado, sin ningún tipo de transparencia, ni control público. El modelo de privatización es idéntico: primero se boicotea desde dentro la gestión, se desprestigia a los gestores, se criminaliza a los y las empleadas públicas; después se potencia legalmente lo que ignominiosamente llaman «colaboración público-privada»; y finalmente privatizan por completo el servicio. Eso sí, para todo el coste que genera la privatización no aumentan el presupuesto, lo detraen de los recursos destinados a las políticas activas de empleo, que hasta ahora se gestionaban mayoritariamente por entes públicos como los Ayuntamientos.
Pero, el gobierno popular de Madrid no sólo privatiza, también lesiona el derecho de reunión de sus trabajadores/as, impidiendo la realización de una asamblea, convocada por los sindicatos, para informar de todas estas decisiones unilateralmente adoptadas.
La supresión del Servicio Regional de Empleo, y su privatización muestran la inexistente preocupación del Gobierno regional por el grave problema del empleo en Madrid. La falta de derechos, libertades, y la ausencia de transparencia en la gestión, evidencian la falta de democracia en la que estamos instalados/as.
Ante esta situación, debemos considerar que sí existen medidas inmediatas que puedan abordarse para resolver los graves problemas laborales de los y las trabajadoras madrileñas. Necesitamos urgentemente crear empleo de calidad aumentando las inversiones públicas. Resulta esencial paralizar la privatización de los Servicios Públicos de Empleo. Con los recortes al bienestar, cada vez el número de trabajadores/as que no llegan a fin de mes sigue creciendo. Defendamos un tipo de estado empleador, protector, y garante de la defensa medioambiental.
Precariedad y Paro son estructurales, planteemos también reformas estructurales: reducción del horario (tenemos el derecho y el deber de disponer de un tiempo de ocio que nos permita desarrollarnos como seres humanos, ocuparnos de nuestras responsabilidades familiares en igualdad, y participar en la vida social y política de nuestra comunidad) y renta social mínima garantizada para desempleados/as y precariado. Es imprescindible luchar en el marco europeo de las relaciones laborales contra la desregulación de los contratos, así como pelear por la integración política de los y las trabajadoras migrantes.
Una nueva política fiscal a favor de los ingresos más bajos, y que grave los grandes capitales y el lucro financiero, garantizaría ingresos que podrían devolver la dignidad arrebatada a los/as cada vez más trabajadores/as que ven denegada su posibilidad de tener un empleo.
Bajo la lógica mercantil, no puede garantizarse la cobertura de las necesidades básicas de toda la población: empleo digno, vivienda, salud, educación y cultura. Una parte sustancial de la mejora de la calidad de vida, depende de la desmercantilización del tiempo y del trabajo.
¡OTRO MADRID, OTRA ESPAÑA, OTRO MUNDO SON POSIBLES!
Nota:
(1) Decreto 98/2011, de 7 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Empleo.