La futura ley de cambio climático y transición energética española ha copado los titulares de la prensa de todo el mundo esta semana. El texto, que aún está en fase de preparación, establece que el sistema eléctrico será totalmente renovable para mediados de siglo, y una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del […]
La futura ley de cambio climático y transición energética española ha copado los titulares de la prensa de todo el mundo esta semana. El texto, que aún está en fase de preparación, establece que el sistema eléctrico será totalmente renovable para mediados de siglo, y una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 90% con respecto a niveles de 1990. Antes, en 2030, las emisiones se deben haber reducido un 20%, con un 70% de renovables en el sistema eléctrico, según informaron fuentes del ministerio que dirige Teresa Ribera durante un encuentro con periodistas el pasado martes. Para conseguirlo, España deberá instalar al menos 3.000 MW en solar y eólica durante la próxima década.
De entre las medidas que incluye el borrador, una de las más comentadas ha sido la prohibición de matricular nuevos vehículos con motor de combustión interna (diésel o gasolina) a partir de 2040. A partir de 2050 ya no podrán circular. Asimismo, y aunque el borrador no fija una fecha exacta, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, afirmó que las últimas centrales de carbón en España cerrarán en 2025.
Además de los objetivos de renovables y reducción de emisiones, el ministerio tiene la intención de no autorizar nuevos proyectos de extracción, exploración e investigación de combustibles fósiles. También se prohibirá el fracking y las subvenciones a estos combustibles. El borrador exige que al menos el 20% de los Presupuestos Generales del Estado tenga un impacto positivo en la lucha contra el cambio climático, y que el sector público estatal retire sus inversiones de los combustibles fósiles. Finalmente, se prevé poner en marcha una «estrategia de transición justa» en los territorios que puedan perder tejido económico por las medidas de transición y la rehabilitación energética de al menos 100.000 viviendas al año.
Algunas de las grandes ONG ecologistas (Greenpeace, Ecologistas en Acción y WWF) han reaccionado con frialdad a la noticia. A pesar de considerar el texto como un paso importante hacia un «futuro renovable y sostenible», han señalado que las propuestas son «insuficientes» para frenar el cambio climático. Por su parte, el vicepresidente de la patronal del automóvil (Anfac) se mostró sorprendido, y en una entrevista con El País, afirmó que espera que «el Gobierno recapacite». La Fundación Renovables ha lamentado «la falta de ambición en reducción de gases de efecto invernadero», mientras que el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) pidió que se incluyan las fechas de cierre de las centrales de carbón en el Plan Nacional de Energía y Clima.