Los procesados en el sumario 18/98 reconocen que se les está agotando la paciencia, pero no por una cuestión de cansancio personal, sino porque entienden que este juicio, al igual que el resto de los sumarios abiertos en la Audiencia Nacional española, «son una agresión a cualquier intento de resolución democrática del conflicto». Desde esa […]
Los procesados en el sumario 18/98 reconocen que se les está agotando la paciencia, pero no por una cuestión de cansancio personal, sino porque entienden que este juicio, al igual que el resto de los sumarios abiertos en la Audiencia Nacional española, «son una agresión a cualquier intento de resolución democrática del conflicto». Desde esa perspectiva, insisten en que todos deben suspenderse de una vez y para siempre. El juicio por el sumario 18/98 cumple el miércoles siete meses desde su inicio, en noviembre del año pasado. Los procesados ya tienen 25.000 kilómetros a sus espaldas y varios momentos muy duros incorporados al equipaje, pero insisten en que la denuncia de éste y del resto de los procesos abiertos en la Audiencia Nacional española debe ir más allá de la solidaridad con sus personas, porque «ésta es una agresión contra el conjunto de Euskal Herria y un obstáculo permanente contra las posibilidades de abrir un proceso democrático para dar solución al conflicto». Por ello, Teresa Toda y Mikel Korta, en nombre de sus compañeros, instan a que se suspendan, de una vez por todas y definitivamente, todas estas actuaciones judiciales.
Siete meses después, ¿Qué balance hacen del juicio los procesados?
Mikel KORTA: Un balance con claroscuros. En el lado positivo, creemos que hemos conseguido uno de los objetivos que nos planteábamos al inicio de la vista oral, que era trasladar a Euskal Herria la realidad de la Audiencia Nacional como tribunal político, heredero del Tribunal de Orden Público. Es un tribunal que, hay que recordar, no nace en el contexto de estos macrosumarios sino que, por desgracia, lleva años funcionando y en el que han sido juzgados y condenados miles y miles de vascos. Otro elemento positivo es el nivel de solidaridad que hemos recibido, muy importante, tanto personalmente, en pueblos y barrios, como por parte de determinados agentes del movimiento popular, del movimiento sindical y del movimiento político. Ytambién hay que destacar el buen ambiente que ha habido entre nosotros, que ayuda mucho a seguir aguantando esta farsa que dura ya siete meses.
Teresa TODA: En el otro lado de la balanza, ha habido momentos muy duros durante todo este tiempo y han sucedido muchas cosas, no sólo entre nosotras y nosotros, o en la Sala, sino también en el exterior. Lle- vamos 25.000 kilómetros cada uno de los imputados, ha habido tres accidentes de tráfico de personas que han tenido que desplazarse hasta Madrid bien como imputados, como testigos o familiares. Se produjeron también las muertes de los presos políticos vascos Igor Angulo y Roberto Sáinz, que nos hicieron tomar más conciencia de que éramos parte de lo que estaba sucediendo fuera. Después nos llegó la muerte de Jokin Gorostidi, cuya memoria tenemos siempre viva, las graves enfermedades de José Ramón Aranguren, Iñigo Elkoro y David Soto… Todo esto unido a las graves irregularidades que se han ido sucediendo en el juicio, que no sólo vulneran derechos civiles y políticos, sino también las más elementales normas procesales.
Desde el inicio del sumario siempre se ha denunciado el carácter político del juicio y, al iniciarse la vista, los procesados sabían a lo que se enfrentaban. Aún así, ¿produce asombro lo sucedido durante la vista oral?
T.T.: Desde la experiencia que he tenido como corresponsal de »Egin» y la cantidad de juicios que he visto en la Audiencia Nacional, he de decir que sí me he llegado a sorprender… y mira que he visto cosas. Estamos constatando que realmente hacen lo que quieren. ¡Tanto que dicen que hay que respetar las normas del Estado de Derecho y aquí mismo vemos que no se respetan!
M.K.: Sorprenden sobre todo los comportamientos puntuales que se dan en el juicio. Hay que recordar que la Audiencia Nacional es un tribunal de carácter político cuya función es dar un tinte jurídico a una estrategia represiva. Eso es sencillo cuando se trata de condenar a una persona sólo con declaraciones autoinculpatorias, pero todo se les viene abajo cuando hay un planteamiento de contraste de pruebas. Desde ese punto, la sorpresa es permanente, y estamos viendo comportamientos que van desde aceptar fotocopias cuando no aparecen las pruebas originales a impedir ejercer el derecho de defensa cortando la palabra a los abogados, y otras actuaciones que dejan en evidencia el carácter real de la Audiencia Nacional dentro de la estrategia represivo-judicial.
T.T.: A mí me llama la atención el desconocimiento absoluto que tiene el tribunal de lo que es Euskal Herria, de la gente que vive en Euskal Herria y de las personas que han forjado la historia de este país a lo largo de estos años. Como ejemplo tenemos la forma en la que trataron a José Luis Elkoro, una persona cuya trayectoria política no habría que explicar. ¡A ellos hay que explicarles todo! Están en un juicio y no saben nada de lo que se está tratando aquí.
Antes se mencionaba la solidaridad recibida. ¿Qué valoración hacen de las instituciones?
M.K.: Sí echamos en falta ese nivel de solidaridad de la parte institucional, que se ha limitado a hacer declaraciones de condena del juicio, pero sin que haya habido una implicación real y efectiva consecuente con esas posiciones.
T.T.: Por un lado, sí es importante reconocer que a lo largo de estos años se ha producido un cambio en la actitud de algunos agentes políticos respecto a todo lo que representan el 18/98 y los demás sumarios. Yo recuerdo cuál fue la actitud del señor Atutxa y del Gobierno de Gasteiz en general cuando se produjo el cierre de »Egin», y en este momento se ha producido un cambio.
El apoyo que tuvimos en la manifestación del 18 de febrero, en ese sentido, fue positivo. Pero siempre esperas que haya un compromiso que vaya más allá de las palabras. Nos parecería importante, de cara a este mensaje de que el juicio se tiene que parar porque es un obstáculo para un proceso resolutivo, que hubiera un mayor compromiso por parte de las instituciones y de agentes políticos. Ocasiones para ello no van a faltar.
M.K.: Con todos estos sumarios se ha hecho realidad el famoso poema de Bertolt Bretch. La ofensiva del Estado ha puesto sobre la mesa la realidad que estábamos denunciando, y hemos llegado a un momento en que el propio tripartito se autoinculpa porque han citado a Ibarretxe o porque pueden imputarle, cuando resulta que quienes pueden ir a la cárcel son Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y Juan Joxe Petrikorena. Lo que todo el mundo tiene que ver en todo esto es que le van a zumbar a cualquiera que se comprometa en la defensa de Euskal Herria, tenga la idea política que tenga, y resulta de una insolidaridad política tremenda que tomen una actitud u otra dependiendo de a quién le afecte.
Cuando parece que podemos estar a las puertas de un nuevo momento político, ¿Ese nuevo momento ha llegado a la Casa de Campo?
M.K.: ¡Qué va! Lo que se aprecia en la práctica real del juicio en sí es que esos nuevos tiempos no han llegado a este juicio. Todos estos macrosumarios se inician en un momento político determinado, acompañados de la famosa frase de Aznar de que «van a ir todos a la cárcel». Ahora nos encontramos ante una coyuntura política diferente y, si estamos en un nuevo momento político, este juicio es absolutamente incompatible con esos nuevos tiempos. A este respecto, si bien es cierto que toda esta dinámica represiva empezó con el Gobierno del PP, hay que recordar que contó con la absoluta implicación del PSOE. Y ahora le toca desandar ese camino andado para demostrar si tiene voluntad o no de solucionar el conflicto democráticamente.
T.T.: El juicio se tiene que suspender,no sólo éste, sino también los siguientes, y se debe resolver positivamente la fase que queda del juicio contra los organismos juveniles. Además, se puede hacer, porque el Gobierno español apela constantemente a la independencia del Poder Judicial, pero esa independencia se olvida cuando alega una supuesta «alarma social» para endurecer las penas de los presos vascos. Este juicio no se tenía que haber hecho ni en esta situación ni en la anterior, y se tiene que resolver sobre esa premisa. Estamos hablando de derechos civiles y políticos, y para la resolución del conflicto que vive Euskal Herria esos derechos que están secuestrados deben ser puestos otra vez en vigor.
M.K.: Hay que dejar claro que estos juicios son una agresión y un obstáculo permanente para cualquier posibilidad de resolución de carácter democrático al conflicto y, en sentido opuesto, la eliminación de este tipo de juicios significaría quitar obstáculos para poner en marcha un proceso de carácter democrático.
¿Se sienten moneda de cambio, una baza por parte del Estado español ante un eventual proceso de negociación?
T.T.: Nos tienen en una situación casi de secuestro en estos momentos. Puedes sentir que todos los procesos abiertos contra aquellos que trabajan en la construcción nacional de Euskal Herria pretenden condicionar este proceso. Por tanto, sí.
M.K.: Está claro que el Gobierno español sí quiere utilizarnos para hacer una especie de chantaje permanente. Pero si ésa es la jugada que pretenden hacer, tomándonos como personas individuales, esa jugada está fracasada desde el principio, porque un chantaje tiene fuerza según la fuerza que la persona chantajeada le quiera dar, y nosotros tenemos claro que si estamos en la Audiencia Nacional es por nuestro compromiso militante y político con el proceso de liberación nacional y social de Euskal Herria. Asumimos ese riesgo desde el principio, y hay miles y miles de personas que lo han pasado peor y que lo están pasando en las cárceles y en el exilio. El chantaje que pretende hacer el Estado español, por tanto, no tiene fuerza.
Siete meses después, ¿qué tal están el ánimo y la paciencia de los procesados?
T.T.: Personalmente es verdad que está siendo duro, pero creo que está siendo también una experiencia humana que nos está aportando mucho a todos. Estamos creciendo mucho como personas, todos hemos pasado semanas mejores y peores, y en éstas últimas notas el apoyo de la gente. Existe un buen ambiente entre nosotros. El valor de esas cosas es muy importante y es lo que nos está ayudando a sobrevivir en estas circunstancias. Yo se lo agradezco a todas las compañeras y compañeros que estamos allí. Luego, desde ese compromiso, decimos que ya basta, que esto tiene que pararse ya porque no tiene ningún sentido en una etapa en la que todos tenemos que aportar.
M.K.: A cabezones no nos va a ganar nadie a estas alturas de partido. Si son ocho meses, como si son dieciocho. La lectura que hay que hacer es la política, que nuestra paciencia se está agotando, no porque nosotros estemos cansados de ir allí todas las semanas, sino porque entendemos que es una agresión a cualquier posibilidad de abrir un proceso en claves democráticas. Para ello no puede haber ningún tipo de injerencia externa, y nos estamos refiriendo a todo el entramado jurídico-político-institucional del Estado español y del francés.
Concentración contra el macroproceso
La «Plataforma de Madrid de solidaridad con los afectados por el sumario 18/98 y +» celebró ayer en el centro de Madrid una concentración en la que, además de reclamar la paralización del macrojuicio, mostró su respaldo a «una solución negociada y democrática del conflicto vasco» e hizo suya la defensa del derecho de autodeterminación.
La madrileña Puerta del Sol fue ayer el escenario de una concentración convocada por la «Plataforma de Madrid de Solidaridad con los afectados por el sumario 18/98 y +». La protesta, realizada tras una pancarta con los lemas «Anulación del proceso 18/98 y +. Por una solución negociada y democrática del conflicto vasco. Por el derecho de autodeterminación», comenzó a las 12.00 y se prolongó durante dos horas.
Los dos centenares de personas que asistieron a la movilización corearon lemas como «Macrojuicios anulación», «La solución, autodeterminación», «Audiencia Nacional, tribunal excepcional», «Vosotros fascistas, sois los terroristas», «Al PP el fascismo se le ve» o «Aquí se tortura como en la dictadura».
Todo el acto transcurrió en medio de una nutrida presencia policial, que situó sus vehículos en todos los accesos a la plaza. Los concentrados repartieron entre los transeuntes información sobre el desarrollo del juicio por el 18/98 y sobre los datos de la tortura en el Estado español publicados por Amnistía Internacional. Asimismo, se escenificaron diversas situaciones de malos tratos y otras vulneraciones de derechos.
En el manifiesto de la convocatoria, se denunciaba que «todas las circunstancias que concurren en este sumario revelan actuaciones al servicio de una estrategia cuya finalidad es sacar de la legalidad española a un amplio espacio social y político vasco, vulnerando derechos civiles, como es el derecho a expresarse, a reunirse, a asociarse, a la libertad ideológica y al derecho a la disidencia de personas y grupos que defienden que Euskal Herria existe como pueblo y tiene derecho a decidir como tal».
Declaraciones
En el transcurso del acto hubo declaraciones de diferentes colectivos. Así, un representante del Centro de Asesoría y Estudios Sociales resaltó los tres ejes de la convocatoria y, en lo referente a la posibilidad de un proceso de diálogo, subrayó que es «muy importante» que en Madrid se diga públicamente «que apoyamos abiertamente la negociación».
«Si entendemos que éste es un conflicto político, tiene necesariamente que existir una negociación política, por mucho que no quieran aceptarlo las fuerzas pro-golpistas y fascistas parapetadas en el PP y la Asociación de Víctimas del Terrorismo», comentó.
Asimismo, defendió el derecho de autodeterminación de los pueblos, cuya negación es un «déficit democrático existene en el Estado español» en el que «radica la sustancia de todo lo que ha venido sucediendo en estos últimos años».
Un integrante de Corriente Roja destacó que el acto era no sólo de solidaridad, sino «también de denuncia y reivindicación de libertad», puesto que normas como la Ley de Partidos, que suponen «un estado de excepción» en EuskalHerria, podrían «ser extensibles a cualquier parte del Estado».
Desde la Coordinadora Antifascista de Madrid se resaltó que realizar una concentración con este mensaje en el centro de la capital española «simboliza valentía y representa, en esencia, un apoyo importante para los procesados del 19/98». Esta opinión fue compartida por un integrante de Espacio Alternativo, quien calificó de «positivo» el acto.