El Tribunal Supremo ha confirmado que juzgará por rebelión, un delito castigado con hasta 30 años de cárcel, sedición y malversación a los nueve líderes independentistas presos: Junqueras, Romeva, Forcadell, Turull, Forn, Rull y Bassa, y a Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, dirigentes de Ómnium y ANC. A todos los que fueron consellers del último […]
El Tribunal Supremo ha confirmado que juzgará por rebelión, un delito castigado con hasta 30 años de cárcel, sedición y malversación a los nueve líderes independentistas presos: Junqueras, Romeva, Forcadell, Turull, Forn, Rull y Bassa, y a Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, dirigentes de Ómnium y ANC. A todos los que fueron consellers del último gobierno de Puigdemont se les acusa de malversación de caudales públicos y pueden ser condenados hasta a 12 años de prisión. A los exmiembros de la Mesa del Parlament, entre ellos a Joan Josep Nuet y Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet, y a la expresidenta del grupo parlamentario de la CUP, Mireia Boya, se les acusa de desobediencia, que puede significar su inhabilitación para cargo público.
Esta es la causa principal, pero hay multitud de procesos abiertos que afectan a centenares de personas de toda Catalunya, desde alcaldes hasta personas detenidas por participar en acciones de protesta o, sencillamente, por participar en los CDR (Comités de Defensa de la República) y es una cifra que va en aumento semana tras semana. El mismo día que se informaba de la petición del Supremo, la fiscalía de la Audiencia de Barcelona solicitaba 2 años y 9 meses de prisión para los 5 miembros que fueron nombrados por el Parlament para formar parte de la sindicatura electoral, quienes debían controlar el proceso electoral del 1 de octubre. Se les acusa de desobediencia y usurpación de funciones, cuando, sencillamente, tuvieron que dimitir cuando el Tribunal les impuso una multa de 12.000 euros diarios. Ha pasado un año desde la rebelión catalana de octubre de 2017, ahora la justicia quiere pasar cuentas y vengarse, no tiene otro nombre, y durante los próximos meses, sino más tiempo, la vida política y social estará determinada por estos juicios.
El juicio será todo menos justo e imparcial. Son muchas las opiniones de que el juez Llarena se ha inventado la acusación principal. El destacado constitucionalista Javier Pérez Royo escribió hace ya meses: «El delito de rebelión que el Juez Instructor ve en la conducta de los exmiembros del Govern o de la Mesa del Parlament o en la de los presidentes de la ANC y de Òmnium, no lo ve ningún juez europeo. Y no lo ve, porque no existe, como ya dijeron más de cien profesores de Derecho Penal de las Universidades españolas. El delito de rebelión de los autos y de la euroorden del Juez Pablo Llarena es un delito imaginario, es decir, un delito que solo existe en la imaginación del Juez».
Los abogados defensores han denunciado las enormes dificultades que han tenido hasta para conocer el sumario. Han denunciado que el juicio debería corresponderle al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, pues los hechos a juzgar sucedieron allí. Han denunciado la indefensión de sus defendidos, ya que el sumario ha sido realizado por diferentes juzgados, el Supremo, la Audiencia y los juzgados nº 7 y 13 de Barcelona. Se les ha denegado la presentación de más de 300 pruebas, documentos o testimonios. Han denunciado la no imparcialidad de los jueces, porque fueron ellos quienes admitieron a trámite la querella de la fiscalía y podría estar viciada su opinión. Los acusados y acusadas serán juzgados por un delito que en su día el Tribunal alemán de Schleswig-Holstein ya rechazó, y así veremos la incongruencia de que serán juzgados dirigentes de las asociaciones independentistas y consellers de la Generalitat, pero no podrá ser juzgado el President Puigdemont. Recordemos que el juez Llarena tuvo que retirar las euroórdenes que emitió para que fueran detenidas las personas exiliadas en Bélgica, Escocia y Suiza y que tuvo que retirarlas ya que ningún juzgado se las aceptó. Jordi Matas Dalmases, uno de los miembros de la sindicatura procesados, ha expresado una opinión generalizada: «En todas las causas relacionadas con el 1 de octubre hay una contaminación de criterios políticos o de voluntad de escarmentar a todos aquellos que de una manera u otra participaron». Quieren que sea un juicio contra quienes organizaron y participaron en un proceso democrático, al fin y al cabo, se trataba de votar, de depositar una papeleta en una urna, de ejercer el derecho de autodeterminación. Pero, los juicios políticos, y este lo será, pueden convertirse en procesos contra los acusadores.
¿Golpe de Estado?
La derecha y sus medios de comunicación refuerzan la campaña contra la rebelión catalana y los presos presentando los hechos como si se hubiera producido un golpe de Estado. De tanto repetirlo quieren convertirlo en una explicación de lo sucedido. Todo lo que sucede en Catalunya es una sucesión interminable de un golpe de Estado permanente. Lo dice Aznar: «El golpe de Estado en Catalunya continúa de manera cotidiana». Lo repiten machaconamente los de Ciudadanos, y Casado no sabe hacer un discurso en el que no aparezca la expresión. Están tan fuera de si que quien no suscribe sus tesis es un golpista o un aliado de los golpistas. Ni la justicia europea se salva. El pasado 6 de abril, el diario ABC publicaba en portada: «La justicia europea da aire al golpismo» refiriéndose a la sentencia del tribunal de Schleswig-Holstein contra las tesis del juez Llarena. En sede parlamentaria Casado no ha dudado esta semana de acusar a Sánchez de «ser partícipe y responsable de un golpe de Estado». No aceptan ningún debate esos energúmenos. O se les cree o el fuego divino, y el castigo humano, caerá sobre nosotros.
Sin embargo, la Real Academia Española en su acepción sobre golpe de Estado dice una cosa bien diferente: «Actuación violenta y rápida, generalmente por fuerzas militares o rebeldes, por la que un grupo determinado se apodera o intenta apoderarse de los resortes del gobierno de un Estado, desplazando a las autoridades existentes». Es decir, nada que ver con el movimiento popular catalán. Ni acción violenta (esta fue desencadenada por la policía y la guardia civil el 1 de octubre), ni rápida (años lleva el movimiento defendiendo sus exigencias) En cuanto a fuerzas militares, solo el Estado dispone de ellas y tampoco cuadra con la definición de la RAE lo de apoderarse de los resortes del gobierno (ya se tenían en el ámbito catalán) ni de desplazar a las autoridades existentes (que en Catalunya eran y son mayoritarias) sino que la pretensión era establecer una relación diferente con el Estado español, constituir una república.
Hay, además, un aspecto que no contempla la definición de la RAE y que es muy importante, el movimiento independentista y soberanista catalán preparó todas sus acciones a la luz pública, democráticamente, contando con la mayoría en el Parlament y haciendo partícipe a la población de las propuestas y acciones a llevar a cabo. Todo lo contrario de un golpe de Estado que, generalmente, se prepara por un grupo reducido, de forma clandestina y, la mayoría de las veces, sin decir a la población cuales son los verdaderos objetivos. ¿Golpe de Estado? Sin duda, el de Franco, el de Pinochet y hasta el frustrado de Tejero. A la derecha le importa bien poco la verdad y los argumentos, ni que vengan de la Real Academia Española, lo que les interesa es la intoxicación generalizada para evitar una respuesta democrática y republicana a sus mentiras.
Desprestigio de la justicia
El juicio llegará en un momento en el que la justicia española está en sus horas más bajas de popularidad, no solo por su actitud frente al proceso catalán sino por todo lo que lleva acumulado. Para redondearlo solo faltaba el lío montado tras la sentencia del Tribunal Supremo que resolvía que debían ser los bancos quienes pagaran los gastos del registro de las hipotecas. Una decisión que sentaba jurisprudencia a favor de las personas con hipoteca ha sido hibernada hasta el 5 de noviembre, día en el que el Tribunal tendrá que aclarar o reinterpretar lo decidido. Lo que es evidente para todo mortal es que el Ibex y la banca quieren cargarse o limitar su aplicación y que ese Tribunal, que suele ser implacable con respecto a los presos políticos o con muchas otras decisiones que afectan a la población, le ha costado bien poco reaccionar y poner en duda sus propias decisiones ante la presión de los poderes económicos.
Hay que hacer un gran esfuerzo de imaginación para vislumbrar la separación de poderes en este país. En realidad, dicha «separación» consiste en que durante los últimos años la derecha aprobó leyes que limitaban derechos y libertades, tanto sociales como económicos, y se ocupó de que los puestos decisivos de la Magistratura fueran ocupados por jueces afines que permitieran una interpretación conservadora y reaccionaria de las leyes. Esa «unidad» de ambos poderes es lo que refleja el tipo de Estado que actualmente es el Reino de España.
Valores republicanos
Se tenga la opinión que se tenga sobre el conflicto catalán, no hay duda de su carácter democrático y republicano. El pasado 11 de octubre, el Parlament aprobó una resolución, propuesta por Catalunya en Comú (aunque días antes se había opuesto a otra de parecido contenido) en la que se reprobaba a la Monarquía por su aval a la represión del 1 de octubre y se pedía su abolición por ser una institución «caduca y antidemocrática». El día 26, era el pleno del Ayuntamiento de Barcelona quien aprobaba una resolución en parecidos términos. En Catalunya la Monarquía no goza de buena salud y si se extiende por todo el territorio serán centenares de ayuntamientos quienes podrían pronunciarse contra la Monarquía. Lo ha entendido bien Izquierda Unida, que ha acordado extender el debate a toda la geografía española para que en los ayuntamientos se acuerden resoluciones parecidas y en las que se pida un referéndum sobre la Monarquía.
Situar en primer plano los valores republicanos es una respuesta positiva a los numerosos problemas que están planteados. Porque son valores democráticos e inclusivos, sanidad y educación públicas, gratuitas y laicas; que el pueblo sea consultado sobre la forma de Estado y también sobre la relación entre los pueblos, derecho de autodeterminación; que la economía no esté en manos de unos pocos y en la que la gente pueda tener control y decisión sobre sus vidas, por ejemplo, a través de una renta básica que garantice la existencia material. Los valores republicanos son útiles y necesarios para una transformación democrática de la sociedad en todo el Reino de España y para encontrar una salida democrática al conflicto catalán que permita ejercer su derecho a decidir.
Un frente democrático
El juicio contra los dirigentes soberanistas e independentistas, que probablemente se iniciará el próximo mes de enero, concentrará, de hecho, ya lo hace, buena parte de la lucha política. Además de las acusaciones sin base, de la campaña mediática que se desarrollará y de la intoxicación planificada, se presentará como si fuera solo un problema catalán y de los independentistas. Nada más lejos de la realidad. Es un problema que atañe a todo el Reino porque es un problema de democracia, de libertades.
Y los demócratas y las izquierdas así deben entenderlo. Sirva como ejemplo las jornadas que organizó el Ayuntamiento de Barcelona en la antigua cárcel Modelo bajo el lema de «1 d’Octubre i Més, Barcelona Ciutat de Drets». Más de 15.700 personas participaron en los diversos debates y actividades que se organizaron. Las conclusiones fueron presentadas por Jaume Asens, concejal del Ayuntamiento, Marcel Mauri, de Ómnium Cultural, y Anais Franquesa, de la asociación Iridia, especializada en conflictos. «El juicio -declararon- ha de ser un momento de palanca, movilización y denuncia de la vulneración de derechos y libertades». Y compartieron que trabajarán «para crear un frente antirepresivo y democrático lo más amplio posible, que interpele a la sociedad catalana y española y sirva para encontrar una solución democrática y política».
Es una demanda para todas las fuerzas políticas y sociales, demócratas, independentistas, soberanistas y de izquierdas, tanto en Catalunya como en el Reino de España. En el juicio político querrán condenar a un movimiento democrático, pero los procesados tendrán la oportunidad de juzgar al régimen de los juzgadores, que no es capaz de dejar votar y decidir a un pueblo y, en cambio, se congratula de la represión y de la condena ejemplar que quiere imponer.
Miguel Salas es sindicalista y miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso