Desde el cierre del periódico vasco independentista y de izquierdas Egin que se realizó en 1998, y los subsiguientes procesos legales abiertos contra diversos colectivos progresistas que trabajan por la defensa los derechos políticos, sociales y culturales de Euskal Herria (País Vasco) la sociedad vasca ya conoce las graves consecuencias que han tenido el macrosumario […]
Desde el cierre del periódico vasco independentista y de izquierdas Egin que se realizó en 1998, y los subsiguientes procesos legales abiertos contra diversos colectivos progresistas que trabajan por la defensa los derechos políticos, sociales y culturales de Euskal Herria (País Vasco) la sociedad vasca ya conoce las graves consecuencias que han tenido el macrosumario 18/98 y como consecuencia del mismo el resto de los macrosumarios abiertos en la Audiencia Nacional, con el enjuiciamiento, detención y/o encarcelación de más de 200 personas; con la criminalización e ilegalización de varias entidades y medios de comunicación; con diferentes denuncias de tortura… A lo largo de este año pondrán en marcha la segunda fase de esta injusta ofensiva, dando comienzo a los juicios de todos estos macrosumarios.
El 18/01 se trata de un macrosumario en contra de las organizaciones juveniles Haika y Segi. Desde que se puso en marcha en marzo de 2001, han enjuiciado a 42 jóvenes, la mayoría de ellos han sido encarcelados, y tres organizaciones juveniles ilegalizadas. Se trata de un sumario basado en mentiras y lleno de irregularidades jurídicas: aplican la tesis de «todo es ETA» sin prueba alguna, no se especifica comportamiento delictivo alguno, y la única acusación es la de ser miembro de alguna de esas tres organizaciones juveniles.
En estos momentos la Audiencia Nacional pretende apremiar el proceso sin ninguna garantía jurídica por una clara razón: nueve de los jóvenes que todavía mantienen en las cárceles llegan en marzo al límite legal de encarcelamiento provisional que era de cuatro años, y si el juicio no se lleva a cabo antes de dicha fecha, tendrán que dejarles en libertad. Por ello nueve jóvenes han permanecido recluidos durante cuatro años bajo la acusación de pertencer a una organización que ha sido ilegalizada.
El fiscal de la Audiencia Nacional española Enrique Molina a solicitado un total de 654 años de prisión para los 42 jóvenes encausados en el caso «Haika-Segi», acusados de «pertenencia a grupo terrorista». Las solicitudes de prisión van de 10 a 112 años. 654 años por organizar e internar llevar a cabo los sueños, deseos e ilusiones de los jóvenes.