A diferencia de las tasas de cambio, precios, tarifas, subsidios y escalas salariales que pueden ser “fijadas” administrativamente, aunque no necesariamente con éxito, hay una variable clave de cualquier reforma económica que no funciona por decreto: la productividad.
Como he comentado anteriormente, el actual paquete de medidas económicas tiene un serio problema de secuencia porque se pasó a aumentar la demanda -subiendo salarios y pensiones- sin haberse creado previamente las condiciones para incrementar la capacidad de respuesta de oferta de la economía, algo directamente relacionado con la productividad.
Es conocido el proverbio de que en economía la productividad no es todo, pero en el largo plazo es casi todo.
Es precisamente en momentos como el actual, en que los incrementos de precios ocupan la atención inmediata, cuando quienes toman las decisiones de política económica deberían conceder una alta prioridad al incremento -cuanto antes- de la productividad porque es la productividad, y no otra cosa, lo que esencialmente asegura el crecimiento económico no inflacionario.
Definida de manera sintética, la productividad expresa la eficiencia con la que se combinan la fuerza de trabajo y los medios de producción para producir más con el mismo nivel de insumos productivos. Puede considerarse en relación con la utilización de todos los insumos (productividad total), pero es más frecuente la referencia a la productividad de la fuerza de trabajo.
La productividad es determinante para elevar el nivel de vida de las personas pues reduce costos unitarios que pudieran ser trasladados como menores precios, incrementa la competitividad del país, favorece el crecimiento económico, incrementa las utilidades de las entidades económica, y permite aumentos de salarios que no tengan efectos inflacionarios.
Un mal punto de partida.
Aumentar la productividad desde el pésimo punto de partida actual es la parte difícil -no necesariamente la más compleja- de la reforma económica en Cuba. Para decirlo rápido, implica jugar a la política económica con pelota “dura”.
En el caso de Cuba, aumentar la productividad equivale, en gran medida, a darle un vuelco radical a las deficientes tendencias actuales de la productividad y ello exige medidas para promover cambios estructurales del tipo y con la escala que hasta ahora no se han realizado en el país.
Me limitaré a comentar tres gráficos que pudiera ser útiles para hacer una discusión acerca de dónde debería ser colocado el acento de la reforma económica en 2021. Me concentro en la productividad de dos actividades claves: agropecuaria e industrial. (1)
Fuentes: ONEI, “Series Estadísticas Empleo y Salarios 1985- 2018”, Tabla 7.3, y “Series Estadísticas Cuentas Nacionales 1985- 2018”, Tabla 5.4. (Nota: productividad expresada mediante el indicador aproximado que representa el cociente entre el valor de la contribución de cada actividad al PIB -en precios constantes de 1997- y el número de trabajadores de cada actividad).
El gráfico ayuda a entender que los problemas de la economía cubana con la productividad son anteriores a la crisis del año 2020, asociada a la pandemia.
El gráfico es la versión corregida y ampliada de uno que presenté hace unos días. Se ha ampliado el período (1998 a 2019) y sobre todo se ha corregido un error en la línea que representa la productividad industrial. (2)
Este gráfico revisado no modifica la conclusión que había expresado anteriormente en Twitter y Facebook acerca de que existen problemas estructurales que mantienen estancada y con tendencia a la baja la productividad agropecuaria e industrial, desde antes de la aparición de la pandemia.
El nuevo gráfico permite identificar que entre 2013 y 2019 la productividad industrial ha transitado por una fase de estancamiento, con un crecimiento promedio anual muy bajo de 0,29%, en tanto la productividad agropecuaria ha atravesado por una fase de declive entre 2015 y 2019, con una tasa de decrecimiento promedio anual de 3,84%.
Los datos de valor de la producción y del empleo sectorial en 2020 no se conocen, pero es probable que se hayan agudizado los problemas de productividad.
En el caso de la actividad agropecuaria, la productividad aumentó 39% entre 1998 y 2019, lo que equivale a un crecimiento promedio anual muy bajo, del orden de 1,6%. Ese incremento fue favorecido por una reducción de 14% del número de trabajadores, lo cual contribuyó a potenciar el efecto del incremento de 19,6% del valor de la producción industrial durante el período.
El dato de la contracción de 14% del empleo es importante porque indica que en condiciones de baja capitalización y de un alto por ciento de activos no utilizados (tierra ociosa), la reducción del empleo es un factor para aumentar la productividad del agro.
De hecho, el último “salto” de productividad agropecuaria (28,3% entre 2014 y 2015) se produjo gracias a que el 2,5% del crecimiento del valor de la producción agropecuaria coincidió con una reducción de 20% del número de trabajadores en solamente un año, es decir una contracción de la quinta parte del empleo en apenas doce meses.
En el caso de la actividad industrial, la productividad creció 134% entre 1998 y 2019, en buena medida gracias a que se produjo una reducción de 39,1% en el número de trabajadores que contribuyó a potenciar el impacto del incremento de 42,5% del valor de la producción industrial.
El último gran “salto” de productividad industrial entre 2012 y 2013 también se explica principalmente por una brusca reducción de 34,3% del empleo industrial en un año, o sea, casi la eliminación de la tercera parte de los trabajadores industriales en doce meses.
¿Qué debería hacerse en 2021?
Hacer visible la existencia de las fases de declive y estancamiento de la productividad en dos sectores claves como son el agropecuario y la industria es importante para poder despejar cualquier duda acerca de que “levantar” la productividad requiere cambios más radicales que los realizados hasta hoy y que los anunciados hasta este momento. Me refiero, cuando menos, a cuatro tipos de medidas:
- Proceso de desestatización de la gestión económica dirigido a modificar radicalmente el rendimiento de los activos económicos (fuerza de trabajo y medios de producción) mediante una mayor liberalización de la gestión privada y cooperativa de las tierras estatales y de lo que se produce en ellas, y mediante el traspaso hacia el sector privado y cooperativo de una parte de la gestión de la actividad industrial que sigue estando muy concentrada en el sector estatal, sin que el actual esquema de gestión estatal haya podido evitar el estancamiento de la productividad industrial desde 2013. Implica el establecimiento de pequeñas y medianas empresas privadas (PYMES) y cooperativas en la gran mayoría de las actividades económicas del país. Debiera tomarse nota de que la “flexibilización” del trabajo por cuenta propia (TCP) no sería suficiente. La medida más importante se refiere al establecimiento de las PYMES.
- Elevar el papel de la inversión privada y cooperativa nacional, así como de la asociación directa de la inversión privada y cooperativa nacional con el capital extranjero, con el propósito de capitalizar adecuadamente los activos económicos en la actividad agropecuaria e industrial.
- Reforma de la empresa estatal orientada principalmente -aunque no exclusivamente- por criterios de eficiencia económica y por una asignación de recursos que refleje condiciones de mercado. (3)
- Operación de un sistema de precios que no esté distorsionado para que pueda cumplirse la función clave que le corresponde al precio en un proceso de “cálculo económico” que permita reflejar de manera realista las condiciones en que funciona la economía.
Se ha iniciado 2021 manteniendo una baja dinámica de la productividad que lastra el proceso de cambios y que compromete la efectividad de medidas que hoy se aplican.
Un breve comentario final: en caso de que se decidiese finalmente la adopción de medidas enfocadas en la productividad, debería evitarse otro posible error de secuencia. En ese sentido, el establecimiento de PYMES debería anteceder la reforma de las empresas estatales.
La razón parece obvia: una reforma medianamente efectiva de la empresa estatal, en condiciones de limitada capacidad de inversión estatal, tendría que apoyarse en alto grado en la reducción del empleo y tendría entonces que existir un sector empresarial privado y cooperativo capaz de crear nuevos empleos con el máximo nivel posible de productividad.
Notas
1 En la estadística oficial cubana estas actividades se clasifican como “Agricultura, ganadería y silvicultura” e “Industrias manufactureras (excepto Industria azucarera).”
2 El error en el cálculo de productividad industrial del gráfico divulgado anteriormente en Twitter y Facebook se debió a una selección equivocada de los datos del número de trabajadores de la actividad industrial en el período 2000- 2012.
3 La reforma de la empresa estatal, especialmente debido a su eventual impacto sobre el empleo y los ingresos, debe orientarse también por criterios de equidad, lo cual incluye no solamente mecanismos de protección social, sino también la función del Estado en la regulación del mercado laboral, entrenamiento laboral, y colaboración estatal con el sector privado y cooperativo para que estos puedan crear empleo decente (no utilizo aquí el término como un adjetivo moral, sino como un concepto preciso definido por la Organización Internacional de Trabajo, OIT, para caracterizar la calidad del empleo).