Profesionales, artistas y movimientos sociales y culturales protestan por el juicio contra dos trabajadores

Dentro de la «Plataforma por las Libertades y contra la Represión» formada por mas de treinta organizaciones, cerca de doscientos profesionales y personas del mundo de la cultura y de los movimientos sociales han firmado el documento «Carta abierta al Ayuntamiento de Gijón, a la Delegación del Gobierno y a la fiscalía de Asturias» que ya ha sido enviado a sus destinatarios y a los medios de comunicación.

El desmantelamiento de la industria naval de la Bahía de Gijón, la recalificación de los terrenos y la correspondiente especulación urbanística han originado las movilizaciones laborales que desde los años ochenta mantienen los trabajadores de este sector y que desde entonces no han cesado.

A estos conflictos, con su problemática específica, se han ido sumando cada vez más descaradamente, las recalificaciones y la especulación de los solares, lo que ha contribuido a agravar todavía más la situación.

Pero al antagonismo entre trabajadores y patronal no basta con sumarle solamente la cuestión especulativa derivada del desmadre urbanístico que, con ser importante, no lo es todo; todavía es necesario añadir otro elemento: la actitud e intereses de los políticos que han de dictar y ejecutar los planes urbanísticos sumándolos a lo que, en definitiva, se convierte en un elemento más de represión sobre los trabajadores y su empleo, sobre el derecho a un puesto de trabajo.

La cúpula sindical asturiana declaraba hace unos días que no se entendía bien cómo los astilleros podían mantenerse dentro de la ciudad, olvidando que ha sido la ciudad la que se ha metido en los astilleros, precisamente por la especulación urbana. Mientras que los astilleros sólo tienen una sola ubicación posible, contrariamente a las viviendas que pueden estar o no al borde de la mar y con más o menos calado en sus aguas, los barcos construidos para desplazarse, ni ruedan ni vuelan, sólo flotan.

Así que a los conflictos tradicionales -y ahora además los inmobiliarios- se tienen que sumar (o multiplicar) los intereses enfrentados de los políticos del gobierno municipal y del autonómico, cegados ambos por la vorágine urbanística y sus millones. Los políticos y sus partidos, o viceversa, han entrado en el juego directo de las confrontaciones con los trabajadores ya que afecta tan de lleno a «sus empleos», a «sus puestos de trabajo». Todo indica que las plusvalías de la especulación urbana son más jugosas -mucho más- que las plusvalías del trabajo que de este modo destruyen.

Mañana, martes treinta de enero de 2007, a las once de la mañana en el Juzgado de lo Penal nº. 2 serán juzgados en un proceso penal dos trabajadores y sindicalistas: Cándido González Carnero y Juan Manuel Martínez Morala, acusados de participar en una movilización de los trabajadores del Astillero Naval Gijón, a lo que hay que añadir, pero no se sabe muy bien si como agravante o como atenuante, que fue en defensa de sus puestos de trabajo y contra el cierre del astillero. El fiscal pide cuatro años de cárcel para cada uno de ellos basándose en la denuncia y la acusación municipal del PSOE e IU.

La segunda parte de esta escalada antilaboral y prourbanística será el próximo 12 de febrero en el Juzgado de lo Penal nº. 1 por otro asunto similar, pero esta vez «sólo» se piden dos años y medio de cárcel para cada uno.

Los daños causados -origen de las denuncias- en estas movilizaciones laborales decididas en asamblea por los trabajadores del astillero, fueron el destrozo de un cuadro eléctrico de una cámara de control de tráfico, que en realidad la administración utilizaba para controlar los movimientos de los trabajadores del astillero, y el segundo juicio por la quema de un coche chatarra abandonado hacía dos años. En total seis años y medio para cada uno de los acusados.

La innovación en este nuevo modelo de conflictividad laboral es que la acusación parte precisamente de la coalición PSOE e IU del ayuntamiento amparada por el delegado del gobierno y con el distanciamiento de la fiscalía asturiana.

No importa que el ayuntamiento en pleno y sus concejales lo niegue una y otra vez como continuamente están haciendo para confundir a todo el mundo, el proceso, una vez presentada la denuncia municipal, sigue automáticamente quedando en manos del juzgado que debe atenerse a la acusación municipal realizada a través de los funcionarios que, naturalmente, se limitaron exclusivamente a cumplir las órdenes de la corporación municipal del PSOE e IU y la anodina oposición del PP.

Esta criminalización de las reivindicaciones de los trabajadores corre a cargo de la izquierda plural del PSOE e IU y su único problema, el más importante, es la proximidad de las elecciones municipales y autonómicas.

Las casi doscientas firmas* que acompañan a la carta http://www.rebelion.org/noticia.php?id=45357 fueron dirigidas a las autoridades de la política municipal, a la delegación del gobierno y a la fiscalía asturiana para que pongan en su sitio la denuncia y retiren las acusaciones. Pero, como decían los «procesados» en una reciente rueda de prensa, si tenemos que ir a la cárcel por defender los puestos de trabajo, «no hay problema, será un honor». Quienes conocen la trayectoria de los acusados saben que esto no es retórico. Y no parece que puedan ser retóricas las consecuencias.

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