En el inicio de la IX Legislatura (2008-2012) de nuestro actual período constitucional y democrático, y en el año en que se cumplen 30 años de la aprobación de la Constitución Española (1978-2008), es un momento adecuado para debatir sobre las estrategias a seguir para definir y aplicar nuevas políticas públicas de transformación social en […]
En el inicio de la IX Legislatura (2008-2012) de nuestro actual período constitucional y democrático, y en el año en que se cumplen 30 años de la aprobación de la Constitución Española (1978-2008), es un momento adecuado para debatir sobre las estrategias a seguir para definir y aplicar nuevas políticas públicas de transformación social en nuestro país. En este momento histórico, lo más importante debiera ser la articulación de un proceso sereno de reflexión para decidir firmemente los contenidos programáticos y legislativos para el cambio social real, en un mundo cambiante y distinto, con nuevos problemas y desafíos.
Desde mi punto de vista, tres debieran ser los grandes objetivos estratégicos para la transformación real y la profundización del concepto de Estado Social en la España del siglo XXI. En primer lugar, impulsar y proteger los valores y principios democráticos recogidos en nuestra Constitución. Un segundo bloque sería la aplicación de políticas para garantizar el cumplimiento efectivo (cuestión de la financiación) de los contenidos del Estado del Bienestar (objetivos programático-constitucionales del Estado Social). Y por último, el diseño de estrategias decididas para la defensa del medio ambiente, atendiendo a la exigencia clara proclamada en el artículo 45 del texto constitucional.
En el diagnóstico de la situación general, debemos partir de la persistencia de una realidad patente de graves desequilibrios sociales y económicos. Al respecto, los ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de expresar nuestra opinión sobre las causas de dichos desequilibrios mundiales con claros efectos a nivel local. Debemos pasar de ser destinatarios pasivos de información sobre lo que sucede a nuestro alrededor, a ser sujetos activos de democracia. Debemos transformar radicalmente el ejercicio actual de la democracia representativa, exigiendo el protagonismo del ciudadano como sujeto central del sistema democrático.
Desde mi punto de vista, todos tenemos la responsabilidad de construir democracias más avanzadas en contenidos sociales, con más calidad en el ejercicio de derechos y en el cumplimiento de las obligaciones de interés general. En definitiva, para que surja una ciudadanía más activa, exigente y comprometida con la democracia, con las nuevas obligaciones colectivas como sin duda es el empeño en eliminar los desequilibrios sociales, económicos, medioambientales y culturales que socavan directamente al sistema democrático, y a la propia esencia del ser humano.
Todos esos planteamientos se integran en esos tres grandes objetivos estratégicos a los que aludía al inicio de esta reflexión, valores democráticos, políticas de bienestar y defensa de un modelo de desarrollo económico respetuoso con el medio ambiente. Y que se concretarían en otros objetivos más concretos, como elementos en torno a los que deberían articularse las propuestas políticas y legislativas para la articulación de procesos de avance y profundización del concepto de Estado Social.
Entre ellos se encontrarían líneas de actuación públicas como el impulso decidido a la formación y cultura de la ciudadanía para hacerla más crítica y comprometida (la nueva asignatura Educación para la Ciudadanía es un extraordinario punto de partida), la acción permanente en la extensión de los valores democráticos, actuaciones públicas firmes para hacer efectiva la estricta igualdad entre la mujer y el hombre, políticas locales y autonómicas de tolerancia cero con la especulación urbanística y otros atentados a los valores naturales del territorio, la negación de la guerra como instrumento de política exterior, o la apuesta por modelos de servicios públicos extensivos en prestaciones, propios de un auténtico Estado del Bienestar, definido en nuestra actual Constitución como Estado Social.
Ángel B. Gómez Puerto es Abogado y está Doctorado en Derecho Público por el Área de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba.