Una pintura mural para denunciar la desaparición forzada cómo estrategia del Terrorismo de Estado en Colombia fue tachada, y sus autores señalados de «terroristas»: «A menos de tres semanas de elaboración de esta expresión crítica, libre y decidida, recibimos respuesta violenta de quienes justifican estos crímenes de Estado y legitiman la impunidad de los hechos, […]
Una pintura mural para denunciar la desaparición forzada cómo estrategia del Terrorismo de Estado en Colombia fue tachada, y sus autores señalados de «terroristas»:
«A menos de tres semanas de elaboración de esta expresión crítica, libre y decidida, recibimos respuesta violenta de quienes justifican estos crímenes de Estado y legitiman la impunidad de los hechos, señalando y estigmatizando a las víctimas para invalidar las luchas políticas y los procesos de reconstrucción de memoria, verdad y justicia. El mural amaneció rayado con la palabra «terroristas»; los rostros tachados con el mensaje de «prohibido», prohibido recordar, prohibido pensar, prohibido actuar…»
Hay que saber que en Colombia el crimen de Estado de la desaparición forzada perpetrado por la fuerza pública y la herramienta paramilitar ha rebasado las dramáticas cifras de la dictadura argentina: sólo en los últimos 3 años el Terrorismo de Estado ha desaparecido a 38.255 personas (informe Medicina Legal). Se estiman en más de 250.000 las personas desaparecidas en los últimos 20 años. La desaparición forzada es un crimen de Estado que acalla al desaparecido a la vez que inyecta terror en los sobrevivientes: persigue la parálisis de la reivindicación social.
En enero 2011 la Fiscalía publicó un informe (1) en el que revela tener documentados 173.183 asesinatos, 1.597 masacres, 34.467 desapariciones forzadas, y al menos 74.990 desplazamientos forzados, crímenes cometidos entre junio de 2005 y el 31 de diciembre de 2010 por el paramilitarismo; una herramienta de terror financiada y coordinada por el latifundio, multinacionales y estado colombiano, que cumple la función de eliminar la reivindicación social, y desplazar poblaciones de manera masiva. La herramienta paramilitar cumple un rol clave dentro de la doctrina del «enemigo interno» que toma a la población civil como objetivo militar, y cuya estrategia es lograr la parálisis social mediante el terror. Dicha doctrina y las estrategias del terror están preconizadas en manuales militares y en lineamientos impartidos en escuelas castrenses estadounidenses. Los propios jefes paramilitares denuncian que «El paramilitarismo de estado sigue vigente».
La desaparición forzada está tipificada por Naciones Unidas como un Crimen de Lesa Humanidad. Un crimen que se incrementa en Colombia. Recordamos a una de las últimas víctimas (cuya desaparición ha sido denunciada): Sandra Viviana Cuellar, desaparecida el 17 de febrero 2011. Cómo lo expresan seis diputados europeos en una misiva al presidente Juan Manuel Santos: «La historia de los últimos 20 años de Colombia confirma que miembros de los cuerpos de seguridad del Estado han estado involucrados de alguna u otra forma en la mayoría de casos similares a la desaparición forzada de Sandra Viviana Cuellar Gallego, ya sea cometiéndolos directamente, o tolerando que sean llevados a cabo por grupos paramilitares» (2).
Esta es la carta y comunicado del grupo de artistas «Gente con Memoria» y de Hijos e Hijas por la Memoria y Contra la Impunidad en Colombia:
Hace un mes, en Bogotá, realizamos un mural de memoria a los militantes de la Unión Patriótica: Miguel Díaz y Faustino López -detenidos desaparecidos por el DAS y paramilitares del MAS – y Jaime Pardo Leal -asesinado por grupos paramilitares- . Este mural fue tachado y los militantes señalados como «terroristas».(ver foto y comunicado adjunto). Los invitamos a difundir y adherir la denuncia que luego será enviada a las autoridades colombianas. Las firmas pueden ser enviadas al correo: hijxscolombiamx@gmail.
Comunicado
Gente con memoria: reacciona y persiste
5 de septiembre de 1984, Miguel Ángel Díaz (restaurador, líder sindical y miembro del Partido Comunista) y Faustino López (líder campesino y miembro del Partido Comunista), son desaparecidos en Puerto Boyacá en un operativo conjunto del DAS, fuerzas militares y paramilitares del MAS comandadas por Pablo Guarín Vera. 11 de octubre de 1987, Jaime Pardo Leal (miembro del Partido Comunista y presidente de la Unión Patriótica) es asesinado por paramilitares en la Mesa, Cundinamarca.
Enero de 2011, un grupo de jóvenes decidimos realizar una acción de digna memoria en el centro de Bogotá para romper el silencio y la impunidad frente al genocidio de la Unión Patriótica y la desaparición forzada como estrategia de represión de Estado. Mediante el arte y la apropiación del espacio público, construimos colectivamente un mural en una de las calles más transitadas de la ciudad (Calle 19 con 8va). Mediante la alegría y el color, hicimos presentes los rostros de nuestros compañeros y padres, así como la esperanza y vigencia de sus luchas y las de todas las personas y organizaciones que han apostado por la transformación de un mundo donde quepan muchos mundos.
Febrero de 2011, a no menos de tres semanas de elaboración de esta expresión crítica, libre y decidida, recibimos respuesta violenta de quienes justifican estos crímenes de Estado y legitiman la impunidad de los hechos, señalando y estigmatizando a las víctimas para invalidar las luchas políticas y los procesos de reconstrucción de memoria, verdad y justicia. El mural amaneció rayado con la palabra «terroristas»; los rostros tachados con el mensaje de «prohibido», prohibido recordar, prohibido pensar, prohibido actuar; y además, una variación de la cruz celta, símbolo usado por grupos fascistas, anticomunistas y de ultraderecha.
El mural que construimos no es la primera expresión de dignificación de las víctimas de crímenes de Estado, pues por muchos años hemos persistido, resistido y con creatividad impulsado nuestras luchas por la memoria. Pero tampoco esta acción violenta es un hecho aislado. Otras iniciativas como el Monumento a las Víctimas de la masacre cometida por paramilitares en San Onofre y a la memoria de Manuel Cepeda (Senador de la UP asesinado en un operativo conjunto de las Fuerzas Militares y paramilitares); así como los murales a Nicolás David Neira (asesinado brutalmente por el ESMAD) y Jaime Garzón (asesinado por sicarios que actuaron a ordenes del DAS) en Bogotá, han sido agraviados y violentados.
Paradójicamente, monumentos a victimarios permanecen intactos en el espacio público, frente a nuestras casas y en nuestras plazas, como el busto del líder paramilitar Pablo Emilio Guarín en Puerto Boyacá, uno de los responsables de la desaparición forzada de Miguel Ángel Díaz y Faustino López, y del fortalecimiento y expansión del modelo paramilitar en Colombia.
Sin duda esta acción violenta es muestra de la inexistencia de las garantías para la expresión libre y crítica en Colombia; de las representaciones sociales construidas desde los discursos institucionales y de ultraderecha, que invalidan las propuestas disidentes y polarizan y simplifican la realidad; de la mera formalidad de los discursos legales sobre verdad y justicia que no se reflejan en los ámbitos cotidianos, ni en el espacio público en donde caminamos la palabra; de la ilusión de quienes hablan del post-conflicto en un país en donde la represión de Estado es pan de cada de día, violando el derecho a la verdad que como personas y sociedad tenemos.
Este mural es suyo y nuestro, lo construimos en la ciudad donde transitamos todos y todas, dignificando nuestra historia común para ver el pasado de frente y transformar el futuro. Por esto, la respuesta violenta que hemos recibido nos debe interpelar como sociedad, nos debe llamar a defender el derecho a la memoria y los espacios en donde se exprese, sin que ésta se limite a la creación de monumentos y placas, pues la memoria sólo cobra sentido si logramos romper la lógica sistemática del terror de Estado y su legitimación social.
Convocamos a todas las personas, organizaciones, medios de comunicación, comunidad internacional e instituciones, a suscribir este comunicado como un acto simbólico de condena a todos estos agravios que intentan imponer versiones del pasado que garantizan la impunidad y justifican los crímenes de Estado. También como un acto que contribuya a la construcción de la democracia en donde los derechos a la memoria, la verdad y la justicia son un imperativo.
Gente con memoria … reaccionemos!
Hijos e Hijas por la Memoria y Contra la Impunidad en Colombia, capítulo México
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NOTAS del texto:
(1) Informe Fiscalía, enero 2011 : 173.183 asesinatos; 1.597 masacres; 34.467 desapariciones forzadas, y al menos 74.990 desplazamientos forzados, cometidos entre 2005 y el 31 de diciembre 2010 por el paramilitarismo: http://www.
(2) Eurodiputados envían una carta al presidente Santos por la desaparición de la ambientalista Sandra Viviana Cuellar: http://www.rebelion.org/