Promesas de reparación para el ´caso Quesada´

A raíz de un reportaje publicado el año pasado en este periódico que destapaba el caso, la familia del joven asesinado en la Universidad lagunera se enteró de que tal y como sigue redactada la mencionada Ley, quedaría fuera por sólo 77 días. El tope se fijó el 6 de octubre del 77 y Quesada cayó por un disparo de un guardia civil el 12 de diciembre, en plena Transición.

El único partido canario que planteó una enmienda fue Nueva Canarias, a través de su diputado nacional Román Rodríguez. La enmienda fue elevada en el Congreso cuando, según fuentes del Ministerio de Justicia, lo mejor habría sido en el Senado. A pesar de que el Ayuntamiento de La Laguna y el Cabildo de Tenerife aprobaron dos mociones este año para homenajear al estudiante con motivo, el próximo día 12, del 30 aniversario de su muerte, ningún otro grupo, institución o colectivo canario planteó enmiendas para evitar que el asesinato se quedara fuera del marco legal.

Julio Pérez, que ya ejercía con 27 años como abogado en Santa Cruz cuando ocurrió el asesinato, conoció la situación por un magistrado del Tribunal Supremo. Hace un mes y medio se reunió con la familia del joven estudiante. «La familia ha querido llevar el asunto en la más absoluta intimidad y sin polémicas. Sólo querían saber qué podía hacerse para que el caso no quedara fuera de las medidas de reparación. Insistieron en que las indemnizaciones eran lo de menos; desean saber la verdad», confirmaron fuentes de la Secretaría de Estado de Justicia.

Las soluciones se atisban tan tarde, a las puertas del último trámite en el Senado para la aprobación definitiva de la Ley, porque según estas fuentes «los equilibrios parlamentarios de su desarrollo han sido delicadísimos». «Era arriesgado cambiar una sola coma a la altura que estamos de la legislatura pues la Ley podía peligrar», añadieron. Ni siquiera Izquierda Unida tuvo en cuenta el caso del joven grancanario, cuando sí lo hizo con otro, José Manuel García Caparrós, abatido en Málaga el 4 de diciembre de 1977. IU acababa de presentar una enmienda para llevar el tope de la Ley al 6 de diciembre, incluyendo a Caparrós pero dejando fuera a Quesada por 6 días. Ha sido el grupo parlamentario socialista el que ha pedido que la fecha se lleve al 15 de diciembre.

El caso de García Caparrós protagonizó curiosamente, junto con el asesinato de Fernández Quesada, una de las primeras comisiones de investigación de la democracia. No sirvió para nada en ambos; nadie fue juzgado ni acusado pese a los numerosos testimonios que detallaron los asesinatos. De hecho, en el caso del grancanario, la versión oficial fue que el estudiante se topó con una bala en medio de la confusión, cuando los informes reseñaron que el disparo se produjo a escasa distancia y que la carga de la Guardia Civil fue totalmente desmedida e inexplicable.

Ni siquiera Coalición Canaria se interesó por el asunto en Madrid. Su portavoz en el Congreso, Ana Oramas, votó a favor de la Ley pero sin acordarse del estudiante, pese a que su fallecimiento se produjo en la ciudad de la que es alcaldesa, La Laguna. El otro diputado de CC se abstuvo. Luis Mardones ya había adelantado que lo iba a hacer por razones personales. Él era curiosamente gobernador civil de la provincia cuando Javier cayó abatido en la puerta de la Universidad de Aguere.